El servicio público que daban los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de la Comunidad de Madrid pasar a ser de pago. O mejor dicho, de repago. Desde el 29 de noviembre, estos espacios ya no se financian solo a través de impuestos, sino que los usuarios tienen que abonar entre 5 y 10 euros por hacer uso de ellos para poder ver a sus hijos.

Los puntos de encuentro familiar son centros públicos especializados para el cumplimiento del régimen de visitas a menores establecido judicialmente tras al divorcio o la separación de los progenitores y en casos existencia de denuncias u órdenes de alejamiento por violencia de género.

Jueces para la Democracia denuncia que el repago influirá negativamente en el cumplimiento de los regímenes de visitaHasta el momento, quienes los utilizaban no tenían que pasar por caja. A finales del mes pasado, sin embargo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó un acuerdo del Ejecutivo de Ignacio González por el cual se implantan las tarifas relativas a los servicios de la Consejería de Asuntos Sociales.

Según el documento, que puede consultarse en la web del BOCM, la entrega o recogida de menores pasa a costar 5 euros por persona y servicio. El precio de la visita supervisada se fija en 10 euros, 7 si no se precisa o se demanda la presencia de un profesional. Además, deberán pagar “con anterioridad a la prestación del servicio”, es decir, por adelantado.

Para la Asociación Jueces para la Democracia, que denunció este viernes la situación, el Gobierno regional “limita el acceso a unos servicios que contribuyen a la reducción de las controversias entre los progenitores y al efectivo cumplimiento de las resoluciones de los juzgados de familia”. “Las consecuencias van a afectar gravemente a los menores, regresando a la situación en la que las entregas y recogidas se hacían en las comisarías , en los juzgados de guardia o en cualquier otro lugar carente de las condiciones para proteger a los menores”, critica la asociación.

Más dinero por menos servicios

De esta forma, todos los padres que quieran pasar tiempo con sus niños no tendrán más remedio que abonar el precio. Solo estarán exentas aquellas personas con menos recursos (ingresos y recursos por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples, perceptores de la renta mínima de inserción) y los beneficiarios de la justicia gratuita o quienes hayan sido víctimas de violencia de género. Esta idea ha sido confirmada desde la consejería este domingo.

Hoy solo están activos los puntos de encuentro de Móstoles y Las RozasLos usuarios que procedan de los Puntos de Encuentro Familiar y acudan a mediación familiar para llegar a acuerdos sobre el régimen de visitas deberán sufragar ni la sesión informativa y ni las tres sesiones adicionales. Tampoco se abonará el precio público por la primera sesión informativa de mediación familiar, que será gratuita.

El establecimiento de tarifas no solo supone repagar, sino repagar más por menos, ya que la Consejería de Asuntos Sociales ha cerrado este año seis de los ocho centros públicos de encuentro familiar de la región. Las familias que los utilizaban han sido derivadas a los Centros de Apoyo a la Familia (CAF). Hoy, solo están activos los puntos de encuentro de Móstoles y Las Rozas.

Los usuarios de los CAF tampoco se libran del nuevo peaje. En estos, el coste del servicio de información, orientación y asesoramiento psicológico, el asesoramiento jurídico y la orientación social es ahora de 10 euros. La mediación familiar se eleva a 10 euros por persona hasta un máximo de cuatro.

Precio de los centros de mayores

El acuerdo del Consejo de Gobierno incluye las tarifas que deberán sufragar, de acuerdo a su nivel de ingresos, los jubilados y pensionistas que acudan a los centros de día para mayores: entre 186 y 788 euros dependiendo del nivel de atención de demanden y de las enfermedades o dolencias que padezcan.

Una consulta jurídica en un centro de inmigrantes costará 5 euros por sesiónEl repago se extiende a los servicios prestados por los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (Cepi) de la Comunidad de Madrid, los Cepi, en su mayoría gestionados por empresas privadas. Aquí, la atención jurídica individualizada cuesta 5 euros por sesión. La participación en cursos de más de diez horas de duración se fija en 1 euro por hora.

Los madrileños que acudan a la Escuela de Profesionales de la Inmigración y la Cooperación (Epic), abonarán 0,10 euros por hora de curso en el caso de cursos presenciales y 0,05 euros por hora de curso, en el caso de cursos que se impartan a través de Internet.