EP.- Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909.

Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.

El informe elaborado por los jueces, habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, dice textualmente el informe, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.

El informe, que forma parte del estudio Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles, ha sido dirigido por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, y elaborado durante ocho meses junto a seis magistrados de distintos puntos de España. Propone una transformación de fondo en el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial decidió este miércoles no asumir el contenido del informe Propuestas para la reforma y agilización de los procesos civiles, elaborado por un grupo de seis magistrados, coordinado por el vocal Manuel Almenar a instancias del propio consejo.

El anexo que figura unido al trabajo y titulado Propuestas en materia de endeudamiento familiar y consecuencias de la ejecución hipotecaria, no fue formalmente aprobado por el grupo de magistrados responsable de la elaboración del informe, si bien existió un amplio consenso sobre el mismo, según explicó en el pleno el coordinador, Manuel Almenar.

Tal y como señalan los magistrados implicados en este Informe, es inconcebible que el CGPJ consienta que este informe quede en papel mojado ante la lamentable situación actual. De hecho la Institución del CGPJ debería abanderar esta reforma en “pro” de la representación de los derechos Fundamentales en España, y no vale abstenerse sin más.

Ciertamente la polémica está servida dentro del CGPJ, ya que las últimas referencias apuntan, según el diario “El País” a que las posiciones en el seno del Consejo están divididas.

Mientras tanto, continúa el enfrentamiento entre instituciones como el Defensor del Pueblo y el CGPJ. Unos presionan para poner fin a los abusos de los bancos y otros para mantener el “status quo”.

El drama de J.M.D.A

Algo más de un centenar de personas se han concentrado hoy ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada para exigir medidas que eviten los desahucios, en un acto de protesta que se ha celebrado tras el funeral del hombre que se quitó ayer la vida poco antes de ser desahuciado.

Los manifestantes, convocados por el grupo Stop Desahucios, se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno para exigir que se tomen medidas legales que eviten el “drama social” de las cuatro familias que pierden su casa al día en la provincia de Granada.

J.M.D.A., de 53 años, fue encontrado ayer sin vida poco antes de que se ejecutara la orden de desahucio que pesaba sobre su vivienda. Representantes del Grupo Stop Desahucios, con el permiso y el apoyo de la familia del fallecido, se han reunido con el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez López, para transmitirle sus exigencias y pedir un cambio en la ley hipotecaria que ampare a las personas que se enfrentan a un desahucio.

Los concentrados han coreado lemas como “esto es lo que pasa, si nos quitan la casa” o “Con tanta corrupción, los banqueros a prisión” y han reivindicado un trato más humano a las personas que se enfrentan a la pérdida de sus viviendas por no poder afrontar los pagos hipotecarios.

Apoyo a los familiares

Antes de la concentración, miembros de Stop Desahucios han mostrado su apoyo en el cementerio de Granada a los familiares y amigos del fallecido, y han adelantado nuevas movilizaciones para exigir a jueces, políticos y bancos que alcancen acuerdos que den alternativas a los desahuciados.

Dimisión de la clase política

“Pedimos además la dimisión de la clase política, que tiene las manos manchadas por la muerte de ayer y exigimos cambios sin esperar a que más gente muera por su derecho a la vivienda”, ha recalcado la portavoz de Stop Desahucios en Granada, Ana Guardia.

La Plataforma ha convocado otra concentración a las siete de esta tarde en la Plaza de las Palomas del barrio granadino de la Chana, donde residía el fallecido, a la que acudirán sus hermanos.

En 2007, al fallecido le fue concedido un préstamo hipotecario sobre su vivienda y el local de su negocio -una pequeña librería-, por una cuantía de 240.000 euros, pero dos años más tarde la entidad financiera inició un procedimiento judicial derivado de una deuda. Fuentes de la entidad aseguran que lograron llegar a un acuerdo de dación en pago y que durante los tres últimos años el fallecido residió en la vivienda sin que se le reclamara pago alguno.

Aunque durante ese tiempo trataron de buscar soluciones, éstas no llegaron a materializarse, según la entidad financiera, y hace unos meses el fallecido aceptó abandonar la vivienda, si bien no fue hasta ayer cuando se decretó la ejecución de la orden de desahucio