El Juzgado de Instrucción 5 de Tarragona ha admitido a trámite una querella interpuesta por una vecina de Barcelona, Nathalia M., contra la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) y los Servicios Territoriales de El Vendrell por presuntamente falsificar documentos para dar la custodia de una niña de cuatro años a su padre, imputado en procedimiento penal por violencia de género.

La querella se basa en los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación documental que presuntamente habrían cometido algunos técnicos de este organismo y las letradas del padre, que a su vez prestan servicios como abogadas a los Servicios Territoriales de El Vendrell.

Concretamente, el juez ha imputado a ocho técnicos de la Dgaia y les ha citado a declarar los días 16, 17, 18 y 28 de enero de 2013 para averiguar si favorecieron al padre de la menor –que tiene un vínculo personal con los querellados, según la madre–, para concederle la custodia de su hija a través de su supuesta influencia en la administración y de presuntos documentos falsificados.

Fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia han explicado que sus servicios jurídicos han presentado recurso contra esta querella criminal.

Nathalia M. inició los trámites de divorcio en 2006 y obtuvo mediante vía judicial la guarda y custodia de la pequeña –en primera y segunda Instancia, resultando firme la sentencia en abril de 2009–, aunque la Dgaia declaró el desamparo de la menor tras la resolución judicial en abril de 2009 y suspendió la patria potestad de ambos progenitores.

Este organismo otorgó la guarda provisional al padre, algo “muy sorprendente teniendo en cuenta su historial de maltrato”, ha explicado relatado la madre.

La resolución de desamparo, recogida en la querella, se basa en que “la menor presenta un retraso en el habla que tendría su origen en una etiología afectiva, así como una dinámica disruptiva en el ámbito familiar materno, y lo que es más preocupante que la menor no se halla preservada”, una conclusión que, según Nathalia, se obtiene por los profesionales de la Dgaia sin hablar con ella y solo entrevistándose con el padre.

Un año después, la responsable de esta resolución de desamparo se retractó de haber atribuido la culpa del retraso en el habla de la pequeña a la madre y atribuyó esta dificultad a un trastorno específico del lenguaje (TEL), que seguía afectando a la niña pese a estar conviviendo con su padre.

Aún así, la Dgaia optó por establecer un régimen de visitas restrictivo entre Nathalia M. y la pequeña, concediéndole un día cada dos semanas, aunque finalmente en enero 2010 suspendió totalmente este régimen y desde entonces madre e hija no han vuelto a verse ni a saber la una de la otra.

Causa inexistente

El texto admitido a trámite también afirma que la propia Dgaia reconoce en su expediente administrativo que “la causa que en su día motivó el desamparo nunca existió y por lo tanto no debe persistir la situación de desamparo”.

La Dgaia no ha devuelto a la madre la custodia de la niña, que ya tiene siete años, y sigue manteniendo la suspensión de visitas a día hoy, a pesar de las reiteradas peticiones, por lo que Nathalia M. sospecha de que “presuntamente los responsables de este caso han utilizado su influencia en el sector público para su negocio privado”, favoreciendo al padre.