En febrero de 2010, el presidente de Catalunya Acció y ex candidato de Solidaritat a la Alcaldía de Barcelona, Santiago Espot, confesó durante una tertulia televisiva que su organización había presentado durante el año anterior cerca de 3.000 denuncias anónimas contra comercios que no rotulaban su establecimiento, al menos, en catalán.

Este domingo, El Mundo ha publicado una entrevista con Roger Seuba López, un bibliotecario de 32 años nacido en Aviá pero residente en Castellbell y Vilar (municipios barceloneses) que asegura haber colaborado con Catalunya Acció realizando alrededor de 5.000 denuncias en los últimos cinco años contra empresas de toda Cataluña por el único motivo de haber elegido el español como lengua vehicular de sus negocios.

Una red de medio centenar de informadores

La nueva estrella de la delación lingüística en Cataluña ha recorrido toda Cataluña libreta en mano anotando los datos de los establecimientos cuyos rótulos no estuvieran escritos en catalán. Desde la Costa Brava a la Costa Dorada, pasando Barcelona y por multitud de municipios del área metropolitana y del interior, Seuba dice haber efectuado caminatas de hasta diez horas diarias como si de un inspector de consumo se tratase.

Este gran inquisidor reconoce que cuenta con una red de medio centenar de colaboradores que, además de informarle de los empresarios que osan utilizar el castellano en sus tiendas, firman algunas de las denuncias que él mismo rellena.

“Una situación a corregir”

Hijo menor de un antiguo militar del Ejército franquista, Joan, y de una maestra de escuela de pasado falangista, María Rosa, Seuba explica que todo empezó en la época en que se instaló en Barcelona para estudiar:

“Rápidamente detecté el empeoramiento de la situación lingüística: cartas de restaurantes escritas sólo en inglés y en español, funcionarios sin ningún conocimiento del catalán, etiquetaje de productos en castellano, cuerpos de seguridad que exigían al ciudadano expresarse en español, ausencia de películas en catalán en los cines… Decepcionado ante el panorama, me propuse ayudar a poner remedio a esto, así que me planté en la sede de Plataforma per la Llengua y allí aprendí el proceso de las denuncias, las sugerencias y las quejas a Consumo”.

Dos de las poblaciones en las que más empeño ha puesto para llevar a cabo “la normalización del catalán” han sido las turísticas Lloret de Mar y Salou. “Aquello era terrible. Carteles en cualquier idioma menos en catalán. Era una situación a corregir”, indica.

El catalán, “maltratado por el PP en el Tribunal Constitucional”

Seuba, que se declara independentista, lamenta que en el centro cívico de Barcelona donde trabaja como recepcionista a tiempo parcial la mayoría de las clases se imparten en castellano “a pesar de que uno de los niños es hijo de un dirigente de ERC”.

“El catalán ya estuvo bastante perseguido durante muchos años, y actualmente ha sido maltratado por el PP en el Tribunal Constitucional, como para que ahora vengan ustedes a recortar su uso. Por tanto, les pediría que lo incluyesen en sus rótulos, así los clientes catalanes estaremos más satisfechos”, dice que explica a los propietarios de las tiendas que visita y a los que avisa de que van a ser denunciados.

Su últimas denuncias son de hace un año. La crisis le ha obligado a reducir el ritmo de sus inspecciones. Ahora se apoya más en las nuevas tecnologías y comprueba los rótulos de los comercios que le indican sus colaboradores a través de Google Earth para evitar “hacer un desplazamiento en balde”. “Nadie me ha patrocinado ni ayudado económicamente. Sólo las fotocopias de mis denuncias, que las hice en Plataforma per la Llengua, entidad que las tramitaba”, asegura.

“Esta gente de la Generalidad no inspecciona bien”

Seuba presume de haber conseguido forzar a la multinacional Unilever para “normalizar” unas 4.000 cartas de los helados de la marca Frigo. “Es de lo que más orgulloso estoy. ¿Cómo lo hicimos? Atacando el mismo objetivo desde Cataluña, Islas Baleares y Andorra”, asegura. Por el contrario, no ha podido “del todo” con Cepsa. “En sus gasolineras han incorporado el catalán, pero en pequeño, no sea que alguien vaya a molestarse. Claro, qué van a hacer, son patrocinadores de La Roja“, concluye.

El delator asegura que la mayoría de tiendas denunciadas cambian rápidamente los carteles tras ser denunciados. Solo los que denomina “anticatalanistas” y las multinacionales son más reacios a ceder a su chantaje.

Durante la entrevista, Seuba saca su teléfono móvil y se dirige al periodista de El Mundo, en el que recibe avisos de “posibles infractores”: “Fíjate en esta foto de un bar que he denunciado. El rótulo está bien, en catalán, pero las pizarras de la acera mantienen menús en castellano. Esta gente de la Generalidad no inspecciona bien”. Seuba calcula que “harían falta” unas 15.000 denuncias más. “Nos quedamos cortos”, insiste.

Un millar de multas por más de un millón de euros

Entre 2004 y 2011, la Agencia Catalana de Consumo -dirigida por Alfons Conesa, ex directivo de Òmnium Cultural- ha impuesto algo más de un millar de multas a empresas que decidieron elegir el español para relacionarse con sus clientes, y ha recaudado más de un millón de euros por este motivo. 2011, el primer año con Artur Mas al frente de la Generalidad, ha sido el que más sanciones por este motivo ha registrado.

Esta semana, el Tribunal Constitucional ha declarado nulo un precepto sancionador del Estatuto del Consumidor de Cataluña de 1993, lo que abre la puerta a recurrir las multas lingüísticas impuestas hasta el año 2010, en que se aprobó el nuevo Código de Consumo.

El Código de Consumo, pendiente del Constitucional

Por otra parte, el Código de Consumo en vigor impone a las empresas la obligación de utilizar el catalán oralmente y por escrito en múltiples circunstancias, tales como las ofertas, las invitaciones a comprar, los rótulos, la información de carácter fijo, y toda la documentación contractual, entre otros elementos. Además, insta a los consumidores a ‘cooperar’ con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de esta legislación mediante la denuncia.

Aunque esta ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional, de facto, no tiene validez jurídica puesto que el propio Alto Tribunal ya se pronunció al respecto en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, dictaminando lo siguiente:

“El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos”.

Fuente: Voz de Barcelona