Artur Mas durante su visita a Moscú

Las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas pueden salir muy caras, especialmente para una región como Cataluña en la que han proliferado como en ningún otro lugar. La prueba de ello se halla en el hecho de que, de los 10.779 millones de euros de endeudamiento que ese tipo de organismos acumuló en el último trimestre de 2012, prácticamente la mitad, es decir, 5.351 millones, correspondieron a las sociedades mercantiles dependientes de la Generalitat, de acuerdo con los datos del Banco de España.

No sorprende que anduvieran tan necesitadas de financiación si se tiene en cuenta que no sólo son muchas, sino además variadas: desde la televisión autonómica (TV3), hasta albergues juveniles, pasando por desalinizadoras (el método favorito del que fuera molt honorable José Montilla para luchar contra la sequía) e incluso una estación de esquí en Girona.

Como resultado, Cataluña logra sobresalir aun cuando no haya habido una sola comunidad autónoma que, en los todavía recientes tiempos de bonanza, se haya resistido a complicar su propia estructura administrativa y endeudarse lo que hiciera falta para ello. Así, en una región con parecido nivel de desarrollo económico como Madrid, el pasivo de sus empresas públicas no superó los 1.645 millones de euros el año pasado o, expresado en términos relativos, el 15,2% del total nacional.

Tampoco se aproxima Andalucía, la comunidad autónoma con más población de España, gobernada por una Junta que durante décadas también ha sido propensa a apoyarse en este tipo de organismos satélite, y los 719 millones (el 6,63% del total) que el Banco de España pone en el debe de sus empresas públicas parecen modestos en comparación con los estándares catalanes.

Una tarea de años

Pero llegar a estos extremos no ha resultado fácil; es el colofón de una tarea de años, ya que el endeudamiento de este tipo de organismos catalanes empezó a perfilar su trayectoria ascendente ya en el año 2000, hasta llegar a julio de 2012 cuando en el sector público catalán operaban 437 entidades públicas propias, según el recuento del Ministerio de Hacienda.

Ahora bien, en todo ese tiempo, el mayor impulso se lo propinaron los Gobiernos derivados del llamado pacto tripartito, del que formaron parte PSC, ERC e ICV.

Fue en 2003 cuando quedó sellado por las tres formaciones citadas el Pacto del Tinell, por el que Pasqual Maragall accedió a la Presidencia catalana. El endeudamiento de las empresas públicas catalanas cerró ese ejercicio en 2.613 millones de euros, cuando tres años antes no llegaba a 1.000 millones.

En 2006, cuando se reeditó el acuerdo a tres bandas, y José Montilla accedió al palacio de la Plaza Sant Jaume, el pasivo ya se encontraba en 3.274 millones de euros. Durante el mandato del exministro socialista de Industria se pusieron las bases para que la necesidad de financiación de las empresas satélite de la Generalitat alcanzara, en el primer trimestre de 2011, su culmen: 6.814 millones de euros.

Desde entonces, ha ido descendiendo con lentitud, hasta el punto de que no perforó el suelo de los 6.000 millones hasta el cuarto trimestre del año pasado. La rebaja, con todo, no impidió que Cataluña continuara siendo, de largo, la comunidad autónoma con las empresas públicas más endeudadas de España a finales del año pasado.

Constituirá una tarea muy difícil poner coto a un pasivo que creció más de un 80 por ciento, en plenas turbulencias económico-financieras, entre 2007 y el último trimestre de 2012.

Instrumentos muy útiles

Ése fue el precio que la Generalitat estuvo dispuesta a pagar por echar mano de un recurso, la creación de sociedades mercantiles, muy atractivo para camuflar gastos, en la medida en que sus desembolsos no computan oficialmente como déficit de las Administraciones autonómicas, tal y como viene denunciando la Comisión Europea desde hace años. Es más, también resultan muy útiles para encontrar acomodo a personas cercanas.

Así lo ratificaron algunos integrantes de la comisión de expertos creada en 2010 por Montilla, con objeto de que le asesoraran sobre cómo llevar a cabo unos recortes que para entonces, cuando la crisis coceaba con cada vez más fuerza, era claro que no se podían soslayar.

De acuerdo con uno de aquellos expertos, más que de empresas públicas, debía hablarse en no pocos casos de “negocios creados para colocar a gente” afín a los partidos que se encontraban ejerciendo el poder. La esposa del por entonces presidente socialista de la Generalitat llegó a acumular hasta 14 cargos gracias en parte a su participación en este tipo de sociedades.