El señor Pitarch (d), junto al ex ministro socialista de Defensa, José Antonio Alonso.

Por Juan Aguilar.- El pasado 4 de diciembre, el teniente general retirado Pedro Pitarch nos obsequió con un artículo en su blog titulado “¿Latente 23F?” en el que criticaba la ola de solidaridad levantada entre los miembros de las Fuerzas Armadas con el general Pontijas, destituido por el ministro de Defensa a cuenta de una moderadísima editorial en la revista Ejército.

Se lamenta Pitarch de que “van siendo demasiados los disparates orquestados alrededor del cese del director de la revista Ejército”. Es una opinión muy respetable, tan respetable como la de los que pensamos todo lo contrario y somos muchísimos los ciudadanos que queremos conocer la opinión de los militares. Porque también son ciudadanos (no súbditos con sus derechos fundamentales suspendidos) y porque no en vano, las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución más valorada por los españoles.

En cualquier caso, el general Pitarch está en su derecho de opinar lo que crea conveniente y lo celebramos. Eso es lo que muchos deseamos, que se hable. Que se hable mucho y en libertad… que ya está bien. Dicho esto, en base a esa misma libertad que el general Pitarch ha utilizado para arremeter contra los “disparatados” que se solidarizan con el general Pontijas, es la que utilizamos otros para salir al paso de algunas afirmaciones del general Pitarch escritas en su blog.

El general Pontijas ha defendido al Estado y la Constitución

Partimos del hecho afirmado por el general Pitarch de que su crítica a la editorial del general Pontijas es por la forma y lugar de publicación, no por su fondo. En sus propias palabras:

“Aclarar algo que se va transformando por el boca a boca. Yo, en ningún momento (que recuerde), atribuyo el cese a lo que su director, supuestamente, escribió en “Ejército”, sino el haberlo hecho, precisamente, en el editorial de esa revista. Por otra parte, si lee un post anterior “Editorial desafortunado” comprobará que afirmo, y es fácilmente demostrable en este blog, que cada una de las cosas que se dice en el editorial de marras, ya las había escrito yo mismo. Por tanto, que suscribía el texto”.

Menos mal, mi general, porque nos habíamos asustado… Pero dice el general Pitarch que “compadecerse y apoyar al compañero en malos momentos es una cosa. Felicitarle públicamente cuando actúa fuera de la ley o la norma legalmente establecida es otra distinta”. Negamos la mayor y no podemos sino estar en completo desacuerdo. Y aquí entramos en el fondo de la cuestión.

La revista Ejército “tiene, o debería tener, un carácter técnico”; es decir, sólo puede hablar de despliegues y armamento, y poco, porque lo que pase de táctica y roce la estrategia está invadiendo la esfera de la política militar reservada a los políticos. ¿Es eso lo que quiere decir?

Ha dicho V.E. que “los militares (activo o reserva) tienen el deber de la “neutralidad política” de acuerdo con el artículo 12.2 de la L.O. 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las FAS”. Lo cual, para usted, parece querer decir que deben estar ciegos, mudos, sordos y paralíticos mientras una alta autoridad del Estado pide (¿y ejecuta?) la desintegración de España, cuya defensa tienen encomendada por la Constitución. La Carta Magna, aunque no le guste, es algo superior a su citada L.O. ¿Esto lo entiende, verdad?

Pero vamos más allá. ¿Están legitimados los militares para hablar de cuestiones de ESTADO? Legitimados si –puede que no sea “legal”, para eso hay juristas-, y están legitimados por la propia Constitución, Ley máxima del ordenamiento jurídico español. Tuve el honor de publicar en la revista XXI Legio, siendo redactor jefe, un artículo de un profesor de Derecho Constitucional titulado “La garantía militar de la soberanía popular” (Número 7). Me ahorro el nombre del autor, pues escribió con seudónimo para no ser víctima de la represión del Régimen de “libertades” y evitar que le pusieran en la puta calle (sí, mi general, así es el Régimen al que Vd. ha servido y al que defiende).

El citado profesor señalaba que era significativo que los constitucionalistas hubieran situado el articulado referido a la misión encomendada a las Fuerzas Armadas de garantizar la soberanía, integridad e independencia de España fuera del apartado constitucional referido al Poder Ejecutivo (Título IV). Es más, el famoso artículo 8 se encuentra en el Título Preliminar de la Constitución, que como cualquier aficionado al Derecho sabe, “tiene el mayor rango normativo si consideramos que solo pueden ser modificados aplicando el procedimiento agravado de reforma del artículo 168, mientras que los preceptos del Título IV pueden ser reformados por el procedimiento simple del artículo 167”. Es decir, el artículo 97, que da las competencias constitucionales al Ejecutivo para dirigir la administración militar y la política de Defensa no pueden “matizar”, como Vd señala, al artículo 8, que explicita, de forma clara y diáfana, la misión encomendada a las Fuerzas Armadas.

Podría Vd. pensar que esta es una interpretación “nuestra” cogida por los pelos para justificar alguna aventura “golpista” con las que tantas veces han intentado meternos el miedo en el cuerpo a los ciudadanos. No es así. En el Diario de Sesiones de las Cortes que elaboraron la Constitución figuran las siguientes palabras del diputado socialista y experto en temas de Defensa, Enrique Múgica Herzog:

“… Su misión (de las Fuerzas Armadas), muy por encima de las opiniones en litigio, no puede ser ajena a los problemas de la comunidad objeto de la política de más alto nivel, que mantiene la esencia de la Patria y garantiza la supervivencia del Estado. Esta doctrina militar… se identifica con el artículo 1 de la Constitución que dice: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado (…) La triple misión que el texto constitucional confiere al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire constituye el límite de la paciencia y del combate por la razón cuando la terquedad, el fanatismo o la ignorancia de la realidad que tengan presuntos adversarios obligue al mantenimiento de nuestra comunidad si pugnaran aquéllos por la fuerza de su supervivencia”.

Usted es inteligente, mi general. Sabe perfectamente interpretar estas palabras. Son las de un constitucionalista, uno de los padres de nuestra Carta Magna y, precisamente en lo político, no un exponente de la derecha dura y patriotera.

La Institución Militar, como el CNI, las Fuerzas de la Seguridad del Estado, los órganos judiciales y otras instituciones no están para servir al Gobierno de turno ni a una casta política-empresarial. Están para servir al Estado por encomienda del pueblo español, ÚNICO SOBERANO, que le entrega las armas para que cumplan esa misión. Y esa misión no puede verse “matizada” por el artículo 97 de la CE, es decir, por las decisiones arbitrarias de gobiernos que en muchas ocasiones son mirados con desconfianza por la población.

En consecuencia, afirmar que el general Pontijas se ha puesto fuera de la Ley por escribir (o autorizar) esa editorial es un argumento falaz, equivocado, cuando no mal intencionado. El general Pontijas ha cumplido con su deber de señalar a los enemigos del Estado y advertir de las consecuencias. Para eso, y no para arrastrarse servilmente ante un ministro o un Gobierno, es para lo que los españoles le pagamos la nómina.

Si a ello añadimos que nos resulta incomprensible que se mantenga a los militares con la boca cerrada, conculcando derechos fundamentales amparados en la Constitución (art. 20) y ratificados por tratados internacionales y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, firmada y ratificada por España, podemos y queremos afirmar que el general Pontijas ha sido víctima de una acción represiva, arbitraria, dictatorial e ilegítima que deslegitima al Gobierno y, por extensión, a todo un Régimen que ampara estas situaciones, ya vividas anteriormente con el triste asunto de la destitución del general Mena.

Son otros los delincuentes sociales y políticos que conculcan las Leyes

Señala el general Pitarch en su artículo:

“¿Con qué fuerza moral se puede exigir a otros el cumplimiento de las leyes cuando simultáneamente se está amagando con incumplirlas uno mismo? No solo se está desinformando a la gente, sino que parece intentarse inocular y fomentar en el interior de las FAS un nocivo estado de opinión, que bien poco se compadece ni con la disciplina ni con la neutralidad política que los militares deben observar siempre, por ser rasgos característicos de la institución militar en un estado democrático de derecho en el siglo XXI”.

Bien, mi general, ya le hemos expuesto una interpretación de la Constitución que ampara el editorial del general Pontijas. Por tanto, fuerza moral, toda la del mundo y más. Porque los que están incumpliendo las leyes son las organizaciones políticas separatistas que pretenden destruir el Estado español y el Gobierno y las instituciones que deberían aplicar las leyes para defender al Estado. El general Pontijas no “amaga” con nada en su editorial, eso sí es desinformar a los lectores. Respeta la “neutralidad política” porque en ninguna línea de su editorial se defiende a ninguna opción política legítima, defiende al Estado que es para lo que la soberanía nacional, el pueblo español le ha puesto ahí. Y tampoco “fomenta” nada en el seno de las Fuerzas Armadas, porque el descontento en éstas ya es brutal y lo que ha escrito el general Pontijas es lo que piensa la inmensa mayoría de los uniformados, de soldado a general. Los que fomentan el descontento en las FAS son otros, entre ellos un inefable ministro de Defensa de un patético Gobierno desnortado, que se ha convertido en un auténtico peligro para la Nación.

Si esto que sufrimos en España –en lo civil y en lo militar- es lo característico en un estado democrático de derecho en el siglo XXI, entonces el pueblo español tiene un problema, un grave problema. Este es un Estado donde la corrupción es norma, donde impunemente se incumplen las leyes, donde una casta político-empresarial usurpa poderes e instituciones en contra de los intereses del pueblo español, ÚNICO SOBERANO,… un Régimen deslegitimado hasta la médula, crisis que ya se empieza a expresar en las últimas encuestas del CIS.

Ciertamente, las armas que se entregan a los Ejércitos y la Armada no son un patrimonio de los militares. Son patrimonio del pueblo español y los deposita en manos de las Fuerzas Armadas para que cumplan una misión: el art. 8 de la Constitución, la defensa del Estado. Ahí está, en el Título Preliminar de la Constitución, al que deben supeditarse el resto de las Leyes del Estado, incluido el cómo y el cuándo del uso de la fuerza.

Por otro lado, como hemos afirmado, nadie está legitimado para impedir la libertad de expresión de ningún ciudadano, pero mucho menos si esa expresión es en cumplimiento de su misión constitucional y por la cual los españoles le pagamos la nómina. El general Pontijas ha cumplido con su deber. Lo que en esto tiempos le honra.

Por otra parte, usted señaló ayer a El Confidencial que “algunos militares” están tratando de “instar públicamente a quebrar la disciplina y el ordenamiento legal” a través de Internet, las redes sociales y foros de opinión, “haciendo circular profusamente mensajes incitando a saltarse las leyes y la normativa vigente”. ¿Está usted seguro?. ¿De ser así no habría intervenido el mando o la fiscalía militar? Demuéstrelo, es sencillo: copie y pegue. ¿No será que está usted caldeando el ambiente para propiciar una “corrección” por un mero motivo de “alarma social” que usted, de forma gratuita, está atizando.

El “cuento” del 23-F

Acusa al general Pitarch de que los que sostenemos una opinión contraria, más aún, si visten a han “vestido el uniforme militar es, simplemente, una ruindad. Seamos claros: el perverso espíritu que animó el intento del golpe del 23 F parece seguir latiendo y aflora a la menor ocasión”. Y aquí ya se pierden las formas. Ruindad las cometerá Vd y su estirpe, mi general, no los soldados de España que cumplen con su deber.

Seamos claros… Aquí no hay ningún “perverso espíritu que animó el intento del golpe del 23 F”, porque aquella historia surgió desde las cloacas del Régimen, se impulsó desde el Régimen y se tapó desde el Régimen… para legitimar al Régimen y a su Jefatura. La verdadera historia ya es demasiado conocida para que nos sigan engañando con el mismo cuento. La bibliografía está al alcance de cualquiera. Ya no nos engañan más. No, mi general, aquí no hay “quiebra de la disciplina”, sino lealtad al pueblo español, al Estado y al Honor y Dignidad de las Fuerzas Armadas.

Sacar a colación el 23-F para atacar el malestar por la indignidad cometida contra el general Pontijas es tan despreciable como si nosotros le sacáramos a Vd. que fue Asesor de Seguridad y Defensa del Gobierno de Felipe González entre 1990 y 1994… es decir, Vd. colaboró con el Gobierno implicado en los GAL y en el crimen de Estado hasta dos años antes. Claro que a lo mejor eso sí estaba en “lo militar” del siglo XXI. Pero no se preocupe, nunca cometeremos la ruindad de señalarle a Vd como “colaboracionista” de aquél Gobierno. Estamos convencidos de que hizo su trabajo como mejor supo y entregó su tiempo y esfuerzo al servicio de España… Solo le pedimos que tenga la misma consideración con los demás.

Finalmente, mi general, acaba Vd. con unas palabras muy bien traídas: “Ningún servidor del estado, civil o militar, tiene bula para atacar pública e impunemente, ni siquiera en el mero plano declarativo, lo prescrito por las leyes y la constitución que han jurado guardar y hacer guardar”. Palabras perfectamente aplicables a los traidores separatistas de la Generalidad, pero no en el caso del general Pontijas. Y Vd. lo sabe.

Hace bien en alertar del descontento militar, porque existe y es grande, muy grande. Pero no tanto como el descontento civil, que clama ya desde distintas posiciones y ámbitos por la apertura de un proceso constituyente y que se acabe con este estado de cosas. El Régimen está podrido y el pueblo soberano va tomando conciencia de ello. Y como éste se desborde de forma masiva, los militares del “siglo XXI” sabrán muy bien donde tienen que estar y qué es lo que tienen que defender. No en vano, nuestro Ejército, cito de nuevo a Múgica Herzog en el Diario de Sesiones de las Cortes, surgió a la modernidad “en la Guerra de la Independencia cuando, destruido por el impacto de la invasión extranjera un ejército cuyos mandos requerían para serlo blasones de aristocracia, fue sustituido por otro surgido del pueblo que, a la par que defendía el país, mantenía la onda exigencia de que quienes lo habitaban dejaran de ser un colectivo de súbditos para convertirse en una comunidad de ciudadanos”. Y los ciudadanos no se callan.