Francisco Rubiales.- Alberto Ruiz Gallardón ha conseguido el más difícil todavía como ministro de Justicia al poner de acuerdo, en su contra, a todas las asociaciones de jueces, fiscales y abogados con una ley de tasas judiciales que, en palabras pronunciadas por el propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, es «difícilmente explicable». Esa ley traerá grandes quebraderos de cabeza al gobierno de Rajoy porque es altamente sospechosa de inconstitucionalidad, ya que rompe el principio de igualdad, además de ser clasista, elitista e injusta.

De todos las atropellos, arbitrariedades y abusos perpetrados por el PP durante el año que lleva gobernando, ninguno ha sido tan feroz, antidemocrático y desvergonzado como el que ha promovido Gallardón con su “tasazo”, una medida que elimina la Justicia gratuita y l convierte en un privilegio para ricos y en una trampa mortal para pobres y desvalidos.

Si se analiza con detalle y objetividad, la perversión que encierra ese asesinato de la justicia gratuita es todavía más indecente que los desahucios, mas injusto que los impuestos abusivos al ciudadano español, más intolerable que los privilegios inmerecidos que disfruta la “casta” política de España y casi tan repulsivo como el desempleo masivo y la pobreza obligada que tienen que soportar millones de españoles.

Hay quien dice que el gobierno no esperaba tanta resistencia ni rechazo de esa medida, claramente inconstitucional, porque el principal objetivo era recaudar mas dinero para el gobierno insaciable, pero nadie se cree a estas alturas que la avaricia sea la única causa de que los ciudadanos españoles estén siendo desposeidos, sistemáticamente, de sus derechos y conquistas históricas. Tiene que haber mas maldad en esos movimientos, todos ellos cargados de desigualdad, opresión e injusticia. Hay que ser muy malvado o por lo menos estar profundamente alienado y ajeno a la realidad para introducir ese cambio en la política de Justicia, que, al perder su gratuidad, se convierte en una trituradora que beneficia a los que pueden costear recursos, apelaciones y litigios largos, mientras que los pobres, al no poder pagar las tasas, son aplastados y se verán obligados a someterse más y a soportar con rabia e impotencia los abusos e injusticias de los poderosos.

La Administración, que es la que más recurre cada vez que el ciudadano protesta o reclama, no tendrá que pagar esas tasas, otra injusticia inmoral y rastrera que devalúa al ciudadano y desequilibra el sistema judicial en favor del poder.

Hasta para recurrir una multa habrá que pagar, lo que va a ahorrarle muchos miles de millones de euros al Estado. Los pobres y desposeidos tendrán que aceptar las migajas que les ofrezcan las administraciones, las aseguradoras y las grandes empresas como compensación por daños y perjuicios, si no quieren adentrarse en un costoso, largo e interminable laberinto de recursos judiciales y apelaciones que sólo estará al alcance de los ricos.

Una rara unanimidad en la protesta, el rechazo y la indignación ha despertado el “tasazo” de Gallardón, un ministro millonario por tradición y familia que debe desconocer por completo lo que el pueblo sufre y padece. Lo han rechazado los jueces, los fiscales, los abogados, los procuradores, las asociaciones judiciales, los trabajadores del sector, los expertos y el pueblo en general.

A pesar de todo, la arrogancia del PP podría mantener su injusticia e imponerla al pueblo impotente y desamparado por esta falsa y depravada democracia, hecha a medida de los fuertes e implacable para los débiles.

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