Familiares de Sánchez, durante una manifestación.

La Fiscalía tiene previsto solicitar penas que suman 27 años y nueve meses de prisión para un joven de nacionalidad marroquí acusado de la desaparición en agosto de 2007 y en diciembre de 2009 en idénticas circunstancias de un ciudadano ecuatoriano y el vecino de El Ejido, Juan Antonio Sánchez, a quienes, además, sustrajo presuntamente sus vehículos y sus pertenencias. J.T., quien será enjuiciado por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, está procesado por dos delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero, otros dos de robo con violencia y un delito de falsedad en documento oficial ya que, cuando los agentes de la Policía Nacional recuperaron el turismo propiedad de una de las víctimas, comprobaron que había sustituido la matricula.

La primera desaparición se remonta al 31 de agosto de 2007. Según recoge el escrito de acusación, J.T. quedó con A.B.C.C. para verse ya que se conocían previamente al haber compartido piso ambos. Sin embargo, tras acudir de forma «voluntaria» a la cita en un pub de la ciudad, la víctima no volvió a «dar señas de vida, ni se puso en contacto con sus familiares y allegados, no se reintegró a su puesto de trabajo, y dejó de atender la gestión de sus bienes».

El Ministerio Público resalta que «no existe razón» para la desaparición ya que A.B.C.C. tenía «trabajo fijo desde hacía cinco años», una pareja estable desde hacía otros seis años, «diversas cuentas bancarias y una vivienda en propiedad por la que pagaba una hipoteca», por lo que considera que J.T. «le retuvo contra su voluntad sin que conste el modo, impidiendo que se reintegrase a su vida con normalidad». Señala, en esta línea, que «aprovechando la situación de violencia ejercida y con ánimo de ilícito beneficio», se apropió del vehículo en el que la víctima se desplazó para quedar con él y con varias de sus pertenencias como un GPS móvil, una cámara de fotos digital y un teléfono móvil.

El citado turismo fue recuperado 20 días después estacionado en una calle a 50 metros del domicilio en el que residía J.T. aunque la matricula había sido sustituida por la de otro coche, propiedad del acusado, que constaba como «inservible» y se había entregado al concesionario. Tras este hallazgo, y con orden judicial de entrada y registro, los agentes encontraron en su vivienda con los objetos personales de A.B.C.C. que, según remarca el fiscal, había obtenido «ejerciendo la violencia».

Juan Antonio Sánchez, cuya familia ha luchado desde que desapareció hace tres años por encontrar pistas que permitan dar con su paradero, conoció al procesado a las puertas de un pub de la capital. Al procesado, J.T., los porteros no le dejaron acceder al local por haber protagonizado un incidente en días anteriores, por lo que ambos entablaron una conversación. A partir de ese momento, su rastro se pierde, por lo que el fiscal sostiene que, «sin que conste exactamente el modo aunque, en todo caso, empleando la violencia» sobre Juan Antonio, «le retuvo contra su voluntad y con igual violencia, se hizo con su coche y con los objetos que portaba con ánimo de injusto enriquecimiento».

También en este caso subraya la Fiscalía que «no existe razón cierta» para que no haya dado «señas de vida y no se haya puesto en contacto con nadie de sus allegados», a los que estaba «muy unido», ni para que haya abandonado la gestión de sus bienes. «Tenía dos trabajos fijos, uno en la empresa familiar, era titular de varios inmuebles y de las cuentas bancarias de la familia, vivía en la provincia y había iniciado una relación con una persona residente en Granada», sostiene. El vehículo de Juan Antonio, valorado en 16.650 euros, no pudo ser recuperado aunque sí consta que fue usado por J.T. en desplazamientos a Motril y a El Ejido.

El escrito de acusación hace hincapié en que el procesado, en prisión provisional desde hace 3 años por esta causa, no ha dado razón del paradero de ninguno de los dos «pese a haber sido requerido para ello». Por esto, el fiscal interesa penas de diez años de cárcel por cada uno de los dos delitos de detención ilegal, tres años de prisión por cada delito de robo y 21 meses de cárcel por la falsedad en documento público, a lo que añade multa de nueve meses a razón de doce euros al día. Solicita, asimismo, que, en caso de ser condenado, J.T. no pueda ser beneficiario del tercer grado penitenciario hasta haber cumplido la mitad de las penas impuestas y que, una vez llegado este momento, se decrete su expulsión del territorio nacional ya que su situación administrativa es irregular.