Por Roberto Centeno.- Según la última encuesta del CIS de febrero, la corrupción ocupa, después del paro, el segundo lugar entre las preocupaciones de los españoles. Pero sólo porque una mayoría de ciudadanos no es consciente de que al menos la mitad del paro y la casi totalidad de su empobrecimiento es consecuencia directa de la corrupción, y más en concreto del clientelismo, del nepotismo masivo, del mal gobierno y del despilfarro generalizado de los recursos públicos. Por esta razón, la corrupción institucional y personal en España, que se encuentra en sus máximos históricos, no es que sea un problema, es el problema, con mayúsculas.

Ahora bien, ¿es el Régimen el corrupto o son los corruptos en el Régimen? Y hablo de Régimen porque en España no se puede hablar de sistema político porque no existe tal cosa: lo que tenemos es un Régimen de poder. Un Régimen se define por el principio de autoridad, personal o de partido, mientras que un sistema se define por el principio de libertad. Como la monarquía oligárquica que sustituyó al régimen anterior no ha sido construida por libertad colectiva de los españoles, sino por una casta política fraguada como el cemento tras la muerte de Franco, es inevitable que la naturaleza de las instituciones sea la de un Régimen de poder clientelista, en el que los poderosos promocionan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y sus servicios. ¡Ya quisiéramos tener un sistema político!

Los sistemas políticos corrigen ellos mismos los asomos de corrupción, mientras que en un Régimen de poder cuyo último titular esté corrompido, la corrupción de todas sus instituciones es inevitable. El corrupto es el Régimen porque las personas se corrompen más o menos según las oportunidades de corrupción y de impunidad que les ofrezca cada Régimen de poder. Franco no permitió la corrupción generalizada, fueron casos aislados, mientras que la monarquía de Juan Carlos tocó las trompetas de Jericó para que los muros de la moral política se derrumbaran desde el principio, una filosofía de corrupción –“el que no se corrompe es un imbécil”- que ha impregnado todas y cada una de las instituciones de este país. Nada, absolutamente nada, desde la Corona a los Gobiernos, desde la Universidad a la Sanidad pública, escapa hoy a este tsunami de podredumbre.

¡Y vaya si tocó las trompetas! En 1979, a raíz de la segunda crisis del petróleo, los suministros petroleros de España se vieron seriamente amenazados. Como consejero delegado de Campsa, el entonces vicepresidente económico, Fernando Abril, me encargó el conseguir los suministros adicionales para evitar el estrangulamiento. Pero nada más conseguir un suministro en Kuwait, se me prohibió expresamente el intentar conseguir más petróleo en los Emiratos del Golfo y en Arabia Saudí, que quedaron reservados en exclusiva a Manolo Prado (2). Por primera vez en la historia del petróleo mundial, un Gobierno reservaba la única zona del mundo donde era posible conseguir suministros a un comisionista que representaba a quien representaba. Y de ahí para abajo, lo que ustedes quieran (3).

La corrupción institucional o la causa de nuestra ruina

Sin embargo, aunque la corrupción personal sea la que aparece en los medios y es la que más irrita a los ciudadanos, el verdadero problema, lo que nos ha llevado a la ruina y arruinará también a las próximas generaciones es la corrupción institucional. Parafraseando a Mario Vargas Llosa la pregunta es: ¿cuándo se jodió España? El origen de nuestros males es inequívoco: el consenso posfranquista. Autonomías, sí, para todos. Nepotismo, sí, para todos. Corrupción, sí, para todos. Impunidad, sí, para todos. Y cuando les pillan con las manos en la masa y no tienen más remedio que juzgarlos por la alarma social generada: indulto. Y si no hay indulto, sentencia pactada. Lo seguro es que a la cárcel no va ni la cúpula de la casta política, ni de la financiera, ni de la monopolista. Las leyes se hacen elásticas para poder interpretarlas como mejor convenga a la casta. Los medios utilizarían la parodia de democracia no para informar, sino solo para de ejercer influencia política y así enriquecerse sin límite con otros negocios, en escandaloso y descarnado intercambio de favores en nombre de la libertad.

Todos los mecanismos del clientelismo y la corrupción a gran escala, institucional y personal, se inician con la Transición. La venalidad, la incompetencia y la falta de sentido del Estado de aquellos “padrinos de la Patria”, daría paso a una barbaridad histórica, un modelo de Estado único en el mundo, económicamente inviable e intrínsecamente corrupto, en el que se inventarían 17 autonomías, contrarias en su mayoría a la realidad histórica y territorial de España. Un modelo que, con la excusa de la descentralización, daría lugar a 17 concentraciones de poder incontrolado, lo que les permitiría repartirse España como si fuera un solar. Como decía mi amigo Camilo José Cela, “si hubieran tenido decencia y honor [refiriéndose a los padres de la Transición], se habrían pegado un tiro”, pero no lo tenían.

Las autonomías se erigen como auténticos estados, con todos y cada una de las instituciones de los mismos multiplicadas por 17, a lo que se añaden miles de empresas públicas diseñadas para colocar a cientos de miles de familiares y amigos y despilfarrar dinero público sin estar sometidos a ningún tipo de control. Según las cifras dadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace unos meses, de los 3,2 millones de empleados públicos existentes hoy en España, sólo 700.000 han realizado oposiciones limpias y transparentes; el resto, 2,5 millones, han sido o nombrados a dedo o mediante oposiciones a medida. Pero, además, antes de la Transición, y como ocurre en todo el mundo civilizado, los salarios públicos eran un 20% inferiores a los sector privado; a día de hoy son un 30% superiores como media, lo que supone una inversión total de la escala de valores.

Y no se trata solo de esta horda de enchufados y chupópteros, es también toda la parafernalia que les rodea, oficinas de lujo, coches oficiales, prebendas, embajadas, televisiones, visas oro. A todo esto se añaden las decenas de miles de millones invertidos en infraestructuras inútiles, como aeropuertos sin aviones, hospitales sin enfermos, polideportivos sin uso u obras faraónicas, que han generado ríos de comisiones a los corruptos que las encargaron. Se trata del mayor caso de corrupción generalizada no sólo de Europa, sino también de toda la historia de España. Es el despilfarro como principio esencial de la vida pública.

Y para que tengamos una visión cuantificada de lo que supone este modelo de Estado entre duplicidades, gastos prescindibles y salarios disparatados, estamos hablando de un despilfarro anual de unos 100.000 millones de euros, lo que no hay Estado que lo soporte. Hace meses que vengo alertando a mis lectores y oyentes que pongan sus ahorros a salvo, y hoy el tema adquiere el carácter de máxima urgencia. Chipre es el primer corralito a la argentina de la Eurozona, y no será el último. Con una deuda pública total del 105% del PIB –el 85 % es solo la computable–, un crecimiento exponencial –20 % anual y ahora al increíble ritmo de 5.000 millones por semana- y el hundimiento de las cuentas públicas que se ha producido en enero, el rescate y el corralito en España es sólo cuestión de tiempo. Pero ¡ojo!, que no es sólo un corralito: primero hacen una quita de depósitos (impuesto extraordinario) -¡roban sus ahorros hasta a las ancianitas!- y luego los bloquean. ¡Pongan su dinero a salvo de estos forajidos!

No sólo son corruptos, carecen de piedad hacia los gobernados

La palabra corrupción no sirve ya para describir el grado de degeneración al que ha llegado nuestra vida pública. Esto ya no es corrupción, es putrefacción. Desaparecen 500.000 toneladas de la reserva estratégica de carbón -¡se ha evaporado el equivalente a 20.000 camiones!-, almacenadas por Hunosa, empresa pública controlada por UGT y CCOO, y “nadie sabe nada” ni se molestan en investigar. Sólo la denuncia de Foro Asturias ha obligado a un juez a pedir ayuda a la Guardia Civil, mientras Méndez y Toxo exigen honestidad. ¡Tendrán caradura! ¿A qué delincuente a gran escala están protegiendo? Mientras no se cambie el modelo de Estado y se procese a estos corruptos, no habrá solución.

La connivencia entre casta política y casta financiera y monopolista ha sido determinante, junto con el modelo de Estado, en la ruina de millones de familias. Las grandes empresas públicas construidas con el ahorro de los españoles durante más de 50 años fueron vendidas a unos pocos amigos del poder a precio de saldo, los monopolios públicos con precios regulados se transformarían en monopolios públicos con precios libres, las inmorales remuneraciones de las cúpulas financieras y monopolistas, los planes de pensiones obscenos se irían a las estrellas, convirtiendo las diferencias salariales en la mayores de la OCDE, tanto que han transformado España en una sociedad dual, con un 5% de la población acaparando un porcentaje de la riqueza tres veces mayor que la media europea.

Casos como la OPA de ENDESA o como las subvenciones a las renovables, que representan ya un tercio del recibo de la luz y que permitieron amasar fortunas inimaginables a unos pocos amigos del poder, han sido la regla, mientras la industria española desaparecía del mapa. En el caso Bankia, fueron estafados 4.000 millones a pequeños accionistas con la ayuda directa del poder, Banco de España y CNMV, que sabían perfectamente que el valor era cero, a pesar de lo cual permitieron el engaño, igual que en el caso de las preferentes. Y nadie ha respondido de nada.

Los responsables de esta caída a los infiernos viven en la más absoluta impunidad y carecen de piedad hacia los gobernados. No les importa que haya más de 12 millones de españoles viviendo por debajo del umbral de la pobreza, no les importa recortar la dependencia ni recortar las pensiones: van a reducirlas en un 32% de los que se jubilen a los 63 años y un 15% las de quienes se jubilen a los 65; ni recortar el desempleo. Y ahora van a impedir el acceso al subsidio para los parados mayores de 55 años. Están dispuestos a recortes cada vez más drásticos en desempleo y jubilaciones, donde un grupo de expertos va a analizar la sostenibilidad -y témanse ustedes lo peor- en seis meses.

Pero nadie analiza la sostenibilidad de los increíbles privilegios de la casta política, ni de los rescates bancarios, ni de las subvenciones a las renovables, ni de las energías más caras del planeta. Nadie analiza la sostenibilidad de 3.000 empresas públicas ni de cientos y cientos de miles de enchufados ni de privilegios y despilfarros inauditos. Nadie analiza la sostenibilidad de que la alcaldesa de Madrid y decenas como ella tengan 400 asesores que nos asesoran a 60.000 euros per cápita, ni de que vaya a la peluquería con dos coches y seis personas, o que cualquier concejal o mindundi con mando tenga coche oficial y dos asesores, algo inédito en el mundo.

No sólo son corruptos, ineptos y despilfarradores; son, sobre todo, totalmente despiadados. No sólo van a bajar más los sueldos, no sólo van a reducir mucho más las pensiones y el desempleo, no sólo van a subir de nuevo los impuestos, es que además nos van a robar nuestros ahorros como en Chipre, al igual que están endeudando brutalmente a varias generaciones de españoles. Así que el dilema es sencillo: o ellos o nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Hay que ir contra ellos sin concesiones ni contemplaciones para exigir una nueva realidad regida por la democracia en lo político y por la decencia en la moral pública.

(1) Es un resumen de la conferencia pronunciada en jueves en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia, a iniciativa del foro de estudiantes Universidad y Libertad.

(2) Este hecho figura relatado en detalle en mi último libro El disparate nacional (Ed. Planeta), donde se describen las personas y los hechos que han llevado a España a la ruina.

(3) Carlos Solchaga, ministro de Hacienda de Felipe González, explicó a quien quiso escucharle -y no fueron pocos- las “virtudes” de la cultura del pelotazo. Para Solchaga, lo importante era enriquecerse con rapidez, la superioridad de la especulación y el amiguismo, sobre la seriedad y el trabajo bien hecho, lo que ha conducido al hundimiento de las estructuras productivas de la nación y a la mayor concentración de renta y riqueza de toda la historia de España.