La investigación sobre un matrimonio de conveniencia entre una la dueña de un negocio de prostitución en Sevilla y un transexual colombiano ha llevado a la Policía Nacional a la desarticulación de una red de prostitución en la capital, que se ha saldado, por el momento, con la detención de seis personas miembros de una misma familia.

Según una nota enviada por la Policía Nacional, en el marco de esta operación se ha detenido a un total de siete personas -seis de ellas pertenecientes a la misma familia, procedentes de Colombia-, que están acusadas de un delito de explotación sexual de hombres.

Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de la organización tras iniciar la investigación sobre un supuesto matrimonio de conveniencia. El enlace uniría a la líder o «madame» de la trama de explotación sexual y al transexual colombiano responsable de uno de los locales en los que se ejercía la prostitución.

La mujer mantenía una relación con un hombre desde hacía varios meses, pero no fue esto lo que hizo sospechar sobre la existencia de un matrimonio ilegal, sino el hecho de que aquélla fuera la propietaria de una casa de citas y su supuesto cónyuge fuera realmente un transexual que trabajaba para ella en el local, unas veces prostituyéndose y otras haciendo labores de encargado.

Ambos acordaron contraer matrimonio para que el encargado obtuviera el permiso de residencia; solicitar la reagrupación de sus familiares; y también poder trabajar en el prostíbulo evitando los controles de la actividad laboral de personas inmigrantes. Según explicó la Policía, por regla general esta circunstancia permite que, en la mayoría de las ocasiones, los supuestos familiares que llegan no son tales sino personas que viene a ejercer la prostitución.

Negocio «familiar»

Los investigadores comprobaron que la máxima responsable de la red contaba con un total de tres domicilios, en los que tanto mujeres como hombres -en algunos casos personas transexuales-, eran obligados a ejercer la prostitución con unas condiciones de exigencia desproporcionadas.

Los tres hijos de la propietaria del negocio controlaban la actividad que se desarrollaba en los distintos domicilios y obligaban a las personas que ejercían la prostitución a estar disponibles las veinticuatro horas. Llegaban incluso a coartar su libertad y exigirles el importe del servicio antes incluso de que el cliente les pagara, para garantizarse el cobro. En concreto mantenían estos negocios en un total de tres pisos en la capital, contabilizándose, por el momento, un total de tres víctimas, dos sudamericanas y una marroquí.

Las víctimas eran captadas en ocasiones a través de anuncios en portales de Internet, medio que utilizaban igualmente para publicitar los servicios de las personas que explotaban sexualmente o eran captadas directamente en sus países de origen. Cabe destacar que cada uno de los detenidos, aunque eran todos de la misma familia, desempeñaban una tarea distinta dentro de la organización.

Unos se dedicaban a la captación de nuevas personas para ejercer la prostitución y otros controlaban a las víctimas o realizaban labores administrativas. Las parejas sentimentales de dos de los hijos de la propietaria del negocio han sido también arrestadas.