Que el Gobierno catalán haya decidido extender las tarjetas sanitarias a 110.000 inmigrantes «sin papeles» en un momento de máxima precariedad financiera, es, cuando menos, sorprendente. Especialmente si se tiene en cuenta que las políticas de inmigración de CiU siempre se habían caracterizado por su dureza, pues fueron los nacionalistas quienes defendieron un carné de puntos, que no llegó a aplicarse, según el cual el inmigrante debía sumar méritos para acceder a beneficios sociales.

Pero en esta legislatura, en la que el proyecto soberanista de Artur Mas se ha convertido en una prioridad, CiU ha optado por el adoctrinamiento identitario, exigiendo a los inmigrantes que demuestren el dominio del catalán para lograr el arraigo, y por la concesión de las citadas tarjetas a «sin papeles» que ya tenían garantizada la universalidad de las urgencias, medida por la que la Generalitat dejará de ingresar 78 millones de euros.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico desoye el criterio del Gobierno español, contrario a extender esta cobertura sanitaria, al tiempo que se dota de un posible registro no oficial de posibles votantes de la futura consulta sobre el Estado propio prevista para 2014. Y es que, en previsión de que el Estado prohíba utilizar a la Generalitat el censo electoral para llevar a cabo ese referéndum, el censo sanitario podría ser un excelente indicador, así como un medio para atraer a la comunidad inmigrante hacia la causa independentista de CiU, que le ha proporcionado dicha cobertura.

Pese a la constante presencia mediática del derecho a decidir que defiende Mas, lo cierto es que poco o nada se ha avanzado en la logística de esa consulta, pues ni tan siquiera se sabe qué pregunta se formulará a la ciudadanía, cómo será el redactado final de la ley de consultas catalana o qué tipo de censo se utilizará.

Proyecto inicial

El proyecto inicial contemplaba conceder el voto a «las personas que no están privadas de los derechos políticos, mayores de 18 años y que tienen la condición política de catalanes, de acuerdo con el Estatut, o son ciudadanos o ciudadanas de los estados miembros de la UE diferentes al Estado español o ciudadanos o ciudadanas de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza, y está debidamente inscritas como domiciliadas en el padrón de algún municipio de Cataluña».

Sin embargo, en los actuales trabajos parlamentarios sobre la citada ley, ERC presiona para que se pueda conceder el voto a los mayores de 16 años -consciente de la vocación independentista de las nuevas generaciones catalanas- y a todos los extranjeros empadronados en Cataluña. De hecho, se trataría de oficializar la experiencia de aquellas consultas populares llevadas a cabo en diferentes municipios catalanes, en las que se dejó participar a mayores de 16 años e inmigrantes empadronados, y se permitió el voto anticipado. Ya en su momento los jueces advirtieron de que los ayuntamientos no podían ceder locales y el censo.

Los partidos favorables a la consulta, CiU, ERC e ICV, intentan soslayar cualquier tipo de impugnación por parte del Estado y analizan todos los resquicios legales que les permita engrosar la base electoral. El Gobierno catalán va más allá y dispone ahora de un valioso censo sanitario, ampliado ahora con 100.000 «sin papeles». Pero el principal obstáculo es la ley de protección de datos, que prohíbe utilizar determinada información con fines diferentes a su objetivo inicial. La misma norma establece una excepción: que ese nuevo destino se regule mediante ley.

Voto del exterior

Ciutadans (C,s), que ha interpelado en varias ocasiones al Gobierno catalán sobre ese posible uso del registro sanitario con fines electorales, asegura que el traspaso de esos datos de la Consejería de Salud a la de Presidencia podría llevarse a cabo mediante la ley de acompañamiento de los futuros presupuestos de la Generalitat. «Ni el consejero de Salud ni el propio presidente Artur Mas lo han desmentido», asegura el diputado de C,s, José Manuel Villegas. Mas sólo se ha comprometido a no vulnerar la ley de protección de datos. «Nosotros hemos hecho una denuncia preventiva, pero si finalmente se lleva a cabo esta maniobra, la impugnaremos», añade Villegas.

Otro de los objetivos del ejecutivo autómico es que en la consulta soberanista puedan votar los catalanes que residen en el extranjero, algo que no prevé el texto inicial de la ley de consultas. Una de las medidas que barajan las grupos parlamentarios favorables a la consulta es la creación de un registro previo donde puedan inscribirse esas personas.

Fuente: ABC