VB.- El Ayuntamiento de Pontevedra ha confirmado que, como en el caso del Ayuntamiento de Barcelona con el catalán, retira las multas de tráfico que se han impuesto por una señalización únicamente en gallego. Las señales de tráfico deben estar en español en toda España, según las leyes vigentes, dejando la obligatoriedad de que en las CCAA con lengua autonómica la señalización esté en bilingüe.

De hecho, el consistorio gallego -gobernado por una coalición formada por BNG y PSOE- lo que ha confirmado es que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra ha dictado una sentencia en la que obliga al ayuntamiento a retirar una multa a un hombre que recurrió la sanción que le impusieron por aparcar en una zona de carga y descarga, una infracción que provocó también que la grúa municipal retirase su vehículo. El demandante alegó que la señal era incorrecta al estar sólo en gallego.

Sin embargo, pese a la decisión judicial, que abre la puerta a que se recurran todas las multas, Xose Cesáreo Mosquera Lorenzo (BNG), portavoz del Ayuntamiento de Pontevedra, ha asegurado que las señales “seguirán en gallego [únicamente]” y se ha mostrado firme la posición defendida por el Gobierno municipal de no modificar las señales. Además, Mosquera ha confesado que esta multa no es la primera que se retira por un motivo lingüístico, según ha recogido la prensa local.

Las leyes son claras

En este punto, la normativa legal no deja lugar a dudas. En toda España las señales de tráfico deben estar en español, y en las CCAA con una lengua autonómica, la señalización debe estar en bilingüe. El artículo 56 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que ‘las indicaciones escritas de las señales se expresarán al menos en el idioma español oficial del Estado’.

Y, además, el artículo 138 del Reglamento General de Circulación indica que ‘las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha Comunidad’.

El incumplimiento sistemático de estas normas -al margen de que el Tribunal Constitucional ha establecido que los poderes públicos en las CCAA bilingües deben respetar la oficialidad de las dos lenguas- ha llegado también al Defensor del Pueblo, que en su último informe ha destacado que el Ayuntamiento de Barcelona sigue sin cumplir la normativa en las señales y los rótulos de tráfico.