Protesta inaudita en Badalona. Varias decenas de comerciantes -la inmensa mayoría de ellos, extranjeros y, en particular, paquistaníes- han bajado la persiana ayer y hoy durante una hora para denunciar la ola de inspecciones que el Ayuntamiento gobernado por el ‘popular’ Xavier García Albiol ha alentado a lo largo del último año. Mañana repetirán el parón, según informa el diario ‘El Mundo’.

Los tenderos que se han sumado a la acción se concentran en Artigues y Sant Roc, los dos barrios fronterizos con Sant Adrià de Besòs donde se ha afincado una notable colonia paquistaní. En la calle Xile, la arteria de Artigues donde Albiol presenció el enero pasado una operación que se saldó con siete detenidos y la clausura provisional de siete bares, existen una veintena de locales regentados por inmigrantes. Casi todos estaban cerrados hoy entre las 11.00 y las 12.00 horas.

En todas las puertas, han colgado pancartas con un mensaje idéntico escrito en castellano y catalán: “Protesta contra los abusos del Ayuntamiento contra nuestros comercios”. En la cercana calle Còrdova, se ha repetido la misma escena. “El alcalde ha cumplido lo que dijo que iba a por los que iba”, ha apreciado con sarcasmo el portavoz de la comunidad paquistaní, Saidullah Khan, que calcula que entre 60 y 80 negocios se han añadido hoy a la protesta.

Durante la hora de huelga, unos 50 comerciantes se ha apostado en la plaza de Camarón de la Isla, punto de encuentro de los musulmanes que rezan al aire libre los viernes en Badalona. Allí han criticado que la Guardia Urbana y los inspectores del Consistorio les sancionen con cuantías elevadas y les presionen más que a otras tiendas con exigencias aparentemente draconianas. “Reclaman que no use la misma pinza para coger unas pastas u otras, que les lleve la factura de la pinza nueva que compre, que les responda de qué forma limpio y un montón de cosas más”, revela Khan. ICV ha apoyado la queja de los tenderos.

Uno de los detonantes que ha airado a muchos extranjeros ha sido que, a pesar de haber arreglado las deficiencias que había llevado a la Administación a precintar varios establecimientos, han recibido avisos que les advierten que el expediente abierto puede acabar con una multa que oscila entre los 3.000 y los 60.000 euros. “A un comerciante le piden 5.000 euros desde abril y la carta sólo dice que es por incumplir la normativa sanitaria, sin explicar más”, lamenta Khan.

“Cuando viene la policía, lo hace de muy malas maneras, son chulos”, percibe Qamar, un paquistaní que reside en Badalona desde hace 25 años. Dispone de un restaurante que no pudo reabrir hasta que, según cuenta, reparó un enchufe y sustituyó la mesa de madera en la que cocinaba por una metálica. Sin embargo, le han enviado una carta que le anticipa que puede ser sancionado con hasta 60.000 euros. “Nunca me había pasado hasta ahora”, atestigua Qasam.

“Los afectados somos paquistaníes, marroquíes, chinos… pero también han cerrado dos españoles”, apunta otro hombre, que teme verse obligado a prescindir del negocio si las sanciones proliferan: “Nos condenan a cerrar, no podremos hacer frente porque tenemos que pagar Seguridad Social, la basura y una barbaridad en impuestos”.

“Lo que me sorprende es que traigan a 50 policías al barrio porque en el bar no me funciona el aire acondicionado”, replica Hicham, un marroquí que lleva casi un mes con el precinto sellando la entrada. “La primera vez que vinieron asustaron a los clientes, porque los identificaron”, recuerda. Asegura que le han notificado varias multas. “Tengo una de 1.500 euros, otra de 3.000 y dos o tres más, pero he recurrido y no pienso pagar ninguna”, promete el magrebí, que opina que el Ayuntamiento la ha tomado con los foráneos: “La crisis la han provocado otros, pero quieren que la paguen los inmigrantes”.

“No hay más presión que en otras zonas, pero quizá ahora se vigila más que cumplan con los requerimientos. Aquí hay muchas deficiencias, en algunos bares se consumía droga y a muchos los engañan cuando les ofrecen los locales. ¿Tú crees que es normal que en una carnicería no haya agua corriente?”, pregunta a este medio un agente de la Guardia Urbana que conoce las fragilidades que sufre el sur de Badalona.

Según datos municipales, el Ayuntamiento clausuró durante los 12 primeros meses de mandato del PP unos 75 establecimientos como medida cautelar por presuntos quebrantos de la norma y ha aplicado castigos por valor de 355.000 euros. A través de las redes sociales, el alcalde ha alardeado a menudo de ordenar el registro de tiendas de extranjeros en las que se han encontrado productos en mal estado y unas condiciones de salubridad cuestionables.

“A los únicos a los que perseguimos son a los que incumplen las mínimas normas sanitarias y urbanísticas”, ha declarado Albiol, que ha aprovechado para alertar que no variará de estrategia: “Si hay alguien que pensaba que, por ser de una nacionalidad o de otra, tenía patente de corso para vender productos en mal estado o caducados, se equivoca. Eso sería antes. Por supuesto, ahora no lo permitimos”.