Con el cambio de empresa en el comedor del CEIP Al Ándalus, en la localidad gaditana de Chiclana, el servicio escolar volvió a la normalidad para la mayoría de alumnos, excepto para Juan Miguel, que cursa tercero de Educación Primaria y tiene un 76% de discapacidad y ha sido reconocido como dependiente de grado II.

Sus padres, Mari Carmen y Miguel, llegaron a enterarse por el propio monitor del comedor que «el tiempo que antes dedicaba a nuestro hijo, ahora tiene que emplearlo con 30 alumnos». Ante esta situación, Mari Carmen asegura que su hijo «llega a casa todos los días sin comer» puesto que él solo no es capaz de hacerlo por sí mismo. Ni comer, ni ir al baño, por ejemplo, pero la madre también destaca que Juan Miguel «necesita que lo vigilen, porque aunque normalmente no da problemas, puede provocar algo porque no piensa lo que hace».

Precisamente por esta situación, el menor tiene un monitor asignado por la Delegación Provincial de Educación desde que ingresó en el colegio Al Ándalus, un profesional que conoce a los chicos y chicas con necesidades especiales y que, por ello, también presta servicio en el comedor para atenderlos. Es por eso que tanto Mari Carmen, como Miguel no comprenden «que hayan cambiado las condiciones de los empleados con el cambio de empresa».

Ambos están trabajando y para la familia es imprescindible el comedor escolar, por eso la madre mantiene que no se plantea «quitar a Juan Miguel y jugar a darles la razón». «Seguiremos intentando que esto se arregle, porque sabemos que también beneficiará a los que vengan después y se encuentren en la misma situación», añade. Además, considera que un centro que cuenta con un aula específica donde hay niños con necesidades especiales «debe contar obligatoriamente con el personal suficiente en el comedor».

En esta lucha por mantener los derechos que de un día para otro Juan Miguel ha dejado de tener, sus padres elaboraron un escrito exponiendo esta situación y que entregaron al director del colegio el pasado 26 de febrero para su traslado a los correspondientes órganos de la Junta de Andalucía. Aunque mantienen que por el momento «no hemos obtenido ningún tipo de respuesta».

Por su parte, desde el ISE Andalucía (Infraestructuras y Servicios Educativos), competente en este asunto ante la empresa concesionaria, aseguran «no haber recibido notificación al respecto», y añaden que en cuanto la haya «se pondrán en contacto con la empresa para ver qué está ocurriendo».