Son datos escalofriantes pero que verifican en clave estadística la realidad que se impone en Cataluña a golpe de regularizaciones masivas y también como consecuencia de las políticas natalistas orientadas a que la población autóctona europea pierda peso demográfico de forma progresiva.

En la localidad gerundense de Salt, con casi la mitad de su población inmigrante, por cada niño autóctono menor de 5 años hay ya 14 de origen extranjero en esa misma franja de edad. Datos recabados por AD con la ayuda de un experto en demografía confirman que la población española de origen ya solo supera a la de fuera desde los 43 años en adelante.

En la franja correspondiente desde los 5 a los 15 años, la proporción de niños extranjeros con relación a los nacionales es casi del 70 por ciento.  Desde los 15 a los 25 años se reduce al 45 por ciento, mientras que desde los 25 a los 43 el porcentaje favorece ligeramente a los autóctonos.

Los datos ilustran de forma clara cómo la reversión estadística comenzó a producirse de un modo significativo desde el año 1998, registrándose un incremento paulatino hasta 2007, cuando se produjo una auténtica explosión demográfica de inmigrantes legales e ilegales, propiciada por el gobierno tripartito. 

El punto de inflexión en favor de esta presencia masiva de extranjeros, mayoritariamente de origen magrebí, se produjo sobre todo como consecuencia de las políticas de captación de mano de obra a instancias de ERC y a través la delegación de la Generalitat en Marruecos. La casta nacionalista puso siempre sus ojos en la inmigración marroquí para contrarrestar la llegada de inmigrantes de origen iberoamericano que, según sus cálculos, serían más renuentes al aprendizaje de la lengua catalana y a la asunción de la cultura “del país”.

Sin embargo, el remedio ofrece ya resultados pavorosos que, como siempre, padece en primera persona el contingente de población autóctona de menor poder adquisitivo, que es la que tiene que compartir con los nuevos vecinos tanto los espacios públicos como las ayudas sociales. El problema para ella se agrava debido a las políticas de discriminación positiva alentadas por el Gobierno tripartito de José Montilla y continuadas por el de CiU, que redujeron considerablemente las ayudas a los casa. Como consecuencia de ello, dos de cada diez catalanes autóctonos admiten tener dificultades económicas incluso para acceder a alimentos tan básicos como carne y leche.

Otro dato que ilustra claramente los resultados de las políticas inmigracionistas que en Salt alcanzaron su cumbre lo obtenemos en los datos relacionados con el número delitos. En el año 1992, con una población autóctona superior al 95 por ciento, Salt registró un total de 156 denuncias, la mayoría por delitos menores: casi una por cada tres días. En el año 2010 se denunciaron más de 5.000, casi 15 cada 24 horas.