LTY.- Según información aparecida últimamente en la prensa, alrededor del 50% de los presos extranjeros que hay actualmente en las cárceles españolas se encuentran en situación irregular en nuestro país. Luego, si las matemáticas son una ciencia tan exacta como dicen los que han estudiado, el 50% restante lo conforman inmigrantes legalizados.

De este dato surge una realidad reveladora acerca de la criminalidad extranjera en España, que desmonta un mito comúnmente aceptado como oro de ley, y es que la ilegalidad de los extranjeros no es un factor determinante en su tendencia, inclinación o voluntad de delinquir: la inmigración legal genera tanta criminalidad como la ilegal. La delincuencia inmigrante no está ligada a la ilegalidad ni la legalidad de manera preferente: los inmigrantes deliquen independientemente de su situación legal o ilegal. Queda de esta manera destruida la teoría según la cual la inmigración que delinque es mayoritariamente la ilegal (por las condiciones de marginalidad y precariedad, imposibilidad de trabajar por falta de “papeles”, etc.), enfoque que no pretende otra cosa que disculpar los altísimos índices de criminalidad de la inmigración en España.

No pensemos por tanto que expulsando únicamente a los inmigrantes ilegales que delinquen (si es que se hiciera, que nada indica que se vaya a hacer) se terminaría el problema de la delincuencia extranjera: sólo acabaríamos con parte de ella. Sería como matar al tonto y dejar la tonta preñada. Quien tiene malos instintos, quien es persona de mal vivir, no verá su comportamiento modificados para bien, hacia el acatamiento de la ley y el respeto de sus semejantes, por el simple hecho de disponer de un permiso de residendia al día. Tan feroz es una hiena del zoológico de Barcelona con todos sus papeles en regla, e incluso vacunada y desparasitada, como una hiena indocumentada y llena de garrapatas del Serengueti. Ambas deben ser tratadas como corresponde: hay que sacarlas de la circulación, apartarlas de sus potenciales víctimas, dejarlas en estado de impotencia.

Algunos inmigrantes ilegales cometen delitos para permanecer en España. Mientras dura la instrucción del caso siguen en la calle si el delito no es de una extrema gravedad, es decir si no hay un muerto de por medio, pues aunque se pille a alguien con un arsenal de guerra en su poder, lo máximo que le puede pasar es que lo obliguen a presentarse en el juzgado cada 15 días. Cuando hay una condena, si la pena es inferior a 6 años, no ingresan en prisión, se les expulsa. En realidad, esto significa que se les entrega un papel sellado en el cual se les notifica a los interesados que deben hacer abandono del país en un plazo perentorio, orden que nadie acata ni hace acatar. Por lo tanto estos siguen en España, pues nadie los agarra por el cuello y los ponen en un avión con un billete de regreso a sus lugares de origen.

Mientras, otros inmigrantes legales utilizan su permiso de residencia como un seguro contra la expulsión en caso de cometer algún delito. El delito es concebido así como una vía válida y efectiva hacia la permanencia indefinida o definitiva, y el permiso de residencia como una patente de corso para delinquir sin temor a la expulsión. Tanto el delito por una parte, como el permiso de residencia por la otra, son utilizados, desde distintas situaciones de estancia legal e ilegal, como formas de impedir la expulsión y como garantía de impunidad. Hagan lo que hagan seguirán alojados en el hotel España con los gastos pagados. Estas maniobras se han desarrollado hasta ahora con éxito al amparo de la benignidad y las contradicciones de nuestras leyes (y la extendida permisividad de sus ejecutantes) y de la tolerancia generalizada de una sociedad que sigue sin reaccionar.

Estra burla contínua a la sociedad española abusada en su generosidad y asaltada en su buena fe por esta legión de indeseables internacionales debe cesar de inmediato. La entrada en España debe ser previamente autorizada y la permanencia merecida. Este es el sensato principio que debe regir nuestra política inmigratoria. Aunque a estas alturas del partido, con 8 millones de extranjeros en nuestro país convertido en coladero, da casí vergüenza andar proponiendo medidas que ya están totalmente rebasadas por la realidad. Hay que encarar la situación de frente y decir claro y alto lo que ya no se puede callar: urgen expulsiones masivas inmediatas. Es una cuestión de vida o muerte para la nación española. Vamos tarde.

Hasta los burdeles se reservan el derecho de admisión y echan sin contemplaciones a los indeseables y los camorristas a la calle. ¿Será España menos que un burdel? ¿Tal vez una letrina a cielo abierto?