Por Julio Liarte Parres.- En cuanto a las ayudas a la formación del Fondo Social Europeo, los reglamentos aplicables habían sido afortunadamente aprobados por unanimidad en la Asamblea del día 4 de febrero de 1997. Digo afortunadamente porque unos pocos días más tarde fue cuando se abrió la caja de los truenos al pasar al grupo mixto los dos diputados locales citados y, a partir de ese momento, hubiera sido muy difícil, si no imposible, conseguir la aprobación de los mismos. En la imagen, Enrique Bohórquez (i) y el discutido presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

Los “empresarios” que pretendían pegarle un buen “bocado a la tarta” de las ayudas europeas, y que ya habían iniciado los contactos políticos de alto nivel para acceder a las mismas, ya tenían un marco reglamentario mediante el que podían canalizar sus propuestas. Vino, aproximadamente en mayo o abril de 1997, un señor de Málaga, el señor Barbeito, empresario especializado en ofrecer cursos de formación subvencionados, primero del INEM y luego, tras el traspaso de competencias, de la Junta de Andalucía. Conocía bien el asunto puesto que había sido previamente funcionario del INEM PPO, y alguien le había informado de la aprobación del programa europeo de Melilla.

A continuación de la entrevista con nosotros, fue a saludar al Consejero de Economía, Nicolás Sánchez, y, por supuesto casualmente, poco después llegó a un acuerdo con Bohórquez para crear una nueva empresa, en la que figurarían ambos como socios, que se especializaría en dar cursos de formación subvencionados por los fondos europeos y gestionados por la Ciudad Autónoma de Melilla, aunque también tenían puestas sus miras en los cursos del INEM. Más o menos el acuerdo consistía en que Bohórquez aportaría la nave recientemente adjudicada y sus importantes contactos en la ciudad, mientras que Barbeitio aportaría su experiencia y capacidad de gestión demostrada durante décadas en el sector. La empresa fue denominada Grupo Autoedit, SL, y ambos iban a ser administradores solidarios de la misma. Poco tiempo después, durante el mes de julio de 1997, el nuevo “grupo”, todavía en proceso de formación, presentó una solicitud informal, a modo de ante-proyecto y declaración de intenciones, de cursos de formación por un importe superior a los 500 millones de pesetas.

Las cartas estaban echadas. No obstante, seguimos funcionando como si tal cosa, primero confeccionando, luego aprobando, y después publicando en el Boletín Oficial de Melilla la lista de cursos prioritarios en base al estudio realizado del mercado de trabajo de la ciudad. Una relación de cursos prioritarios que restringía y determinaba cuales iban a poder ser las acciones formativas que podrían subvencionarse, y que, en su mayor parte, no coincidían con el ante-proyecto presentado. Vuelvo a repetirme, hay personas que creen que la oferta es una fuerza suficiente para crear demanda, es decir, que lo importante es que existan cursos, por ejemplo, de operador de robots en instalaciones industriales, para que sean concedidos y que acudan a ellos decenas de desempleados a formarse, los cuales, en su mayoría, nunca podrán obtener un trabajo en Melilla a menos que decidan emigrar a otras regiones o países donde sí podrían hacerlo.

Pero esto último es un caso marginal y no excesivamente común, aunque también podría tener su importancia económica, pero, a mi juicio, no le correspondería hacerlo a una administración territorial. La cuestión es que es, precisamente, al revés, la demanda es la que debe crear la oferta de formación, y la demanda de formación viene derivada de la demanda de trabajo por parte de las empresas y entidades, tanto de la actual y no cubierta como de la futura, al menos a corto plazo, es decir: en función de la estimación fundada de las necesidades que van a necesitar cubrir los empresarios e instituciones de la localidad, hay que determinar cuales son las actividades formativas que van a realizarse. Como hablamos de futuro puede haber errores, eso está claro, pero siempre es mejor tener pocos que muchísimos errores, y, además, lo que es absolutamente necesario es invertir, en la mejor manera posible, unos recursos públicos escasos. En lenguaje llano: que no se trata de darle dinero a amiguetes del que manda, sino de conseguir los mejores resultados posibles en el público al que va dirigido, que son los desempleados. Precisamente, mediante el diseño de los reglamentos que ya estaban en vigor, habíamos tratado de evitar este tipo de efectos perversos, que previamente habíamos podido observar, en nuestra visita a cuatro comunidades autónomas, que, desafortunadamente, estaban más extendidos de lo deseable.

Poco más tarde, a principios de septiembre de tal año, Nicolás Sánchez visitó, junto a Bohórquez y mi compañero Rafa Requena, que había recibido órdenes de desplazarse a tal efecto, las instalaciones que el Sr. Barbeitio tenía en Málaga para impartir cursos de formación ocupacional, principalmente en oficios. A mí no me dijeron ni mú, aunque estuve perfectamente informado por Rafa.

A finales de ese mismo mes de Septiembre, el Grupo Autedit, ya formalmente constituido, presentó una solicitud formal para la realización de diversas actividades formativas. Sin embargo, casualmente también, el día 5 de noviembre siguiente, Bohórquez, como administrador de tal empresa, retiró la documentación. También casualmente, al día siguiente presentó una nueva documentación, exactamente con el mismo contenido que la anterior sólo que cambiando la denominación del solicitante por la de Prensa de Melilla, SA, precisamente la empresa editora de Melilla Hoy. El truco que había pretendido hacer con Lalchandani en relación a las subvenciones del fondo de solidaridad para el empleo trece años atrás, volvía a repetirlo, esta vez con éxito, puesto que, sencillamente, Nicolás no era como Torres de Olóriz.

La documentación consistía en un conjunto de solicitudes formales de subvenciones para impartir 16 cursos de alfabetización de adultos, en dos fases sucesivas, correspondiendo, por tanto, 8 cursos a la primera fase y otros tantos a la segunda, por un montante total de poco más de 87 millones de pesetas. La primera en la frente: en lugar de solicitarlos mediante la sociedad creada con el empresario malagueño citado, el editor parece que no quería compartir los ingresos con nadie, y decide hacerlo por su cuenta. La segunda en el hígado: el objeto social, que sirve para delimitar el ámbito de actividad de cualquier sociedad, estaba, en el caso de Prensa de Melilla, restringido a las actividades de edición de periódicos y demás actividades mediáticas, no apareciendo en parte alguna nada relativo a la formación. Además, la empresa no acreditaba tener ninguna experiencia en impartir satisfactoriamente formación. Vamos, que no había impartido formación nunca. Ni tampoco aportaba los currículos del profesorado que iba a hacerlo.

Una cosa es vender periódicos o hacer un programa de televisión, y otra es dar un curso que sirva para algo más de que el empresario cobre el dinero en cuestión. La tercera en el cerebro: si la actividad fuese de poca importancia y de carácter marginal, en términos del volumen de facturación anual de la empresa, no podría ser necesario nada más, pero la acumulación de las subvenciones pretendidas supondrían un muy elevado porcentaje de la facturación anual de la empresa solicitante.

Vayamos con la terminología, para que nos entendamos. La impartición de la formación en dos fases significaba trabajar con un mismo grupo de personas, en este caso analfabetos casi totales en español, calificados como de nivel I, y trabajar con ellos mediante dos cursos sucesivos (dos fases) de alfabetización, de aproximadamente 4-5 meses cada uno de ellos, siendo los de la segunda fase de un nivel ligeramente superior a la primera, que tenía un carácter básico.

Por otra parte, para un persona jurídica, como es Prensa de Melilla, SA, el objeto social define el ámbito máximo de las actividades posibles que puede emprender la sociedad. Como se trata de un límite máximo, esto no implica que cada sociedad deba hacer necesariamente todas y cada una de las actividades potencialmente contempladas, sino que, para las que vayan a ser más importantes dentro del ámbito máximo, la sociedad debe comunicar a la administración tributaria tal actividad económica, en esos tiempos mediante el alta en el impuesto de actividades económicas. En realidad, puede hacer cualquier otra actividad mercantil, incluso si no entra completamente en el objeto social, siempre y cuando tenga un carácter marginal y esporádico, y nunca permanente. Pero no iba a ser este el caso, sino que 87,2 millones de pesetas sobre una facturación previa declarada más o menos similar, venía a significar, aproximadamente, un 50% de la nueva facturación acumulada resultante. O sea, que de marginal, nada de nada.

Finalmente, en cuanto a la experiencia y pericia del profesorado a contratar para desarrollar la actividad, es necesario aclarar que es fundamental conocerlo con anterioridad, puesto que no puede, o, en mi opinión, no debe, ponerse en manos de cualquiera un volumen tan importante de dinero público, si no existen garantías de una utilización adecuada del mismo.

Realmente, algunos empresarios de Melilla habían logrado ser más ágiles que Bohórquez, y habían solicitado ya subvenciones para impartir un tipo de cursos similares a los pretendidos por el editor. Precisamente, alguno de ellos había presentado un caso prácticamente idéntico al de Bohórquez: también se trataba de una sociedad mercantil, que contaba con un objeto social que no contemplaba la impartición de formación ocupacional, y que, por tanto, tampoco acreditaba ni experiencia ni capacitación en el desarrollo de tal actividad económica. Los informes que había realizado fueron exactamente con los mismos condicionantes y contenido que los que plantearía meses más tarde para las solicitudes del editor. O sea, que de conspiración, tampoco había nada de nada. Simplemente, el mismo trato que a cualquiera, ¿O es que Bohórquez pretendía un trato diferente por ser él quién era?

En base a lo anterior, preparé los 16 informes técnicos sobre cada una de las 16 solicitudes presentadas, de forma que recomendaba no resolver favorablemente dos de los dieciséis cursos, por importe de unos 11 millones, hasta que la empresa de Bohórquez no acreditase la experiencia del profesorado a contratar y la ampliación del objeto social para dar cabida a la formación.

Además, sobre los catorce cursos restantes recomendaba directa e inicialmente una resolución negativa, debido a las dos razones anteriores y, además, porque entendía que no se le podía dar inicialmente tal volumen de cursos a una entidad que no había hecho anteriormente ninguna labor en este campo de la formación ocupacional. Es decir: recomendaba prudencia, y luego, si después de cumplir con las dos cuestiones requeridas, empezaban los cursos y se desarrollaban adecuadamente, entonces y sólo entonces podría informar favorablemente la aprobación de otro conjunto de cursos, aunque poco a poco, y no necesariamente los catorce restantes de un solo golpe. Principalmente, porque tal volumen de cursos implicaba el derecho a la percepción automática, una vez presentado el aval y declarado el inicio del curso, de unos anticipos del 50% del total, lo que supondría una inmovilización financiera enorme, y un similar riesgo financiero.

A pesar de mi informe desfavorable, el Consejo, con el voto de calidad de su presidente, Nicolás Sánchez Morales, aprobó las solicitudes presentadas por el editor. Huelga decir que a la representante socialista le faltó tiempo para contarlo en su grupo, y luego sus compañeros lo trasladaron a los medios, y ¡escandalazo que te crió!

El editor montó en cólera, y esa misma noche se auto-entrevistó en la televisión pública en el informativo de la noche, que aunque era de la Ciudad Autónoma, como ha quedado dicho, él manejaba a su conveniencia, poniéndome a parir, desacreditándome y desprestigiándome. Asimismo, en su periódico me estuvo diciendo, tanto él como sus colaboradores necesarios, de todo menos bonito, durante meses, y luego años, y luego lustros, y ahora decenios. Pero bueno, esa campaña de desprestigio, al menos desde ese momento explicado y hasta el mes de abril de 1998, fue objeto, primero de dos réplicas publicadas en su periódico, la segunda de ellas sólo después de que El Telegrama la hubiese publicado en los días anteriores, ya que tuve que acudir a ellos, y en la que aprovechó, al tiempo que insertaba mi réplica a la que yo tenía derecho según la Ley, para intentar desacreditarme en la parte superior de la misma página, ofreciendo, además, datos totalmente falsos solamente con la finalidad de manipular y hacer daño. Vamos: Bohórquez en estado puro y duro.

En segundo lugar, de una demanda por mi parte contra el editor, la cual he ganado recientemente, aunque si uno lee el editorial que publicó el día 6 de diciembre de 2009, podría parecer justo lo contrario. Siempre lo digo: ¡Hay que leer entre líneas a este individuo para enterarse! Los costes de la demanda, por cierto, los he ido anticipando de mi bolsillo íntegramente. Menos mal, puesto que, en otro caso, la demanda hubiera decaído en cuanto los políticos, cualquiera de ellos, me da igual, hubieran negociado con el editor, como de hecho hicieron más adelante, teniendo incluso alguno, por cierto uno de los de menor jerarquía, la osadía de preguntarme si yo estaría dispuesto a retirar mi demanda particular. Menos mal, también, porque tuve la claridad mental para saber rechazar el ofrecimiento que me hicieron, allá en 1998, y durante un Consejo, para que la empresa se hiciera cargo de tales gastos. Y es que, aunque el trabajo pueda ser público, el honor siempre será algo privado.

Pero no pude dedicarme a compadecerme a mí mismo, ni tampoco a perder el tiempo pensando sobre las imbecilidades y mezquindades del editor, las cuales, en su mayor parte, y al menos durante la primera semana, ni leí ni seguí. Sinceramente, ni siquiera tuve tiempo para eso, porque, precisamente durante esos mismos días, asumí un reto profesional y personal que consumió todas mis energías, mi concentración y mis ya escasas fuerzas a esas alturas del año, teniendo en cuenta que no había podido disfrutar de vacaciones por motivos de trabajo, y que estaba esperando, como “agua de Mayo”, al “puente de la Constitución”, pero tampoco pudo ser.

El día 17 de Noviembre de 1997, lunes, cuatro días antes de cuando fueron aprobadas las ayudas para el editor, es un día negro de la historia de Melilla. Esa mañana, a consecuencia de la rotura de un gran depósito de agua situado en los altos del Barrio de Cabrerizas, la ciudad, principalmente las zonas bajas pero también los inmuebles radicados entre ambas partes, sufrió una gran inundación, y once melillenses resultaron muertos a consecuencia de la misma, otro notable número de heridos, así como más de cien coches siniestrados, algunos de ellos totalmente, y docenas de locales comerciales severamente dañados, tanto en sus instalaciones físicas y equipos, como, principalmente, en la mercancía expuesta o almacenada destinada a la venta, y que, para muchos de ellos, significaba un desastre de gran magnitud porque se trataban de trabajadores autónomos con economías muy modestas.

Cuando sucedió la rotura nos encontrábamos reunidos, en la sede del departamento de formación en la calle de Carlos V del Barrio Industrial, con los representantes de la Fundación ONCE, uno de cuyos más altos cargos, creo recordar que el propio Presidente de la entidad, había venido a Melilla y, a última hora de la mañana, debíamos acudir al Palacio Municipal donde serían recibidos por el Presidente de la Ciudad. Nos avisaron telefónicamente, y ni podíamos imaginar la magnitud y alcance de la tragedia. Pensábamos que se trataba de un depósito más pequeño. Cuando acudimos a verlo, nos echamos las manos a la cabeza. La entrevista con la ONCE lógicamente fue suspendida de inmediato.

Todas las miradas se volvieron hacia el gobierno local, y antes incluso de enterrar a los fallecidos, ya estaban todos los grupos políticos a la gresca. Los del gobierno tratando de defenderse, los de la oposición, que ya andaban bastante enfadados por la frustrada moción de censura, utilizando el hecho para cargar sobre el gobierno.

De una manera u otra, el gobierno municipal asumía un cierto complejo de culpa. El depósito había sido llenado de agua, antes de su recepción definitiva por la administración contratante, mediante una orden proveniente del municipio, pero sobre la que nunca quedó aclarada su origen concreto. Dos o tres días después, los damnificados acudieron muy vehementemente a la Plaza de España para manifestar su indignación y reclamar la asistencia de su Ayuntamiento para superar la situación de total desamparo en la que gran parte de ellos se encontraban. Las reclamaciones eran totalmente justas desde mi punto de vista, porque desde luego ellos no tenían la menor culpa de lo que había pasado, y si la responsabilidad era de la empresa constructora, o del redactor del proyecto técnico del depósito, o de quien había dado la orden, sencillamente no era su problema, pero sí necesitaban urgentemente una solución. A pesar de que tenían –repito- la razón absoluta, se podía adivinar fácilmente que estaban siendo empujados por alguno de los partidos de la oposición. Se entrevistaron con el Presidente, y este les aseguró que ese mismo viernes, en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, aprobarían un sistema de ayudas y compensaciones inmediatas por lo que había sucedido.

Con relación a la actitud de los políticos en este desgraciado accidente, considero dos cuestiones: Primero. Tenían que haber rodado cabezas, en sentido figurado, por supuesto, y no rodó ninguna. Nadie asumió la responsabilidad política de lo sucedido.

Normalmente, en un país medianamente serio, dimite alguien, que suele ser el Ministro, y, si es muy grave, hasta el Presidente. Pero aquí todos permanecieron anclados a sus puestos. Por supuesto, ninguno de ellos deseó el accidente, y con toda seguridad tampoco muchos de ellos, si no todos, no tendrían la más mínima responsabilidad jurídica, pero estamos hablando de responsabilidades políticas, y esto es como la ruleta rusa: si te toca, te tocó; al igual que puede ser al revés, como de hecho ocurre más de una vez, y les toca ponerse las medallas de cosas en las que no han tenido nada que ver. Segundo, el comportamiento de la oposición, aprovechando un accidente como ese, que le puede pasar a cualquiera, y a ellos también, para echar más leña al fuego, me parece lamentable y deprimente. Tiempo habría después para exigir responsabilidades, pero en esos primeros momentos todo el mundo debería haber arrimado el hombro.

Sí, lo lógico habría sido dedicarse intensamente a trabajar por los damnificados, pero, claro, había que aprobarle las ayudas al editor, en lo que estaba demasiado interesado el Consejero de Economía y Presidente de la empresa en ese momento, Nicolás Sánchez. No obstante, el mismo día de la reunión del Consejo que aprobó las ayudas a Bohórquez gracias al voto de calidad de este político, que fue el 21 de noviembre, fui llamado a su despacho, minutos después de finalizar la reunión, para que acudiera urgentemente. Acudí inmediatamente con el cuerpo hecho a recibir mi cese, pero no se trataba de eso. Se trataba de ordenarme que diseñara e hiciera, con una urgencia total y absoluta, y para esa misma mañana, un régimen de ayudas para atender a los empresarios y autónomos damnificados por la catástrofe de la inundación. Habían decidido aprobar un presupuesto especial al efecto de 200 millones de pesetas, de los que 100 serían para los particulares que habían sufrido daños en vehículos y propiedades, y otros 100 para los empresarios y autónomos. Precisamente estos últimos serían el objeto de nuestra intervención.

Claro, efectivamente, podrían estar muy enfadados conmigo, porque iba un poco por “libre”, pero sabían perfectamente con quién se jugaban los cuartos, y quién, a la hora de la verdad, pondría sus intereses personales en lo más bajo y quién haría lo contrario, y tenían una total confianza en que los técnicos de la empresa pública podríamos superar ese reto, que para ellos era un problema real, y hacerlo a la mayor brevedad. Algunos de mis compañeros me decían que no me entendían, que cómo iba ahora a sacarles del apuro con lo que estaba pasando. Otros que si era una trampa, porque se trataba de un asunto muy complicado de gestionar, y que lo que pretendían era que fracasara estrepitosamente. No hice caso a nadie, salvo a mí mismo. Me puse una venda en los ojos, me olvidé de todo lo que estaba ocurriendo, de las mezquindades del editor y sus secuaces, de sus posibles causas y de sus consecuencias, y me puse a trabajar.

Y lo hicimos: planteamos esa misma mañana, como nos habían requerido, una convocatoria extraordinaria y urgente al efecto, en la que se determinaba la ayuda final individual en base a un conjunto de parámetros, y luego esta se reduciría, en su caso, si el beneficiario tuviese derecho a recibir una indemnización por su seguro previamente contratado. Las indemnizaciones de los seguros se preveía llegarían al máximo posible gracias a la casi segura calificación de Melilla, por parte del Consejo de Ministros, como zona catastrófica, con la utilización consiguiente del consorcio de compensación de seguros. Se trataba de un régimen de reparto para hacer llegar a los que no disponían de seguro alguno o de un seguro insuficiente, que eran la mayoría, la solidaridad de todos los melillenses. Por cierto, espero que de tal lección aprenderían y, a partir de ese momento, empezasen a asegurar todas las contingencias.

Le expliqué al Consejero el plan para ayudar a los empresarios damnificados aproximadamente una hora y media después de haberlo solicitado, y le advertí que era imposible acertar con el presupuesto, porque desconocíamos, en ese momento, la magnitud de la tragedia en términos económicos y, por tanto, era muy aventurado decidir cómo repartirla. Lo único que pedí es que nos dejaran trabajar tranquilos, sin interferencias de ninguna clase. No sé aún cómo, pero lo cierto es que los datos finales del presupuesto, cuando lo cerramos y liquidamos meses más tarde, fue menor, solamente en unas 30.000 pesetas, al límite aprobado. O sea, que la casualidad, o la suerte, o lo que fuera, nos hizo acertar plenamente sobre un futuro imposible de adivinar en esos momentos. Pero ese futuro nos lo ganamos haciendo lo que teníamos que hacer: trabajar. A veces, con trabajo y mucha suerte, se logra acertar; pero sin trabajo y esfuerzo, no hay suerte que valga.

Ninguno de los componentes de los turnos se quejó lo más mínimo y aceptaron con la máxima entrega el reto profesional. No hubo quejas, y luego tampoco recompensas, pero nos bastó con la satisfacción de haber cumplido nuestra misión y atendido como se merecían a gentes que eran, en su mayor parte, muy humildes y que, desde luego, ni esperaban ni estaban acostumbradas a recibir un trato así por parte de la Administración. Realmente fueron los trabajadores los que consiguieron el éxito, lo único que hice fue, por una parte, dialogar y calmar a los damnificados, especialmente a los más vehementes y violentos, que se estaban manifestando diariamente en la Plaza de España, y que alguien les dijo que, a partir del lunes, día 24, acudieran a hacer lo propio a nuestras oficinas.
Por otra parte, diseñar los procesos y procedimientos, y estar al pie del cañón durante toda la jornada para animar a mis colaboradores constantemente tratando de comunicarles mi total implicación y compromiso con ellos, y mi total agradecimiento por su esfuerzo. En particular, de tales gestiones habría que mencionar a todo el equipo de Proyecto Melilla, puesto que todo el mundo aportó lo que pudo, pero especialmente al dúo formado por Techi, una eficiente técnica de gestión de regímenes de ayudas a empresas, y nuestra desaparecida querida compañera Farida Mohamed como auxiliar, que dieron lo mejor de sí mismas en el empeño. También al Director de la Escuela-Taller, Salvador Villegas Robles, que organizó los trabajos de limpieza en las calles del centro de la ciudad e incorporó a todos los alumnos de la misma para realizar las más penosas tareas, labor que compartieron con los militares, que también habían acudido a ayudar cuanto podían. Las gestiones, que fueron invisibles para el periódico del editor, como lo fueron la mayoría de las actuaciones realizadas por Proyecto Melilla, SA durante muchos años, fueron tan, tan malas, que unos meses después, cuando el Ministerio de Medio Ambiente adoptó el compromiso público de ayudar directamente a los damnificados en catástrofes naturales, más o menos similares a la de Melilla, previamente a que los Tribunales resolvieran sobre las pertinentes responsabilidades jurídicas, primero aceptaron todos los expedientes tramitados por Proyecto Melilla; y, en segundo lugar, adaptaron los procedimientos seguidos y la convocatoria realizada a sus protocolos de actuación para el futuro.

Dentro de la empresa creamos dos turnos de trabajo para atender a los solicitantes en jornada continuada desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Durante tres semanas permanecimos continuamente abiertos en ese horario. En cada grupo había una persona que dominaba la lengua tamazigh, ya que previmos un elevado número de trabajadores por cuenta propia afectados que no tendrían un conocimiento suficiente del español para tramitar las solicitudes, las cuales, no obstante, se las rellenábamos nosotros. Los documentos requeridos eran mínimos, y en caso de inexistencia total de ellos, también podrían subsanarse en una forma u otra, principalmente a través de una tasación del siniestro individual por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, que también trabajaron de lo lindo durante esas fechas. Todos los días del puente de la Constitución y la Inmaculada los pasamos con las puertas abiertas atendiendo a los solicitantes y trabajando, y nada más terminar el puente, en concreto el lunes, día 15, ya disponíamos de la primera relación de beneficiarios a los que el Consejo de Gobierno de la ciudad podría aprobarles el abono de la primera tanda de ayudas, que eran ya la mayoría de ellos, y que consumían más del 75% del presupuesto aprobado.

Y es que las organizaciones también tienen un ADN, o una “cultura empresarial” como lo llaman también, que está definido por los principios y valores que las sustentan, y que forman parte indiscutible de sus cimientos. Pero, a diferencia de los elementos materiales y sólidos, tales principios y valores son perecederos, como lo son las personas que los soportan, y, por tanto, no son propiedad de nadie, motivo por el que tales estructuras humanas deben ser cuidadas, mimadas, y también mejoradas cada cierto tiempo al objeto de conseguir mantenerlas íntegras, con todo lo que conlleva este adjetivo, y así evitar que el edificio intelectual y moral pueda resquebrajarse, y empiece, poco a poco, a sufrir grietas y roturas, y así hasta llegar a un estado de corrupción y ruina inminente. El ADN de cada organización está en íntima relación a su misión que la justifica, y no puede entenderse sin acudir a esta última. Son diáfanos para las organizaciones altruistas y sin ánimo de lucro, como podrían ser la Cruz Roja, la ONCE, Cáritas, pero también para las gubernamentales como el ejército, o la sanidad, la educación o, en este caso, los servicios públicos de reactivación económica, por ejemplo. Son un pocos menos claros para las empresas, pero también los tienen o, al menos, deberían tenerlos, porque no todo es la búsqueda del máximo beneficio. Por ejemplo, El Corte Inglés tiene su ADN, o el Real Madrid, o Zara, o, incluso, el diario Melilla Hoy, o, salvando las distancias, El Mundo, El País y, sobre todo, el ABC. También las empresas de construcción o las bancarias. En otro extremo, también lo tienen la mafia calabresa, el cártel de Calí, Al Qaeda o ETA.

Proyecto Melilla tiene su propio ADN, que, en sus tiempos, era totalmente diferente al del Ayuntamiento o Ciudad Autónoma, o como queramos llamarle a la criatura, y tal diferencia era, precisamente, la causa raíz de su nacimiento y su justificación. Ese conjunto de activos intangibles, tales como Altura de miras, poniendo siempre los intereses generales por encima de cualquier consideración.

Vocación de servicio: aceptando, responsabilizándose y acometiendo las tareas más arriesgadas y complicadas, precisamente las que nadie quería en el Ayuntamiento, e incluso cuando, en puridad, no correspondiera hacerlas puesto que había otra unidad especializada en la materia; Credibilidad, porque todas las diferentes Corporaciones que han habido desde el nacimiento de la entidad sabían que, en caso de problemas, podían contar siempre con ella, y que no fallaría en los momentos más difíciles; Independencia, porque nunca quedó involucrada en el maremagno de la vida política de Melilla, y porque se podían hacer, como algunas veces se hicieron, cosas diferentes a las que pretendía el gobierno de turno; Integridad, o hacer lo que hay que hacer sin pretender gustarle o no gustarle a nadie, y nunca aceptar ni chantajes ni presiones de algunos listillos. Como no es muy difícil deducir, tales principios y valores deben demostrarse de arriba hacia abajo, y no al revés, y es a los correspondientes líderes a quienes corresponde comunicar, tanto dentro como fuera de la organización, tales cuestiones. Comunicación, claro está, en un sentido amplio, no sólo comunicación en los medios de comunicación social y ruedas de prensa en Melilla, porque no se trata de parecer sino de ser, y cualquier acción u omisión que se realice, ya que se comunica hasta diciendo buenos días; y desde el resultado de las acciones a los intereses personales de los líderes. Porque ser un líder no consiste sólo en ser nombrado para un cargo, esa es la parte fácil, sino en demostrar a quienes no le han nombrado que pueden confiar en él, y que no va a fallar cuando sea necesario, principalmente a los ciudadanos a los que van dirigidas las acciones de la entidad, y también a los propios trabajadores de la empresa aunque con la vista siempre puesta en los primeros.

Mientras todo el drama de la atención a los damnificados sucedía, el editor empezó a presentar, poco a poco, los extremos requeridos en las resoluciones en las que se le aprobaban los cursos, si bien la correspondencia mediante la que nos contestaba era todo menos respetuosa, sino verdaderamente chulesca, insultante e impertinente hacia el equipo técnico de la empresa pública. Pero ¿a quien nos quejábamos?, si nuestro superior parecía más bien su abogado, dándole la razón en todo, que nuestro Presidente. Estaba tan claro que, poco después, cuando dejó de ser Consejero, pasó a convertirse en el apoderado de una o varias de las empresas del editor. Vamos: que más claro, agua. Esta postura del editor fue calificada después, por parte de la asesoría jurídica, como una potencial resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora que le corresponde a la Administración. A finales de noviembre había aportado los currículos del profesorado, resultando que varias de las personas a contratar no cumplían, a juicio de nuestro gabinete de orientación profesional, las condiciones de titulación o experiencia mínima necesaria. A mediados de Diciembre, presentó un escrito advirtiendo que iba a empezar los cursos aún sin aportar el resto de la documentación requerida, ya que, según él, ya había aportado suficientes papeles, y que ya estaba harto, y que cuando tuviera la escritura de ampliación del objeto social, la entregaría también.

Más chulo que un ocho, pero con consentimiento y conocimiento de la autoridad competente. Los ocho primeros cursos que componían la primera fase, dieron comienzo a finales de diciembre de 1997, tras una inauguración a la que asistió, para felicitar a la empresa y al editor, y hacerse la correspondiente foto, nuestro Presidente, Nicolás Sánchez Morales. La escritura de ampliación del objeto social no fue aportada hasta el mes de febrero de 1998. Nada más iniciar los cursos, solicitó y obtuvo el anticipo reglamentario del 50%, es decir, 10,9 millones de pesetas, sobre solamente cuatro de los ocho cursos, que correspondían a los únicos cursos iniciados para los que había presentado el aval bancario requerido, por lo que sobre los otros cuatro no tenía ese derecho.

EL AUTOR

Julio Liarte Parres es economista y funcionario de la Ciudad Autónoma de Melilla. Prestó sus servicios en el Ministerio de Trabajo, precisamente en el departamento encargado de las ayudas a empresas de nueva creación; y luego ha hecho lo propio como gerente de la empresa pública Proyecto Melilla, SA, entidad especializada creada por el entonces Ayuntamiento de Melilla para fomentar la creación de empresas y empleos en la ciudad.

En la actualidad es diputado autonómico y portavoz del grupo Populares en Libertad (PPL), un partido escindido del PP y que lidera el ex presidente de la Ciudad de Melilla, Ignacio Velázquez Rivera.