Manos Limpias ha presentado este miércoles una denuncia en los juzgados de guardia de Madrid contra los ex gobernadores del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Jaime Caruana a los que acusa de ser “cómplices, encubridores y cooperadores necesarios” en delitos societarios y de administración desleal” relacionados con el informe de la Asociación de Inspectores que habla de la falta de investigación de conductas irregulares detectadas en bancos y cajas.

La denuncia se dirige también contra los exdirectores generales de Supervisión del Banco de España durante el mandato de ambos exgobernadores y se presenta también por posibles delitos de falsedad en documento público y de encubrimiento.

El sindicato de funcionarios fundamenta su denuncia en las condiciones acerca de la operatividad y transparencia impuestas por las autoridades europeas con motivo del rescate a la banca y las cajas de ahorro.

Dentro de este contexto, Manos Limpias incardina el informe de la Asociación de Inspectores que concluyó que en el trabajo de la inspección del Banco de España, aparecen con relativa frecuencia indicios de conductas que pudieran ser delictivas y “la forma habitual de reacción ante los indicios de delito, era mirar para otro lado”.

La denuncia añade que los propios inspectores destacan que el Banco de España “ha sido laxo en la política de remuneraciones estratosféricas de los gestores de las entidades, y se ha actuado de forma condescendiente con la mala gestión”.

También pone de manifiesto en su escrito ante el juzgado que “entre el informe de la Inspección y la forma de decisión de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, hay un excesivo nivel de filtros que solo tiene sentido para modular las condiciones de la Inspección”.

Según destacan los inspectores, su función es la detección de problemas de solvencia y no la de perseguir delitos, por lo que solo hubo propuestas de sanción.

No aplicaron la ley

En este punto, según la denuncia, se ignoró el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece que: “Los que por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”.

A juicio de los denunciantes, “es evidente, que si se hubiese actuado desde el primer momento, con una supervisión, imparcial, rigurosa, y denunciado hechos delictivos, no se hubiese producido ni el rescate, ni el fraude en preferentes, ni sueldos estratosféricos, ni los blindajes de las jubilaciones ilegales de altos directivos, ni la concesión de créditos fallidos a promotores inmobiliarios que no aportaron las garantías suficientes y que se concedían créditos por amiguismo o pertenencia a un determinado partido político, así como la condonación de deudas a partidos políticos”.