Imágenes de las protestas ciudadanas en Argentina pidiendo la expropiación de YPF, la filial de Repsol en el país.

Ben Magec-Ecologistas en Acción ha hecho público este lunes a través de su web un informe en el que se revelan los datos de siete expedientes abiertos contra Repsol en Sudamérica por vulneración de los derechos humanos, daño ambiental y empobrecimiento de las comunidades locales de los países afectados por las explotaciones petrolíferas y gasísticas.

En este informe, redactado por el técnico de Cooperación Internacional J.C. Díaz, se relatan casos de contaminación de acuíferos y de suelos, pérdida de biodiversidad, y en general de vulneración de la normativa medioambiental y de los derechos humanos que está causando el empobrecimiento y el desplazamiento de pueblos en Bolivia, Perú, Argentina, Colombia y Ecuador, aunque aún hay muchos expedientes más abiertos en Suramérica y en muchos otros países por todo el planeta, advierte la federación ecologista.

Ben Magec también denuncia que el Gobierno español, “en lugar de intervenir contra estas atrocidades, está vinculando la marca de transnacionales de éxito como Repsol a las de la marca España para salvar el desprestigio internacional que están suponiendo tanto la crisis como los casos de corrupción que afloran cada día”.

“Por supuesto, Repsol está utilizando esta misma solución como una estrategia de marketing”, apunta la organización ecologista, que considera que el Gobierno “quiere vender que confiar en Repsol es apoyar a España. Defender los intereses de Repsol es defender los intereses de España. Es lo que ocurrió cuando Argentina privatizó YPF: el Gobierno de España y los medios de comunicación a su servicio iniciaron una ofensiva ideológica que pretendía vender éste como un gesto hostil hacia España, no como una medida política y económica favorable a los intereses de las argentinas y los argentinos”.

Por último, señalan que “esta transnacional sigue en Canarias la misma línea de actuación que en Suramérica, basada en la mentira sobre los efectos económicos y ambientales de su actividad, y cómo no, en la corrupción política, condición imprescindible para garantizar el éxito en sus gestiones”.