La decisión del Tribunal Constitucional que afirma que el mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo es conforme a la Nuestra Carta Magna no ha sido una decisión jurídica sino política. El artículo 32 de la Constitución es claro cuando afirma que el matrimonio es un derecho del hombre y de la mujer. Por historia y por contexto cultural es evidente que nuestra Constitución consagra la institución matrimonial como una relación entre personas de sexo diferente. Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional supone una reforma por la puerta de atrás de la norma de normas.

Se puede afirmar sin exageraciones que la reforma del matrimonio que elimina la nota esencial de la diferencia sexual, supone una expropiación a los auténticos matrimonios. El matrimonio, fundamento de civilización occidental, dejar de ser tal con la normativa que en su momento aprobó el Gobierno de Zapatero y ahora valida el Tribunal Constitucional.

Por eso hay que recordar que no todo lo que es legal es legítimo moralmente. Un matrimonio entre personas del mismo sexo nunca será matrimonio. Las leyes no cambian los valores innegociables y la diferencia sexual entre los contrayentes del matrimonio lo es. Esa diferencia es la que hace posible la complementariedad sexual, camino para una felicidad plena, así como la estabilidad para la transmisión de la vida y para la educación de los hijos.

La mayoría progre decide

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso interpuesto por el PP en 2005 contra el matrimonio homosexual por ocho votos contra tres y ha avalado el contenido de la reforma legal impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por considerar que no vulnera la Carta Magna.

La resolución se ha acordado gracias los votos de los siete magistrados de la mayoría progresista de la corte y de uno de los magistrados conservadores, Francisco Pérez de los Cobos. Los otros tres juristas nombrados a propuesta del PP votaron en contra y el quinto conservador del pleno, Francisco Hernando, tuvo que apartarse del debate y votación de la impugnación por haber respaldado en 2005, cuando presidía el Consejo General del Poder Judicial, un informe que dudaba de la constitucionalidad de esta reforma del Código Civil.

El fallo resuelve la incertidumbre jurídica que desde hace siete años viven las aproximadamente 25.000 parejas de gay y lesbianas que han contraído matrimonio civil. La sentencia no se conocerá hasta dentro de unos días, cuando estén redactados los votos particulares.

La RAE cambió la acepción

El PP, en un recurso firmado tres meses después por 50 diputados de su grupo, que hizo suyo el informe conservador del Poder Judicial, entendió que la reforma violaba siete artículos de la Constitución y, de forma especial, el 32, el que enuncia el derecho al matrimonio de hombres y mujeres «con plena igualdad jurídica». Consideraron ilegal la nueva redacción del Código Civil, «por no respetar la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer» y por «desnaturalizar» con este cambio esta institución jurídica.

El recurso también hacía referencia, entre otros aspectos históricos, a la definición que la Real Academia de la Lengua Española hacía del matrimonio: «la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos y formalidades legales». Con posterioridad, la Academia incluyó una nueva acepción: «En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo…».