Uruguay no aceptó la renuncia del embajador que denunció un intento de soborno argentino
El embajador itinerante de Uruguay, Julio Baráibar, quien había renunciado la semana pasada tras mencionar la existencia de un presunto “intento de soborno” durante las negociaciones para el dragado de un canal en un río compartido con Argentina, volvió a su cargo hoy, aseguró una fuente de Cancillería.
“No se le aceptó la renuncia y seguirá trabajando”, indicó la fuente, añadiendo que se considera “muy valioso” el trabajo del embajador.
El propio Baráibar dijo a la edición del martes del periódico La Diaria que el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, con el respaldo del presidente José Mujica, “resolvió no aceptar” su dimisión.
El embajador, hombre de confianza del presidente, había renunciado el pasado miércoles tras indicar a radio Uruguay que “hubo un intento de soborno hace dos años” en el marco de las negociaciones para decidir a qué empresa se atribuía el dragado del río compartido. Horas después de sus dichos, Baráibar relativizó sus palabras.
En sus declaraciones a La Diaria, el embajador itinerante indicó que su intervención fue una “macana”.
En su misiva de renuncia Baráibar había indicado que sus “dichos relacionados a un intento de cohecho vinculados a un episodio que habría involucrado a un representante de una empresa privada y a un funcionario del Gobierno uruguayo ocurridos hace unos años se basaron en comentarios que llegaron a mis oídos” y que renunciaba porque “no dar un paso al costado podría afectar las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos y dañar la imagen del Gobierno” uruguayo.
Tras la polémica iniciada hace dos semanas por versiones publicadas por el diario El Observador de Montevideo, sobre supuestos hechos de corrupción en el mantenimiento del dragado del canal binacional Martín Garcia, el lunes 14 el gobierno argentino solicitó a Uruguay la realización de una auditoría conjunta de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP, binacional) para despejar las dudas.
Uruguay respondió un día después fijando un “plazo máximo” de 60 días para que se expidiera una comisión investigadora..
