Plataforma per Catalunya (PxC) ha expresado su rechazo a la normativa aprobada por el Partido Popular que contempla la introducción de tasas judiciales.

El presidente de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, sostiene que “”a Ley 10/2012 de 20 de noviembre, -por la cual se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses – vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el actual marco jurídico”.

El líder identitario advierte que la nueva lei implica un cambio normativo que cuenta con la desaprobación, manifestada públicamente, de una amplia mayoría de asociaciones y organitzaciones de magistrados, jueces, procuradores y fiscales.

Anglada sostiene que “la introducción de tasas judiciales -juntamente con el ataque al Turno de Oficio y la supresión de los Servicios de Orientación Jurídica- supone el desmantelamiento del modelo de justicia reconocido como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico”.

Plataforma per Catalunya apunta que las tasas judiciales carecen de proporcionalidad. Hay incongruencias como el pago de cantidades que pueden incluso llegar a duplicar el importe reclamado en cuantías pequeñas tales como reclamaciones de consumo o multas de tráfico. Esta disfunción podría comportar el pago de 200 euros por recurrir sanciones de 100 euros.

Anglada ha calificado la nueva normativa de “insensible a la realidad” al considerar que los criterios de cálculo de las nuevas tasas judiciales contempla el pago de miles de euros cuando se reclama una indemnización por daños, cuando están en juego los ahorros de las participaciones preferentes o un inmueble vendido sin licencia.

“La aplicación indiscriminada de estas tasas pone al mismo nivel a una multinacional con una gran facturación con beneficios de millones de euros, y una familia con unos ingresos globales mensuales de 1.500 euros, que deberán abonar idéntico importe por el mismo procedimiento. Para el presidente de PxC constituye un nuevo ataque a las rentas medias”, señaló.

Anglada cree por otra parte que la introducción de tasas judiciales es una medida disuasoria que pretende reduir la actividad judicial penalizando económicamente el acceso a la Justicia. “La aplicación de las nuevas tasas judiciales persigue reducir la carga de trabajo del cuerpo de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia por una vía indirecta e ilegítima, porque no ahonda en los verdaderos problemas de falta de medios materiales y personales de los juzgados para afrontar la saturación del sistema judicial”, manifiesta.