La imputación el pasado martes de Carlos García Revenga fue mucho más que un simple trámite procesal. Con la citación del secretario de las Infantas para aclarar su papel en el Instituto Nóos, cayó el último cortafuegos detrás del que podía protegerse la doña Cristina.

La hija del Rey, tras la imputación de su consejero y amigo, se convierte además en la única de las cinco personas que dirigían Noos que no ha sido citada a declarar ni siquiera como testigo, ni siquiera para negar que supiese que esa institución sin aparente ánimo de lucro en realidad se concibió para desviar a bolsillos privados más de 15 millones, 6 de ellos de dinero público.

Pero la citación de García Revenga supone todavía mucho más para la infanta. Es la constatación de que el juez del ‘caso Nóos’, José Castro, está dispuesto a actuar contra miembros de la Familia Real de motu proprio, incluso sin el respaldo de la Fiscalía. Anticorrupción, a pesar de los comprometedores ‘mails’ para el secretario que hizo públicos Diego Torres y que probarían que García Revenga estaba en el día a día de Nóos, no se había decidido a dar el delicado paso de pedir su imputación, cuando Castro, por su cuenta y en una maniobra muy inusual para un juez, decidió anticiparse al fiscal Pedro Horrach y a la propia acusación de Manos Limpias y acusar formalmente a quien fuera tesorero del instituto.

Y aún supone más. Es, según todas las fuentes consultadas, la confirmación de la suerte final de la hija del Rey en este proceso en realidad no está en manos del juez o de las acusaciones públicas o privadas. Ni siquiera de las investigaciones de la Policía Judicial, de las revelaciones de las comisiones rogatorias aun por llegar o de la confesión de Iñaki Urdangarin. Será Diego Torres, el otrora mejor amigo y confidente de Urdangarin y que hoy se ha convertido en su más enconado enemigo, el que decida el futuro de la duquesa.

Torres y su letrado, Manuel González Peeters, ya han demostrado que sus famosos ‘mails’ son capaces de teledirigir el proceso y de hacer cambiar de opinión en cuestión de horas al mismísimo instructor, quien el pasado marzo había rechazado de manera tajante citar a García Revenga, como solicitaba Manos Limpias. Y si revisable, y revisada, fue la decisión de no imputar entonces al secretario de las Infantas, también es revisable la decisión, también de marzo de 2013, de no citar a Cristina de Borbón o al asesor del Rey, José Manuel Romero Moreno. De hecho, Castro sopesa estos días citar ya al conde de Fontao.

El exsocio de Urdangarin, según su entorno más cercano, lo que peor digiere de todo el proceso es la imputación de su mujer Ana María Tejeiro y vive como una verdadera afrenta que su esposa esté acusada mientras que la de su socio no lo esté. González Peeters ya denunció esa «discriminación» ante el juzgado sin lograr la desimputación de Tejeiro. Y aquella negativa fue el pistoletazo de salida de los famosos ‘mails’.

‘Ataque directo’

Hasta ahora, solo uno de esos correos es un ataque directo a la infanta. Fue el que daba cuenta de la intermediación de la Infanta Cristina y del propio jefe del Estado para que FDCIS (la fundación para niños discapacitados que supuestamente se usó para sacar dinero a paraísos fiscales) tuviese un segundo representante español en la Copa América de vela. Sin embargo, nadie duda en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma que entre los más de cien correos que González Peeters dice tener todavía en su poder habrá más referencias, y menos delicadas, para la Casa Real y, sobre todo, para la infanta. Y que cada nueva hornada tendrá mayor carga de profundidad.

El no tajante de hace meses de la Fiscalía a imputar a la infanta se ha tornado ya en un «no se puede descartar nada». Tanto el instructor como los miembros de Anticorrupción saben que sería muy difícil justificar jurídicamente la no imputación de la infanta si los correos de Torres aportan pruebas de que Cristina de Borbón estaba al tanto de lo que se cocía en Nóos, FDCIS o del desvío de fondo desde éstas entidades a Aizoon, la empresa de la que es copropietaria.