El objetivo principal de la ideológica, socialista y manipuladora “Ley de la memoria histórica” era construir una “verdad oficial” a la que todos deberían rendir pleitesía. Intelectualmente debería haberse producido una contestación general a la pretensión de una parte sectaria de la clase política de imponer a una serie de temas, que deben ser objeto de investigación científica, que ya sólo deberían ser historia, unas conclusiones a priori a las que adaptar cualquier tipo de trabajo; pero para acallar la siempre dúctil conciencia estaba el ambicioso programa de subvenciones con las que sufragar los estudios más nimios que vinieran a secundar los objetivos de la ley. Así nos encontramos con la discriminación que supone abordar cualquier tipo de estudios referidos al período de la II República, la guerra y el régimen de Franco: si se hace en consonancia con la “memoria histórica” de la izquierda se obtiene una cuantiosa subvención, si no se está en consonancia el trabajo lo tiene que sufragar el investigador de su bolsillo. Y al igual que hace unos años para progresar en determinados ambientes se tenía que rendir pleitesía a las tesis prehechas del desprestigiado Tuñón de Lara hoy, para progresar curricularmente, se tienen que loar las falsedades de la “memoria histórica”.

La ley de la “memoria histórica” tiene su antecedente en la condena parlamentaria al mal denominado “golpe” de julio de 1936. Condena a la nada, porque el 18 de julio no fue, en realidad, un golpe de Estado o un golpe militar. Precisemos, lo fue en su concepción pero no en su realidad en desarrollo. Es más, si hubiera sido sólo eso, un golpe militar, los republicanos lo hubieran aplastado en pocos días. Dejémoslo claro, el 18 de julio de 1936, y el 19, y el 20 y el 21, lo que se produjo fue una auténtica sublevación popular; sin esa aportación traducida en decenas de miles de voluntarios para la lucha, con una movilización en retaguardia de cientos de miles, insisto, el “golpe militar” hubiera sido vencido. Ahora bien, ese carácter popular, destruye el mito de la izquierda, también grato ahora al centro-derecha, del enfrentamiento entre el siempre temible y dictatorial ejército y un pueblo desarmado que lucha heroicamente en defensa de la libertad y la democracia.

Ya lo alumbraba la condena parlamentaria y lo confirma la “ley de la memoria histórica”. Dice esta nueva verdad oficial: en julio de 1936 se produjo un golpe militar o fascista, según los gustos, contra la democracia, algo que curiosamente admiten como cierto en muchas tertulias diputados populares cuando se les plantea este tema. Pero, ¿en 1936 existía la democracia en España?

Confundir la democracia con la II República e incluso identificar la forma de gobierno republicana con la II República es un error y una falsificación de la realidad. Dejémoslo claro: la II República intentó ser en sus inicios una democracia excluyente. En la mentalidad de los republicanos el régimen era concebido de forma patrimonial, de tal modo que sólo los partidos republicanos y los de izquierda tenían derecho a detentar el poder y todos los demás eran considerados antirrepublicanos y por tanto debía negárseles la legitimidad para gobernar, independientemente del resultado de las urnas.

La II República dejó de ser, en su desarrollo, una democracia: mantuvo, por ejemplo, un régimen de censura de prensa y cuando quiso se permitió cerrar periódicos fundamentalmente derechistas, lo que resulta incompatible con la democracia; proscribió la libertad de educación, prohibiendo los colegios religiosos; persiguió a los católicos… y discriminó a los españoles en función de sus creencias… Pero, además, una parte importante de los que trajeron la República, formada por la mayor parte del PSOE y los anarquistas -porque los comunistas eran muy pocos hasta 1936-, siempre consideraron la República, o mejor dicho la democracia liberal, como un estadio hacia la revolución. Reiterémoslo, el objetivo político de los anarquistas, del PCE, de la inmensa mayoría del PSOE (el sector socialdemócrata era ínfimo y despreciado), del POUM, era hacer la revolución, poner fin a la democracia e instalar el comunismo libertario o la dictadura del proletariado. Pero la izquierda lleva cincuenta años intentando borrar que entonces su objetivo era derribar la democracia y para ello cuenta con la inestimable ayuda de la cobardía moral del centroderecha hispano, de los periodistas paniaguados y de la censura ejercida contra quienes sostienen tesis distintas. Y la izquierda continua dictando la “memoria” sin renunciar a exaltar el valor de la revolución, evitando siempre cualquier condena a sus desmanes y a su intento real de destruir la democracia. En esta línea, resulta curioso que se reconozca como válido y se legitime el “derecho a la revolución” -la izquierda nunca considera violencia su violencia-, pero al mismo tiempo se condene el derecho de los demás a defenderse de dicha agresión.

La realidad es que la democracia había dejado de existir en España en julio de 1936. De hecho se estaba viviendo en una pendiente hacia la revolución caracterizada por la subversión del orden constitucional a través de los recovecos de la ley, el Estado de derecho había dejado de existir. Pero es más, es que días antes de la sublevación, la izquierda, a través de sus milicias, con participación de miembros de la escolta armada miliciana de Indalecio Prieto, que había actuado en Cuenca como agentes de orden con tolerancia del gobierno civil, había pretendido asesinar a los principales dirigentes de la oposición: José María Gil Robles, José Calvo Sotelo… pero sólo encontraron al diputado monárquico.

La democracia dejó de existir como ficción formal el 18 de julio de 1936 en la zona controlada por el gobierno, por lo que no cabe hablar de lucha entre demócratas y no demócratas. Aunque hoy se oculte, y sobre todo lo borre de la memoria el centroderecha político español que prefiere alinearse con sus adversarios, esa sublevación cívico-militar, y pongo delante el cívico a conciencia, tuvo el apoyo político de los partidos políticos de esa tendencia a través de sus principales dirigentes: José María Gil Robles, líder de la CEDA, con mucha distancia el equivalente al PP, junto con numerosos diputados apoyaron la sublevación; igualmente lo hizo Alejandro Lerroux, líder del partido radical, que podría representar en términos actuales a los republicanos de derechas; miembros de la Lliga, que sería el equivalente a parte de lo que hoy es CiU… Pero no se trata sólo de declaraciones políticas, es que la España que sociológicamente dio apoyo a esos partidos formó entre los sublevados aportando, tal y como indicaba, miles de voluntarios constituyendo la base del Ejército Nacional, lo que José María Gil Robles denominó “el pueblo del movimiento”. De hecho hubo más voluntarios en las filas nacionales que en las republicanas. El problema es que el actual centroderecha quiere borrar lo que considera un baldón y un “pecado original”, presa de ese miedo cerebral que tiene ante la pretendida superioridad democrática de la izquierda. Por ello admite la “memoria histórica” y escupe sobre el sacrificio de decenas de miles de los que hubieran sido sus votantes. Ellos son la más clara traducción práctica del celebérrimo “París bien vale una misa” que iniciara José María Aznar cuando cantó las bondades de Manuel Azaña situándolo como uno de sus modelos políticos e intelectuales.

No basta sin embargo el anterior razonamiento para explicar lo que fue el 18 de julio. Una interpretación somera, con escasa profundidad, subrayaría las negaciones que dieron ese aliento popular para luchar contra la II República, que no contra la república como forma de gobierno. Pero el 18 de julio tuvo en su desarrollo una carga propositiva. Los que lucharon lo hicieron también por crear una nueva España capaz de superar la crisis nacional y poner coto a las injusticias sociales que caracterizaban la España vieja. La idea de restaurar la nación y alumbrar un Nuevo Estado que proscribiera de una vez por todas las razones para la revolución.

*Catedrático de Historia y portavoz de Alternativa Española (AES)