Mariano Rajoy, pese a sus llamamientos conciliadores, da por descontado que no habrá consenso entre las comunidades sobre los objetivos de déficit e impondrá la fórmula de los techos asimétricos en cada territorio. El jefe del Ejecutivo, no obstante, hará un último intento y convocará a todos los barones del PP antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se convocará en junio o julio a lo más tardar.

La fórmula es la que defiende el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para dar un respiro a los ajustes en la Comundad de Valencia, además de autonomías del PP como Murcia o Baleares. En ese barco navegan Cataluña y Andalucía.

Hacienda trabaja a toda marcha para buscar una fórmula de déficit que contente a todas las comunidades, pero los expertos del ministerio han llegado a la conclusión de que en la situación actual no se puede satisfacer a todas. El Gobierno, por tanto, hará valer su última palabra cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera aunque ello suponga contrariar a la mayoría de los gobernantes del PP.

En La Moncloa insisten en que la asimetría no supone una discriminación y recuerdan que España es una de las beneficiadas con la relajación de su déficit en la Unión Europea. Argumentan además que esta decisión no busca suavizar el pulso que mantiene con el Gobierno de Artur Mas por su proyecto soberanista, pero lo cierto es que Cataluña sería la comunidad más beneficiada con la receta de los déficit a la carta. Un informe de Hacienda establece que si la Generalitat tiene que cumplir con el 0,7% de déficit tiene que hacer un ajuste de 6.168 millones de euros, 1.600 más de los 4.500 millones que calcula el propio Ejecutivo catalán. Un recorte de ese tamaño arrasaría los sistemas públicos de educación y sanidad en ese territorio.

En cambio, un déficit del 2,1%, que es el mínimo que reclama el Ejecutivo de Mas, supondría un ajuste de entre 1.700 y 1.800 millones, que aún sería el mayor de todas las autonomías, pero en línea con los recortes de 2.000 millones practicados en 2011 y 2012.

El Gobierno de Fabra ya realizó un ajuste en los presupuestos del año pasado de cerca de 2.000 millones de euros, recordó el número dos del PP en la Comunitat, Serafín Castellano, quien reiteró que el jefe del Consell es el primero de los que ha solicitado el déficit asimétrico, «teniendo en cuenta el punto de partida», dijo Castellano en referencia a la infrafinanciación que sufre la Comunitat, calculada en unos mil millones de euros anuales. También reclamó la solidaridad del resto de autonomías.

Los razonamientos de Hacienda no convencen a los barones del PP. Si la víspera fueron los gobernantes de Extremadura, Galicia, Madrid, La Rioja y Aragón los que hicieron públicas sus quejas, ayer se sumaron los de Castilla y León y Cantabria.

El portavoz de la Junta castellano-leonesa, José Antonio de Santiago, mostró su malestar con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por reunirse primero con las autoridades catalanas para pactar un techo de déficit superior al de los demás y luego «pedir solidaridad al resto». El Gobierno de Castilla y León, advirtió De Santiago, no permitirá que sus ciudadanos paguen «los delirios independentistas» de Cataluña. «No estamos dispuestos -insistió- a que un ciudadano de Castilla y León tenga que pagar la televisión pública catalana, la policía autonómica o las embajadas catalanas; sería injusto e inadmisible». La consejera de Economía de Cantabria, Cristina Mazas, evitó la retórica anticatalanista, pero insistió en que «no puede ser» que se autoricen números rojos más altos a las comunidades que no cumplieron los objetivos en 2012.

En el Ministerio de Hacienda observan con preocupación la revuelta de los barones del PP. La contestación, dicen fuentes del departamento, pone en evidencia que cada comunidad quiere una fórmula que solo responda a sus intereses. Por ejemplo, Extremadura, que fue la comunidad con mejor comportamiento el año pasado, propone un modelo de premios y castigos para las comunidades que alcanzaron o no las metas de 2012. El departamento de Montoro ya ha dicho que no lo tomará en consideración.

Fuentes de Hacienda avanzaron, de todos modos, algunos criterios inamovibles que se trasladarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera, como que las asimetrías en el déficit se autorizarán este año, pero en ninguno más; y que no se va a permitir a ninguna comunidad tener unos desequilibrios en sus cuentas superiores a los del año pasado. Dos ideas en las que Hacienda ve posible el consenso.

La dirección nacional del PP, por su parte, trató de tranquilizar a los barones rebeldes, dejó claro que no habrá un acuerdo bilateral entre el Gobierno y Cataluña, sino que habrá «diálogo multilateral» y trató de evitar que las autonomías del PP favorables a la asimetría arremetieran contra las del frente común que, según Ignacio González, presidente madrileño, no existe. El encargado de dar el mensaje fue el vicesecretario de Ideas y Programas, Esteban González Pons, y el escenario elegido, la sede del PPCV, donde se reunió con el secretario general, Castellano.

González Pons realizó un llamamiento «a la serenidad, al sentido común y a la responsabilidad» y reclamó en dos ocasiones «que los políticos, sean presidentes de comunidades autónomas o no lo sean, no den espectáculo. Los políticos deben de estar a la altura de los ciudadanos». Afirmó que «aunque no lo parezca» todos los presidentes autonómicos del PP «reman en la misma dirección y al final el acuerdo será justo». Aseguró que el actual es un momento «decisivo», en el que «hay que confiar» en el presidente del Gobierno.

El problema de la revuelta de barones no lo tiene sólo el PP, en el PSOE las posiciones también están divididas entre sus dos únicos gobernantes autonómicos. El andaluz José Antonio Griñán defiende desde hace tiempo la tesis de los déficits asimétricos. Griñán defendió que se deben tener en cuenta variables como la financiación de las comunidades, su endeudamiento y determinar si su déficit obedece a la coyuntura o es estructural. Una tesis que beneficia a la Comunitat. «Si no hacemos esto, el café para todos sería injusto», advirtió el presidente andaluz.

En cambio, el asturiano Javier Fernández es de los que piensa que los números rojos tienen que ser iguales para todos. Una diferencia en la que tiene mucho que ver que el Principado hizo los deberes en 2012 con un déficit del 1,06%, cuando el objetivo era el 1,5, una meta que Andalucía no alcanzó ya que se quedó en 2,04%. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, eludió meterse en ese terreno porque corresponde al Gobierno diseñar «una fórmula objetiva» que conforme a todos, «algo que no es fácil»