Cheques al portador llenos de ceros. Dinero negro. Un banco con contabilidad en B que acabó quebrado, que tuvo que ser intervenido y que dejó un agujero de 17.000 millones de pesetas. Y en medio de toda esta trama, una familia aristócrata y multimillonaria con fuertes conexiones con la política: los De la Mata y Pobes, dueños de una de las principales distribuidoras de bebidas alcohólicas de España. La redacción de eldiario.es ha podido acceder a una relevante documentación inédita que demuestra la implicación de Blanca de la Mata y Pobes –la esposa del hoy presidente del Congreso, Jesús Posada–, su madre y sus hermanos en el manejo sistemático de dinero negro y en uno de los mayores escándalos financieros de esa época: el caso Eurocapital.

España, 1988. La conciencia fiscal es escasa entre los más ricos. Las grandes fortunas del país acuden de forma masiva a un refugio para el dinero negro ideado por el propio Gobierno, de la mano del socialista Miguel Boyer, que prefiere que al menos el capital no huya del país. Es una suerte de paraíso fiscal sin salir de casa: unos pagarés del Tesoro opacos para el fisco, que no tenían retención, que no pagaban impuestos, que apenas generaban rentabilidad y que solo servían para mantener el dinero a mano, sin tener que guardarlo en el colchón o fuera de España. El Estado vendía esos títulos y no hacía preguntas sobre el origen del dinero.

Entre los millonarios que se benefician de estos pagarés se encuentra Blanca de la Mata y Pobes, la esposa de Jesús Posada, que usó este escondite fiscal de manera sistemática y continuada para evitar el pago de impuestos durante el final de la década de los ochenta, según demuestra la documentación a la que ha accedido eldiario.es.

La mujer de la hoy tercera autoridad del Estado es hija de Hilario Pobes, marqués de Vargas, un título que ha heredado su hermano Pelayo. Entre otras empresas, la familia es dueña de una importante bodega de vino y de una de las mayores distribuidoras de bebidas alcohólicas de España: Varma SA. Tras la muerte del padre, en 1976, Blanca y sus hermanos tomaron las riendas del grupo. Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, toda la familia utilizó de forma constante y sistemática estos opacos pagarés del Tesoro para esconder grandes sumas en efectivo que, aparentemente, salían de las cuentas de la empresa familiar.

Ingreso en efectivo de 31 millones de pesetas por parte de la mujer de Jesús Posada

Blanca de la Mata no solo recurría a este refugio para el dinero negro a través de Varma SA, una empresa que dirigía como miembro del consejo de administración. También lo hacía a título individual, comprando estos pagarés en un momento, 1988, en el que su marido, Jesús Posada, era el consejero de Fomento en la Junta de Castilla y León bajo las órdenes de José María Aznar; al año siguiente le sustituiría como presidente autonómico cuando Aznar fue designado por Manuel Fraga como nuevo líder de la derecha española.

Todas las operaciones de Blanca de la Mata y sus hermanos se hacían a través de una sociedad de inversión: Eurocapital. Durante 1988, la esposa de Posada llegó a pedir a esta firma que invirtiera alrededor de 188 millones de pesetas en estos pagarés opacos. Al cambio actual, una vez tenida en cuenta la inflación, la cifra equivaldría a 2,5 millones de euros.

La bancarrota de Eurocapital

En 1991, esta sociedad de inversión protagonizó uno de los mayores escándalos financieros de la época al quebrar ella y su filial, el Banco Europeo de Finanzas. El “chiringuito financiero” –como lo definieron en esos años– fue intervenido por el Banco de España, que descubrió una contabilidad B con una caja negra por valor de 5.000 millones de pesetas. Una vez saneado, el banco fue vendido por una peseta a Unicaja.
Las operaciones con dinero negro en pagarés de Blanca de la Mata en 1988

Las operaciones con dinero negro en pagarés de Blanca de la Mata en 1988

En los años previos a la quiebra, esta entidad financiera tenía a los Mata y Pobes entre sus principales accionistas: eran dueños de un 20% del banco. El cuñado de Posada, José Manuel de la Mata, se sentaba en su consejo de administración. Toda la familia a título individual y las distintas empresas del grupo Varma SA utilizaban a Eurocapital para canalizar el dinero negro en estos pagarés del Tesoro. Tras la quiebra, el Banco de España inhabilitó al cuñado del presidente del Congreso con tres años sin poder ejercer ningún cargo en una entidad financiera y le condenó a pagar una multa de un millón de pesetas.

Jesús Posada reconoció a la redacción de eldiario.es que su mujer, con la que está casado en régimen de separación de bienes, se había acogido a una regularización fiscal posterior para normalizar la situación. Así lo señaló en el transcurso de una reunión con la redacción de eldiario.es celebrada el 4 de abril en Madrid, en la cafetería de un hotel cercano al Congreso de los Diputados. Posada insinuó que nunca le gustó el escarceo financiero de su familia política: “Me alegré de que dejaran ese tipo de inversiones y se dedicaran solo a su negocio de importación de bebidas, que es lo que mejor saben hacer”.

Pocas horas después, el presidente del Congreso cambió de versión y, a través de un portavoz oficial, corrigió telefónicamente su primera explicación para matizar que todos los fondos de su familia política procedían de “dinero en A” y que nunca hubo regularización fiscal alguna.

Sin embargo, los clientes de Eurocapital sí regularizaron su situación con Hacienda, según relatan las hemerotecas de la época. De forma general, y sin relación con esta firma de inversión, las fortunas que invirtieron en este tipo de pagarés se acogieron a la amnistía fiscal de 1991, ideada por Carlos Solchaga para poner fin a esta práctica.

Según la documentación, Blanca de la Mata, sus hermanos y su madre manejaron sorprendentes cantidades de dinero en efectivo o en cheques al portador durante esos años, entre 1988 y 1991. Llama especialmente la atención un cheque nominativo por valor de 153 millones de pesetas que recibió la esposa del dirigente conservador a cargo de las cuentas de Varma SA y que, según los certificados de Eurocapital, se invirtió de forma íntegra en estos opacos pagarés del Tesoro. Un portavoz de la empresa asegura que esos talones tuvieron como origen la venta de un 30% de Varma SA a la bodega francesa Rémy Martin. Este diario no ha podido confirmar la operación ni tampoco que la compraventa se realizara con dinero en A.
Cómo se guardaba el dinero negro

El mecanismo para mantener el dinero lejos de la vista de Hacienda era relativamente sencillo. De la Mata encargaba a Eurocapital que comprara pagarés del Tesoro. La mujer de Posada pagaba en efectivo o con cheques. La rentabilidad media que conseguía era del 8,30%, muy por debajo del interés de mercado en ese momento. En 1988, el precio del dinero en España era del 11% y los bancos ofrecían productos financieros legales con rentabilidades garantizadas de hasta el 18%. La única ventaja que tenía esta inversión tan poco rentable es que ese dinero quedaba escondido de los inspectores fiscales, no pagaba impuestos y generaba unos pequeños rendimientos que no existirían si los billetes se guardasen en una caja fuerte.

Cuando el plazo fijado vencía –entre un día y tres o cuatro meses como máximo–, De la Mata volvía a reinvertir sus millones más el interés conseguido en nuevos pagarés del Tesoro, aunque en ocasiones sacaba una parte de los rendimientos en efectivo. Ese dinero simplemente desaparecía.

Este subterfugio fiscal fue puesto en marcha por Miguel Boyer en 1984 como último reducto del dinero negro, tras la primera gran reforma tributaria de la democracia. Economía planeaba ir reduciendo poco a poco los pagarés en circulación, de forma que este resquicio legal y fiscal desapareciera más adelante. Sin embargo, el plan inicial nunca se cumplió y la bola de dinero negro creció y creció hasta alcanzar en 1990 los 3 billones de pesetas. Finalmente, Solchaga promulgó una amnistía fiscal en 1991 y canjeó esos pagarés opacos por deuda pública especial, que sí estaba ya legalizada.

A este programa también se le bautizó como Pagarés Borrell porque se entendía que el secretario de Hacienda de la época, Josep Borrell, era uno de los mentores de la idea. Entonces se le calificó como “amnistía parcial”: una estratagema autorizada por el Estado para esconder el dinero negro. Sin embargo, a diferencia de una auténtica amnistía, si los inspectores fiscales encontraban estos pagarés, podían actuar con toda la maquinaria del Estado contra sus propietarios. Es decir, si en el curso de una investigación se localizaban estas sumas, Hacienda pedía su parte correspondiente y penalizaba a su dueño como a cualquier otro defraudador. Igual que si el dinero negro se hubiese encontrado en una caja fuerte.

Precisamente el secretario general de Hacienda entre 1984 y 1987, Juan Francisco Martín Seco, escribió en su libro “La farsa neoliberal”, publicado en 1995 (Temas de Hoy), cómo se ideó y se mantuvo este sistema. “Por su naturaleza, los pagarés del Tesoro irían exclusivamente a manos de los tenedores de dinero negro, porque cuando se tratase de inversiones legales no habría razón alguna para no invertir en otros activos más rentables”, explica el exalto cargo socialista en el texto.

Era un monopolio estatal del dinero negro: el Estado era el único que podía emitir estos pagarés. Y la disculpa para justificar este sistema fue que obligar a todos los ricos del país a regularizar de golpe su dinero habría supuesto una fuga masiva de capitales; una suerte de debacle. Del uso que se hacía de estos instrumentos había pocas dudas, hasta el punto de que Josep Borrell llegó a pregonar en su momento las virtudes de esta inversión para los defraudadores: “Si la gente fuera racional, quienes tienen grandes cantidades de dinero negro comprarían pagarés del Tesoro ahora”.

El País Vasco, que se rige por su régimen foral y tiene una fiscalidad propia, copió la idea del Gobierno central y al principio de los noventa también se lanzó a emitir activos ocultos. La esposa de Posada también se apuntó a esta posibilidad y, entre 1989 y 1991, Blanca de la Mata invirtió 53 millones de pesetas en pagarés de la Diputación de Álava. Era un modelo igual de opaco, pero mucho más lucrativo. En 1990, la rentabilidad media que logró la esposa del presidente del Congreso con la Diputación alcanzó el 13%.

Fueron precisamente durante esos tres años, de 1989 a 1991, cuando Jesús Posada presidió la Junta de Castilla y León. Ya llevaba más de una década en política.

Fuente: Eldiario.es