No sólo Canal 9 debe ser cerrado, también, de inmediato, todas las televisiones y radios autonómicas. Es cuestión de supervivencia para la sociedad española puesto que son insostenibles, auténticos agujeros negros de lo que no son otra cosa que juguetes en manos de los políticos y aparatos de propaganda partidaria sufragados por el expoliado contribuyente. La decisión del ultragris Alberto Fabra sería elogiable si hubiera tenido otra opción y si el cierre no fuera el final lógico del desastre de gestión pepero y de la corrupción irrestricta que el PP ha ejercido en y a propósito de Canal 9.

Como una especie de broma macabra, en estos días Canal 9 ha disparado sus audiencias siendo lo que nunca ha sido: una televisión crítica. Los españoles, y especialmente los valencianos, han tenido la oportunidad de ver lo que es un debate de verdad y no las farsas que se les llevan suministrando en vena durante cuatro décadas. A pesar de que la rebelión asamblearia de los trabajadores de Canal 9 se hace en defensa del “servicio público”, de “una televisión pública de calidad” (no se han atrevido a decir gratuita, porque los datos son demenciales), lo cierto es que han hecho autocrítica en el sentido de que Canal 9 nunca ha sido nada parecido o que pueda asemejarse a algún significado comprendido en el concepto confuso de “servicio público”.

Por ejemplo, han pedido perdón de manera muy gráfica y sentida por haber ocultado toda la información referente al accidente del Metro de Valencia que costó la friolera de 43 vidas y han denunciado que eso fue una orden llegada desde la presidencia de la Generalitat.

En realidad, todo en Canal 9 se movía al dictado de presidencia de la Generalitat y del portavoz del Consell, incluso el orden de las noticias y los minutajes, cuestión que obsesionaba a Eduardo Zaplana, y casi la única cuestión en la que le siguió fielmente Francisco Camps. De hecho, los directores generales de Canal 9 pasaban antes por la jefatura de prensa de la Generalitat. Como es el caso de Genoveva Reig, exjefa de prensa del Ayuntamiento de Benidorm, exjefa de prensa de la Generalitat y una persona con muy pocos conocimientos pero con los suficientes para imponer que Zaplana abriera siempre el informativo. Genoveva Reig está imputada en el caso Brugal en torno al grave escándalo que rodea a Canal 37. Luego vino Pedro García, también jefe de prensa de Zaplana y que se pasó con armas y bagajes a Camps y que también está imputado en el caso Gürtel por meter la mano hasta el fondo de la caja con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia.

Porque esa es una de las cuestiones más indignantes: Canal 9 ha sido un antro de corrupción pepera y si se abren en canal las cuentas la mierda va a desbordar el canal viejo y el nuevo del Turia y de todos los contaminados ríos del Reino de Valencia. Lo que puede ser la escena final de esta tragedia, de una televisión que nunca debió existir, como nunca debieron existir ni la Generalitat valenciana ni las Cortes valencianas, se ha desencadenado por una sentencia judicial que ha echado abajo el ERE perpetrado a hachazos de amiguismo. Se trata de una sentencia justa y bien argumentada, porque el ERE consistió básicamente en que los 800 cargos que tienen contrato blindado despidieron a los demás sin ningún criterio de eficacia empresarial o de utilidad laboral, de forma que, al poco, se vio que, aunque en Canal 9 nunca se ha trabajado mucho, pues se funcionaba con status funcionarial y por amiguismo político, los que no pegaban un palo al agua eran esos 800 del blindaje, de modo que, so capa de externalización, se contrató de nuevo a bastantes de los despedidos.

La cifra merece ser retenida: ¡800 blindajes, 800 cargos con blindaje! Que hubiera uno sólo ya sería un escándalo y un despropósiton que se da de patadas con eso tan retórico y tan falso del “servicio público”, pero son la friolera de 800. Esa es la plantilla de Intereconomía antes de los sucesivos EREs y se acerca a la de Antena 3. Repito: 800 contratos blindados de un total de 1.700 trabajadores, una plantilla descomunal, mayor que la de Antena 3 y Tele 5 juntas. Si se hacen públicos los niveles de retribución de esos cargos blindados y las condiciones de sus blindajes va a ser muy ilustrativo y muy depurador. Estamos ante la primera buena noticia desde hace cuarenta años y la primera gran fisura en el entramado de control mediático de la casta (la segunda, es la caída de Intereconomía con el neoesclavista pepero Julio Ariza y la tercera será la del chiringuito de Losantos).

¿Cómo se ha llegado a este despropósito? La historia es sencilla: Canal 9 nunca debió existir, pero la casta precisaba un aparato de propaganda pagado por la sangre, el sudor y las lágrimas del contribuyente y el monstruo fue puesto en marcha por los socialistas, por Joan Lerma y Ciprià Ciscar. La excusa fue la lengua, de forma que, aunque para tener audiencia las películas son en castellano y los partidos se retransmiten también en castellano, los castellano-parlantes de la Comunidad Valenciana, que, por cierto, son amplia mayoría, siempre han tenido vedado trabajar en Canal 9. Lerma y Ciscar (Ciprià, no confundir con su hermana Consuelo, primero del PSOE y luego del PP, esposa del chorizo Rafael Blasco) llenaron Canal 9 de socialistas con carnet del PSOE en la boca. Cuando ganó el PP, el frívolo irresponsable Eduardo Zaplana lo que hizo fue, dejando a todos los socialistas, meter a todos los del PP. Cuando Francisco Camps traicionó a Zaplana, dejó a todos los socialistas y a todos los zaplanistas y metió a todos los campsistas. Así se ha llegado a esa cifra demencial de 1.700 trabajadores, cuyo despido ahora costaría 228
millones de euros durante varios años.

Pero es que la nómina de Canal 9 representa 184 millones de euros mensuales y la deuda se eleva a 1.400 millones de euros; que no es una deuda, es un agujero negro. Son cifras que no sólo se salen de cualquier lógica empresarial, también de cualquier mínimo buen gobierno de algo estatal, con todos sus defectos. Es demencial en sentido literal y eso indica que la televisión y la Generalitat han sido gobernadas por auténticos dementes, aunque no tanto porque ellos se lo han llevado crudo y han cobrado sueldos elevados, a costa del eslabón débil: el contribuyente. Han gestionado “bien”, mirando a sus intereses y depredando sin límites.

En Canal 9, se han hecho “negocios” tan peculiares como comprar los derechos del fútbol, que ya emitían cadenas privadas, por 400 millones, para ser revendidos a otra empresa privada por 220 millones, de forma que en el camino se perdieron 180 millones que con los niveles de latrocinio de esta casta de ladrones ya hasta parece una minucia. Periodistas peperos como Carlos Dávila, Isabel Durán, Antonio Martín Beaumont o Alfonso Rojo han hecho sus agostos con programas y tertulias para apoyar al poder y llenar la faltriquera. Todo ha sido un despropósito sin otro fin que el enriquecimiento personal y el empobrecimiento de los contribuyentes.

No descarto que el final de esta tragedia puede tener imprevistos porque se está, desde ámbitos peperos, calentando el ambiente para que Francisco Camps y la legión de imputados del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas den la puntilla al ultragris Alberto Fabra votando en contra del cierre cuando se presente al trámite parlamentario, y quitárselo de esa manera de encima. Sería una irresponsabilidad que entra dentro de lleno de la estricta pesadilla.

El ultragris Alberto Fabra merecería un claro elogio si la decisión hubiera tenido alternativa y no hubiera devenido obligada por las circunstancias. La Generalitat valenciana ha evaluado que mantener Canal 9 obligaría a cerrar 57 colegios o 60 centros de salud.

La izquierda, que ha tomado los platós de Canal 9 en la etapa de vacío de poder y rebelión, se ha despeñado por la senda de la irresponsabilidad y de la mentira. Por supuesto, toda la responsabilidad de la situación recae en el PP que lleva gobernando 16 años en la Comunidad Valenciana y que ha disparado la deuda año tras
año, sin que sirviera ninguna medida correctora, que nunca pasó de la retórica. Pero la izquierda ha asumido la defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores, lo cual es una falsedad completa porque trabajador viene de trabajar y allí no trabajaba nadie, eran lacayos de los políticos: conmilitones, amigos, familiares, amantes y chaperos. Defender a 800 con contrato blindado no es de justicia sino de alucinación.

Más allá, la izquierda, toda la izquierda, PSOE, Izquierda Unida y los pancatalanistas de Compromis, están mintiendo, en Canal 9 como en todo, afirmando de manera histriónica que la televisión autonómica es sostenible, que hay que mantenerla porque está en el Estatuto de autonomía, por la lengua y porque es un aparato de propaganda que les gustaría heredar. Toma, y al PP mantenerlo, sólo que no puede. Como tampoco podría la izquierda, que ha llegado a hablar de “golpe de Estado”. La izquierda no ha aprendido de ninguno de sus errores y horrores, sino que ha empeorado; en la farsa de presentarse como magos capaces de conseguir lo imposible y de mantener todo el andamiaje del despilfarro, muestran que son núcleo del problema y en ningún caso, solución, ni una brizna.

En sentido propio, Canal 9 no es más que la punta del iceberg. Porque Canal 9 no es sostenible, pero es que tampoco lo es el Estado autonómico, cáncer de España, causa de todos nuestros males; coto y cortijo de la casta parasitaria depredadora, con sus cortesanos.

Canal 9 ha tenido un par de días de programación crítica interesante. Demasiado poco para tanto dinero dilapidado. Lo dicho: Nunca debió existir. Y lo que hay cerrar es la Generalitat valenciana.