BD.- Gallifa es un municipio de 200 habitantes en la comarca del Vallés Occidental (Barcelona) de 200 habitantes. El pueblo era hasta hace unos días la única alcadía en manos de SI (Solidaritat Catalana per la Independència), un partido que preconiza la insumisión fiscal y la independencia de Cataluña. CiU presentó hace poco una moción de censura alegando que el alcalde saliente, Jordi Fornas, había desatendido las prioridades del municipio para centrarse en la “política nacional” (por catalana)
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Tras un pleno al que han acudido decenas de personas, que han increpado al ex concejal de SI aliado con CiU, el líder de la federación nacionalista, Mateu Comalrena, ha sido nombrado nuevo alcalde.

Previamente al pleno municipal, alrededor de 300 militantes de Solidaritat se concentraron a las puertas del Ayuntamiento de Gallifa. Lo que tenía que ser un acto de apoyo a Fornas acabó con incidentes. Tanto el nuevo alcalde, Mateu Comalrena, como el concejal ‘tránsfuga’, Josep Gil, fueron perseguidos e insultados por una quincena de personas con esteladas y banderas de Solidaritat. Comalrena fue recibido a los gritos de “fascista” y “vendido”. A Gil, por su parte, le acusaron de “chorizo” y “ladrón”. “No te dejaremos vivir en el pueblo, hijo de puta”, le lanzaron , además de tacharlo de “español de mierda”. Ambos necesitaron protección policial de los Mossos.

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Todo lo contrario que el alcalde saliente, Jordi Fornas, tratado como un héroe por sus seguidores. El dirigente de Solidaritat salió del consistorio ovacionado y ha asegurado que “esto no es una derrota” y que “a partir de ahora se verá quién de verdad quiere la independencia”. Los concentrados en apoyo de Fornas cantaron
Els Segadors, mientras que el grito más repetido fue “con Convergència no hay independencia”. Los dirigentes de Solidaritat, Alfons López Tena, Toni Strubell y Santiago Espot estuvieron presentes.

Entre otras medidas emprendidas por Fornas, destaca la colocación en la fachada consistorial una bandera española de tamaño de sobremesa, como solución para cumplir la ley de banderas y poder mantener la independentista.

Bajo su mandato, el ayuntamiento se declaró “insumiso fiscal”, con la pretensión de no abonar al Estado la tributación de impuestos de la renta de sus trabajadores y pagarla directamente al gobierno regional .

Solidaritat asegura que “CiU no perdona al actual alcalde de Gallifa haberse enfrentado a la Delegada del Gobierno Llanos de Luna con motivo de la ley de banderas ni haber llevado, y hecho aprobar, en la última Asamblea General de la ‘AMI, la propuesta de que todos los municipios integrados en esta asociación paguen sus impuestos a la Agencia Tributaria Catalana”.

El alcalde saliente, Jordi Fornas, que ha considerado que CiU le aparta por haber emprendido medidas a favor de la independencia, la federación se ha desmarcado y ha afirmado que defienden el proceso soberanista pero creen que Fornas lo ha “ensuciado con su incapacidad personal de mantener cohesionado” a su grupo.

El grupo de CiU ha reivindicado su apuesta soberanista y ha explicado, como ejemplo, que votó a favor de una “declaración moral de independencia” y que a propuesta suya, se aprobó una moción de apoyo a la declaración soberanista del Parlament.

Además, ha remarcado que el líder del grupo y ahora alcalde, Mateu Sobregrau, ha participado en “actos de dignificación nacionalista” como la organización de las consultas independentistas de 2009.

Sobre la polémica originada después de que Fornas colocara una enseña española de tamaño de sobremesa en la fachada consistorial para cumplir con la ley de banderas y poder mantener la independentista, CiU ha asegurado que “no prevé alteraciones en la exhibición de las banderas”.

El partido ha precisado que el asunto está en sede judicial, por lo que “en todo caso, cuando sea pertinente, se considerará el resultado judicial”.

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Dicho de otra manera: el alcalde entrante seguirá incumpliendo la ley de banderas al igual que su antecesor. Gallifa es uno de los cerca de 300 ayuntamientos de toda España que vulneran la ley de 1981 (la mayoría en el País vasco, Cataluña y Galicia). La mayoría de esos ayuntamientos no ponen la bandera española en sus fachadas, pero en el caso de Gallifa el alcalde encontró una manera de vulnerar la ley al poner una bandera española de tamaño banderín para cumplir supuestamente con la ley, aunque la intención no es otra que la de humillar la enseña nacional.

La citada ley de banderas (39/1981) es clara a este respecto. Así dice:

Art. 3.1

La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupara un lugr preferente enn el interior de todos los edificios y establecimiewntos de la Administración central, institucional, autonómica provincial o insular y municipal del Estado.

Art. 6

1- Cuando se utilice la bandera de España, ocupará siempre un lugar destacable, visible y de honor.

2- Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño.

El incumplimiento de esta ley podría constituir un delito de ultraje a España y sus símbolos tipificado en el Código Penal.