Los escándalos por corrupción que acosan al jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, y al vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, pueden culminar en juicios que pondrán en riesgo sus respectivas carreras políticas.

En la última semana avanzaron los procesos en los que están envueltos Macri y Boudou, quienes son enemigos políticos, pero mientras uno trató de exonerarse, el otro optó por el silencio, aunque ambos han perdido credibilidad ante la sociedad argentina.

En el caso del jefe de gobierno, el juez Norberto Oyarbide culminó la investigación iniciada hace tres años en contra de Macri, quien ya estaba procesado y quedó a un paso de ser enviado a un juicio en el que será acusado de asociación ilícita y espionaje ilegal.

Tras el anuncio de la inminencia del proceso judicial en su contra, Macri se deslindó de las acusaciones y aseguró que responden a una maniobra del gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández para perjudicarlo.

“Todo el mundo va a saber que este tema de las escuchas telefónicas es un invento hecho por el kirchnerismo para complicar la gestión de la ciudad, porque es un lugar donde se piensa distinto”, afirmó.

La crisis política comenzó en 2009, cuando se probó que Ciro James, un empleado del gobierno capitalino, había montado una red de espionaje telefónico en la que también participaba el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios.

El ex comisario Palacios dejó el cargo acosado por las denuncias de haber entorpecido la investigación del ataque terrorista sufrido por la AMIA en 1994, pero su sucesor en la Policía, Osvaldo Chamorro, también quedó involucrado en la red de espionaje.

Durante el juicio, la defensa de Macri tratará de probar que éste no encabezó ni participó en la red de escuchas telefónicas, pero si es condenado no podrá cumplir su aspiración de postularse a presidente en las elecciones de 2015.

Respecto a Boudou, esta semana el juez Ariel Lijo unificó dos causas en su contra por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, lo que acelerará las indagatorias en las que se decidirá si es o no procesado.

El escándalo que afecta al gobierno de la presidenta Fernández comenzó en marzo con las acusaciones sobre el tráfico de influencias en que habría incurrido Boudou en 2010 al ayudar a la empresa Ciccone Calcográfica.

Dicha firma, representada por Alejandro Vanderbroele, un supuesto amigo de Boudou, estaba en la quiebra y adeudaba 20 millones de dólares al fisco, pero fue rescatada gracias a la intervención del ahora vicepresidente, quien entonces era ministro de Economía.

Desde que se convirtió en sospechoso, Boudou ha visto desplomarse su popularidad del 50 por ciento que tenía en diciembre pasado, cuando asumió como vicepresidente al lado de Cristina Fernández, a un 25 por ciento que le otorgan ahora las encuestas.