Francisco Rubiales.- El gobierno español y el resto de las administraciones públicas, agobiadas por la escasez de dinero, siguen apretando el dogal sobre el cuello de los ciudadanos y acribillándolos cada día más con impuestos. Ahora el Gobierno acaba de aprobar la ley que limita a 2.500 euros los pagos en efectivo, la obligación de informar sobre cuentas y valores en el extranjero y la “imprescriptibilidad” de las rentas no declaradas, mientras los ayuntamientos y comunidades autonomías incrementan, por su parte, impuestos y tasas, convirtiendo la vida del expoliado ciudadano español en un infierno.

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Saéz de Santamaría, acaba de repetir esa especie de “fórmula mágica” que dice “Hacienda somos todos” para defender que deben acabarse en España los trabajos abonados sin IVA, en dinero que escapa al control fiscal, pero su afirmación sólo es válida en aquellos países que son realmente democráticos y decentes, no es países como España, donde los políticos que han saqueado las cajas de ahorros y parte del erario público siguen libres, sin ser juzgados y sin que la Justicia les obligue a devolver lo robado. El gobierno español, al mantener el tamaño injusto y gigantesco de un Estado que tiene más políticos cobrando dinero público que Francia y Alemania juntas, y al no renunciar a lujos, privilegios y caprichos que el pueblo rechaza abiertamente, carece de autoridad moral para pedir rigor, cumplimientos y sacrificios a sus ciudadanos.

El problema del vertiginoso incremento de los sacrificios en España, generados por una mezcla explosiva de voracidad fiscal y durísimos recortes en los servicios, prestaciones y derechos, es que los ciudadanos no entienden ni comparten que se le pidan esfuerzos suplementarios mientras el gobierno se niega a adoptar las medidas que el ciudadano desea y la racionalidad demanda. No es ´decente aplastar a los ciudadanos con impuestos y recortes cuando los gobernantes no han cerrado ni una sola televisión pública, ni eliminan las empresas públicas inútiles y los cargos superfluos que prometieron eliminar. Cuando la indecencia y la mentira gobiernan, carecen de autoridad moral para imponer sacrificios.

Los políticos españoles están convirtiendo algunos excesos de recaudación en una confiscación de bienes realizada contra la voluntad del ciudadano, todo un expolio que no tiene justificación política ni moral, dado que los políticos siguen disfrutando del grueso de sus privilegios y ventajas y de que siguen vigentes políticas injustas y denostadas por los ciudadanos, como la financiación con nuestros impuestos de partidos políticos, sindicatos y patronales, la inflación de políticos inútiles cobrando del Estado y el mantenimiento de lujos y caprichos del poder, que no aportan nada a la sociedad, como son las costosas televisiones públicas,las embajadas catalanas en el exterior y miles de instituciones y empresas públicas que no cumplen otro fin que el de pagar sueldos a los familiares y amigos de los dirigentes y partidos políticos.

Exprimir a los ciudadanos con impuestos, tasas y sacrificios mientras los políticos mantienen sus lujos, caprichos y privilegios inmerecidos genera una situación de injusticia que se manifiesta en divorcio, rechazo y hasta odio de los ciudadanos hacia sus gobernantes, un estado de “peligro” que convierte a las autoridades en opresoras y que, en democracia, resta legitimidad a los que gobiernan.

Muchos ciudadanos declaran en foros y redes sociales que sólo pagan impuestos por miedo a ser sancionados, pero que creen firmemente que sus contribuciones, lejos de servir para garantizar servicios básicos, pueden ser robadas y saqueadas por los mismos políticos que ya han demostrado su calaña saqueando o permitiendo el saqueo de las cajas de ahorro y parte de las arcas públicas.

La sensación de “injusticia” fiscal existente en España es grave y profundamente antidemocrática porque la democracia es un sistema que se basa en la confianza y la satisfacción del ciudadano, algo que no existe en la España actual, donde esos sentimientos cívicos han sido sustituidos por el rechazo, el desprecio y hasta el odio por una clase dirigente a la que se acusa, abiertamente, de corrupción, abuso de poder y un sinnúmero de arbitrariedades.

Los sentimientos de rebeldía y de insumisión crecen en una población cada día más distanciada de sus dirigentes, una situación explosiva e inédita en una Europa que, además de problemas financieros, tiene gravísimos problemas éticos y democráticos y que se aleja de un patrón que tiene por banderas la democracia, la sintonía entre administradores y administrados y la decencia de los dirigentes políticos.

Voto en blanco