Es obvio que la economía o, mejor dicho, los sucesos económicos están íntimamente relacionados con la psicología a través del juego de las expectativas, sean estas para consumir, invertir, ahorrar, consumir, contratar trabajadores, comprar bonos…en definitiva, para tomar decisiones individuales o colectivas que luego, mediante la acumulación con otras miles o millones de decisiones tomadas por otros tantos agentes así como las tomadas por los bancos centrales y los gobiernos, implican efectos sobre un sistema económico, ya sea este internacional, nacional o local, y bien sea en los precios, las tasas de interés o el desempleo.

Las expectativas derivan de las percepciones, individuales o colectivas, que los individuos adquieren sobre lo que está pasando a su alrededor. A su vez, las percepciones suponen la traducción interior por parte de los individuos de toda la información que les llega proveniente de todas las fuentes posibles: desde el “boca-oreja” a los medios de comunicación de masas, los especializados y las redes sociales, aunque los individuos aplican además unos “filtros” formados por su sistema de creencias, valores, principios y convicciones y, en su caso, sus sentimientos de pertenencia a grupos determinados.

Los gobiernos, las empresas, los políticos y las instituciones diversas tratan de incidir en las percepciones de los individuos, si
bien normalmente considerados en el marco de grupos predefinidos en base a algunos rasgos comunes que comparten.

Publicidad, generación y difusión de información, relaciones públicas y propaganda son las formas más usuales que adoptan las diferentes políticas de comunicación que deberían ser definidas en función de la necesidad de influir, así como su coste y los resultados esperados.

Y es que de eso hablamos: de comunicación, que en el caso del gobierno del Partido Popular habría que modificar a incomunicación o, en este caso, incapacidad de comunicar eficientemente. Porque si están haciendo medidas y reformas habría que decir que, o bien estas no convencen a nadie –dada la respuesta a las mismas por parte de los inversores extranjeros en la forma de la evolución de la prima de riesgo y por parte de los españoles en el desplome de la propensión a votar al PP, o bien esta es inadecuada, insuficiente o, peor aún, inexistente.

Realmente, me inclino por estas tres últimas, pero principalmente por la tercera. Y no es que los profesionales que tenga el gobierno destinados a estas tareas sean malos, sino que es que es increíble que con todo lo que está pasando el Presidente del Gobierno no haya comparecido ante los medios de comunicación de masas para explicarnos a los españoles qué está pasando, cuáles son los problemas de fondo, cómo piensa abordarlos su gobierno y hasta dónde habría que llegar en el peor de los casos, así como ayudar a generar una esperanza en el corazoncito de los ciudadanos –que lo tenemos- y establecer unas pautas que propicien el acuerdo mayoritario para la reforma en profundidad del estado, cuya pervivencia en su fórmula actual no es lo
que más nos preocupa en la actualidad a la mayoría de los españoles. Y todo ello, puesto que la crisis, sus manifestaciones y las medidas para contrarrestarla y superarla, al final llevan a un distanciamiento entre los ciudadanos y sus gobernantes que hay que contrapesar con cercanía, comprensión, cariño y, en definitiva, comunicación creíble, íntegra y honesta.

¡Comparezca usted pues, Sr. Rajoy!, y no deje esta labor a otros miembros de su gobierno. Hágalo con la frecuencia debida, y no sólo –aunque también- en el Parlamento. Pero, por favor, empiece a comunicar ya, y no para su auto-propaganda y complacencia, sino para infundir confianza a los españoles y extranjeros. Los primeros, porque nos toca sufrir y pagar unos problemas que muchos consideramos que no hemos generado. Los segundos, porque tanto los particulares como los gobiernos, instituciones y empresas extranjeras siguen sin confiar en nosotros como Nación, ni en las medidas y capacidades del Gobierno de España y menos en los de las Comunidades y Ciudades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos.

En otro orden de cosas, me ha llamado la atención estos últimos días el proyecto de modificación del código disciplinario de las Fuerzas Armadas que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, pretende sacar adelante. Si bien parece razonable mantener la posibilidad de que pueda imponerse la sanción de arresto de hasta catorce días por la comisión de faltas leves como en la mayoría de los ejércitos de la OTAN, me parece incomprensible que se pretenda incluir en el listado de faltas posibles relacionadas en el código “la expresión de opiniones por las redes sociales o por correo electrónico”.

Está claro que un militar en el ejercicio de una misión, cualquiera que sea su graduación, no puede ni debe emitir opiniones o
informaciones, y tanto si son por correo ordinario, medios de comunicación, correo electrónico como a través de las redes sociales o en una conversación con su vecino. Esto es tan obvio que no merece la pena comentarlo, y lógicamente se agravaría enormemente si la misión fuera un asunto de seguridad nacional.

Sin embargo, querer evitar que los militares puedan expresar sus opiniones individuales sobre lo que estimen oportuno, tanto si es un asunto político como deportivo o de lo que se trate, me parece anacrónico y contraproducente. Anacrónico, porque los militares hoy no son sospechosos de nada y tampoco constituyen una amenaza para nadie y, además, porque en la actualidad el hecho de interactuar en las redes sociales y enviar correos electrónicos, tanto si se emiten opiniones como si no, es una forma tan común de relacionarse con los demás que es inevitable e incontrolable. En mi opinión, tampoco debería haber problema alguno para que un militar pueda expresar su opinión en la forma que considere oportuna, aunque bajo las responsabilidades a las que, por otra parte, debemos todos estar sujetos y las propias de su cargo y función.

Contraproducente, ya que va a producir resquemor, incomprensión y molestia en un grupo muy numeroso de individuos que no merecen ver recortadas sus libertades individuales -básicamente su libertad de opinión- y porque por mucho que quiera el Ministerio evitarlo es totalmente imposible hacerlo dadas las características de las cuentas
de correo electrónico y las redes sociales. Es más, el control y la vigilancia pueden aún empeorar más las cosas.

Por tanto, me parece un intento trasnochado e inapropiado de querer ponerle “puertas al campo”, puesto que por mucho que quiera el Ministro restringir la libertad de los militares es imposible controlar las conciencias y las opiniones de los mismos, en su gran mayoría gente recta, honesta y sin dobleces, a las que puede ofenderse sin merecerlo. Y todo ello mientras que el mismo estado garantiza el derecho a la libre expresión y opinión a muchos otros que, si pudieran, se cargarían a ese mismo estado que les protege.

*Economista y portavoz de Populares en Libertad (PPL) en la Asamblea de Melilla.