Juan Van Halen ha publicado en Abc, el 22 de junio, un artículo en el que reclama al gobierno del PP que si es coherente con sus propuestas en la oposición, debe derogar la llamada ley de memoria histórica. Añade que menos del 25% de los fondos públicos destinados a las asociaciones dedicadas a la memoria histórica se han usado en la localización de restos humanos, mientras que la mayoría han ido “a nutrir las arcas de las asociaciones favorecidas”.

Nos congratulamos de que su postura sobre esta ley revanchista y sectaria empiece a extenderse dentro del PP, millones de cuyos votantes están de acuerdo con esa derogación. Este es el artículo de Juan Van Halen:

LA MEMORIA HISTÓRICA

En un tiempo de grave crisis económica, que obliga a la austeridad, el Gobierno ha tomado decisiones duras y probablemente habrá de seguir tomándolas, y entre otros muchos asuntos que urge reconsiderar está la “memoria histórica”, aunque el tema no es ni mucho menos pacífico.

Irrita a no pocos que camino de los ochenta años de concluir la Guerra Civil, aquel episodio histórico permanezca latente en la sociedad española en buena parte gracias a quienes han caído en la tentación de avivarlo. Entre las estrategias de no pasar página figura en vanguardia la llamada “memoria histórica”. El concepto es intencionadamente confuso; aún más, incorrecto, ya que la memoria es individual y la suma de memorias individuales –que chocan, son dispares, se desencuentran- no forma, en ningún caso, lo que quieren expresar quienes han acuñado la patochada.

Para Gustavo Bueno “el concepto de memoria es esencialmente subjetivo, psicológico, individual: la memoria está grabada en un cerebro individual y no en un cerebro colectivo”. Y aclara que “la tarea del historiador no consistirá tanto en recuperar la memoria histórica tal cual sino en demoler la memoria deformada”. Lo común es que esta deformación y las tergiversaciones derivadas tengan que ver con posiciones ideológicas.

La llamada “memoria histórica” trata de convertir en vencedores a quienes perdieron la guerra y en perdedores a quienes la ganaron, con bastantes decenios de retraso, en el imposible ejercicio de pasar por la Historia una goma de borrar de modo que solo aparezca como verdadero lo que a cada uno le conviene.

El programa electoral del PSOE para las elecciones de 2004 no incluía la “memoria histórica”, ni tampoco Zapatero mencionó el asunto entre sus objetivos en su discurso de investidura.

El proceso que llevó a la aprobación de la ley “de la Memoria Histórica”, de 28 de octubre de 2007, se inició el 10 de septiembre de 2004 con la creación por real decreto de una Comisión interministerial presidida por la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Desde aquella ley, el Gobierno socialista subvencionó a asociaciones, fundaciones, sindicatos, etcétera, con decenas de millones de euros, ya en época de crisis económica, aunque negada. Si la “memoria histórica” no se mantuviese viva –algunos desean que ad aeternum- se acabarían las subvenciones. Esa relación no es inocente.

El asunto de la “memoria histórica”, en todo caso, no es nuevo. Pese a que Zapatero quiso que se le tuviera por padre de la criatura, en los aspectos asistenciales económicos y de reconocimiento social, desde la llegada de la democracia se fueron promulgando una serie de decretos y leyes específicas para tratar de compensar las situaciones sufridas en la guerra y en la posguerra por personas afectas al bando republicano, la parte de España controlada por el “Frente Popular”. Son una decena de normas.

Tras aquella legislación anterior sorprende que al aprobarse la referida ley en 2007 quedaran aún tantos afectados que no hubiesen solicitado lo que se conoció como “apertura de las fosas” de sus familiares. De hecho, de las subvenciones concedidas en los últimos años solo un 28,2 por ciento del total se destinaron a labores de localización, excavación, exhumación e identificación de víctimas. El 71,8 por ciento restante se destinó a otros menesteres: congresos, seminarios, ciclos de conferencias, estudios, etcétera. En definitiva, a nutrir las arcas de las asociaciones favorecidas.

Se ha repetido que la llamada “memoria histórica” pretende la reconciliación entre los españoles. Sin embargo, con el referéndum de 1976 y la Constitución de 1978 se inició una reconciliación que no debería haber tenido retorno. Entonces la izquierda se sumó a ella y se produjeron declaraciones de muchos de sus dirigentes, desde Carrillo a Felipe González y a Tarradellas en el exilio, manifestando que quedaban cerradas las heridas.

Tras la estrategia de la “memoria histórica” no es aventurado pensar que lo que pretendieron algunos fue establecer cierta legitimidad democrática en 1931 y en la Constitución de la II República y no en la transición y en la Constitución de 1978. Y esto es, además de una injusticia histórica, una falacia.

Las libertades democráticas fueron vulneradas constantemente durante la II República; sobre ello la historiografía es contundente. Muchos combatientes republicanos no lucharon defendiendo ideales democráticos, sino ideales revolucionarios que no eran menos totalitarios, aunque en sentido contrario, que los de los sublevados. Por no hablar de aquella “tercera España” de intelectuales decepcionados después de haber colaborado en el advenimiento de la República. Es el exilio voluntario de Ortega, Pérez de Ayala, Marañón o Severo Ochoa, entre otros, ante el caos de la retaguardia en el Madrid de la Guerra Civil.

La llamada “memoria histórica” patinó demasiado; sufrió a menudo el pecado de la ignorancia. Debería haber sido más respetuoso con la Historia. Son cosas sabidas. El cambio de nombre de la calle general Merry, confundiendo al militar de la guerra de Cuba con un general contemporáneo. La pretensión de que se retirase su sombre a la calle teniente Ruiz, que no era sino el héroe del Dos de Mayo. La petición de que se suprimiese el nombre de la calle Luceros, porque cierta asociación entendía que recordaba a un himno falangista. El intento de que desapareciesen las calles dedicadas a Portugal, Italia y Alemania porque fueron países que apoyaron a los sublevados de 1936. Y el conocido caso de cierta concejala que decretó que se retirase un añejo escudo de los Reyes Católicos porque lucía las flechas y el yugo… Ignorancia o interesado celo de asociaciones que defendían la subvención.

La otra cara de la moneda es la permanencia en la España de hoy de numerosos escudos y símbolos de la República. En institutos, escuelas, plazas de toros, parques de bomberos, jardines, rejas, diputaciones provinciales, ayuntamientos… Y muchos de ellos han sido restaurados varias veces. Han sobrevivido a la República y al franquismo. Nadie pidió nunca que se retirasen. Eran y son Historia.

Borrar parte de la Historia no es posible, y además el revisionismo de la “memoria histórica” es muy costoso para la realidad económica de España. Si el Gobierno es consecuente con las posturas asumidas cuando ejerció la oposición, derogará esa ley.

En la misma línea del artículo anterior de Van Halen ve la luz este Manifiesto por la libertad en la investigación histórica:

“Los historiadores, profesores, investigadores y escritores que firman este documento quieren expresar su alarma e indignación por los intentos de censurar la libre expresión de la investigación historiográfica. Reclamamos el derecho de los investigadores a expresar su trabajo con entera libertad y en la forma que consideren más oportuna.

El debate y el intercambio de opiniones, tan vehementes como se quiera, forman parte de cualquier actividad intelectual y también del trabajo historiográfico. Es inadmisible que se pretenda apartar del debate tal o cual campo de investigación e imponer sobre él un “juicio oficial”, una verdad única. El progreso del conocimiento descansa sobre el flujo libre de ideas y el continuo contraste de puntos de vista. Limitar eso en nombre de “verdades oficiales” es actuar directamente contra la cultura.

Las funciones del poder político en modo alguno pueden extenderse a dictar la verdad científica, ni en materia de Historia ni en ningún otro campo. Ni el ejecutivo, ni el legislativo ni el judicial tienen potestad para decidir qué es verdad y qué mentira. El criterio científico de la verdad y la mentira descansa exclusivamente en los hechos probados fruto de la investigación. Las injerencias de carácter político en esta materia no conducen más que al totalitarismo.

Reprobamos sin ambages cualquier intromisión del Gobierno en el trabajo de las instituciones culturales, públicas o privadas. Las instituciones culturales del Estado son precisamente del Estado, es decir, de todos los españoles, y no del partido en el Gobierno. España es una nación avanzada, moderna, culta y libre. Las reales academias, o cualesquiera otras instituciones culturales, no pueden ni deben someter su trabajo a los criterios del Gobierno de turno.

En lo que concierne estrictamente al objeto de la polémica, que es la figura de Francisco Franco, reclamamos que se permita a los historiadores acercarse al personaje y a su trayectoria con entera libertad y sin otra limitación que los propios hechos, que son la materia prima de nuestro trabajo”.