El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha subrayado, en la línea de lo ya manifestado ayer por el titular de Industria y Turismo, José Manuel Soria, que “un ataque a Repsol se considerará un ataque a España”. García-Margallo ha comunicado al embajador argentino en España, Carlos Bettini, que los intereses de la petrolera son prioritarios para el Gobierno y ha resaltado que España ha pedido ayuda a sus socios y aliados para manejar el conflicto abierto por el acoso de Argentina a la petrolera YPF.

“Cualquier agresión” a la seguridad jurídica de Repsol será considerado como un ataque a España, ha enfatizado el ministro, que mantiene conversaciones prácticamente a diario con las autoridades argentinas para solucionar el problema a través del diálogo. Es el momento de estudiar las medidas para el caso de que el diálogo fracase, ha dicho, pero ha remarcado que “no es el momento de enumerarlas”.

García-Margallo ha apuntado que la ruptura con Argentina sería el peor escenario posible y ha subrayado que la Comisión Europea se ha puesto ya en contacto con las autoridades argentinas. Asimismo, ha puesto de relieve las contradicciones existentes sobre las informaciones divulgadas y ha dicho que la información que él tiene es que el proyecto de ley no se ha tramitado aún. “El Gobierno comprende que la cuestión energética es importante para Argentina”, pero le pide al Ejecutivo argentino “que comprenda lo importante que son para España los intereses de las empresas españolas”.

El titular español de Exteriores se ha reunido durante 45 minutos con el embajador argentino en España, en la sede de su departamento para trasladarle la “preocupación” del Ejecutivo por los planes del gobierno de su país de nacionalizar la empresa petrolera YPF, actualmente propiedad de la española Repsol. Pasadas las dos menos cuarto del mediodía, Carlos Bettini abandonaba el Palacio de Viana sin hacer declaraciones ante los periodistas que le aguardaban en el exterior del edificio.

Repsol ha señalado en un escueto comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “no ha recibido notificación alguna por parte de las autoridades argentinas” sobre su participada YPF, tras una jornada de rumores por supuestos planes gubernamentales, no confirmados oficialmente, para tomar el control de la compañía.

El Gobierno “no va a permanecer parado”

En similares términos a los empleados por García-Margallo se ha expresado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, quien ha asegurado que el Ejecutivo, defenderá “con todos los instrumentos a su alcance” los “intereses generales” de España en Argentina en caso de que el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner intervenga YPF.

“No nos consta que haya tomado una decisión”, ha señalado Sáenz de Santamaría en alusión al Gobierno argentino. “Si llega a adoptarse (la nacionalización), es muy negativa para los intereses españoles y es obligación del Gobierno defender con todos los instrumentos a su alcance los intereses generales de España”, ha afirmado.

La vicepresidenta no ha adelantado tampoco qué medidas podría adoptar el Ejecutivo. “Tomará las decisiones que corresponda, pero las medidas no se anuncian, se adoptan. Y espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas, pero si tiene que adoptarlas, lo hará”, ha asegurado. “Invito a la reflexión al embajador y al país del que procede”, ha señalado Saénz de Santamaría, tras aludir a la reunión entre García-Margallo y el representante argentino en España. “Este Gobierno no va a permanecer parado” y está “trasladando a todos los niveles” al Ejecutivo argentino su “preocupación” con la situación en el país y “la gravedad del momento actual”, ha reiterado la vicepresidenta.

SILENCIO DE KIRCHNER SOBRE LA POSIBLE EXPROPIACIÓN

Argentina podría estar preparando el gran golpe en su particular pulso con Repsol por el control de la petrolera YPF, filial de la compañía española. El diario ‘Clarín’ asegura que el Gobierno podría estar redactando un borrador para remitirlo al Congreso de ese país para declarar de interés público hasta el 50,01% de las acciones clase D de la empresa argentina. YPF tiene un total 393 millones de acciones clase D. De ellas, un 57,43% pertenecen a Repsol. El Grupo Petersen cuenta con el 25,46%.

Sin embargo, el gobernador de la provincia de Jujuy, Eduardo Fellner, ha asegurado hoy que el Estado no maneja un proyecto de ley de nacionalización de la petrolera YPF. “Todo está en análisis, no hay ningún proyecto de ley para nacionalizar YPF”, ha afirmado Fellner, que ha actuado como portavoz de la reunión que ha mantenido hoy la presidenta, Cristina Fernández, con los gobernadores agrupados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI), que reúne a las diez provincias petroleras argentinas.

El gobernador ha sostenido, según la agencia Noticias Argentinas, que el encuentro ha permitido “analizar en profundidad la reversión de las áreas” de YPF decretada por varias provincias argentinas. La reunión se ha producido al término de una jornada marcada por la confusión sobre la situación de YPF y después de una reunión entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el ministro de Planificación, Julio de Vido, que concluyó sin avances.

Gobernadores de provincias petroleras habían adelantado en los últimos días que hoy podría anunciarse una propuesta gubernamental para el futuro de YPF. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido un absoluto silencio sobre el tema, pese a las versiones periodísticas que circularon sobre la existencia de un borrador de un proyecto de ley para que el Estado asuma el control de la gestión de la compañía.

Acusaciones recíprocas

El Gobierno de Cristina Fernández acusa a YPF de una caída en la producción de hidrocarburos por falta de inversión, mientras la petrolera sostiene que el pasado año batió récord de inversiones y que en 2012 prevé invertir 15.000 millones de pesos (unos 3.500 millones de dólares). En las últimas semanas, la petrolera ha perdido una quincena de licencias para explorar diversas áreas en seis de las diez provincias petroleras del país.

Al conocer la noticia, el ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha advertido al Gobierno argentino de que “gestos de hostilidad” contra las empresas españolas, entre las que figura Repsol YPF, serán también considerados “hostilidad a España y al Gobierno de España” y tendrán “consecuencias”.

“Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el Gobierno los interpreta como hostilidad a España y al Gobierno de España”, ha afirmado el ministro desde Varsovia.

REPSOL, ATRAPADO EN EL EMBROLLO DE YPF

Antonio Brufau, presidente de Repsol.

M.J. Alegre.- La petrolera Repsol se enfrenta este mes de abril a decisiones que podrían tener un gran alcance y determinar su presencia futura en Argentina. El 25 de abril, una asamblea de su participada YPF deberá refrendar los acuerdos del consejo que optó por ampliar capital y repartir dividendo en acciones, frente a la opinión del Gobierno de Cristina Kirchner, partidario de reinvertir todas las ganancias. Mientras tanto, los mandatarios de las provincias del país latinoamericano le están retirando, una tras otra, las concesiones para producir y explorar en los respectivos territorios. Detrás de esta actuación se intuye la influencia de quienes estarían aconsejando a la presidenta ‘intervenir’ para recuperar el control de YPF. Argentina vuelve a tener problemas económicos y, por vez primera, en 2011 sus intercambios energéticos con el exterior se saldaron con números rojos. el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha viajado a Buenos Aires para solucionar el conflicto.

¿Cuál es el origen del conflicto?

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue creada en 1922 y ejerció un importantísimo papel en el desarrollo de Argentina, al que todavía aporta un tercio de sus ingresos tributarios. Proporciona, además, 4.000 empleos directos y 16.000 indirectos, en 1.557 refinerías y cientos de estaciones de servicio. Privatizada en 1991, Repsol la compró en enero y junio de 1999 mediante un crédito sindicado de 12.900 millones de euros. El ‘corralito’ complicó en el arranque del siglo su trayectoria económica y las presiones nacionalistas vinieron a continuación. Para abrir camino al capital local, la petrolera española facilitó que, entre 2008 y 2011, el grupo local Petersen -de la familia Eskenazi- comprara un 25%, y le proporcionó 2.000 millones de financiación, ahora difíciles de recuperar. Repsol mantiene el 57% de YPF mientras otro 17% está en manos de fondos de inversión domiciliados en Estados Unidos.

¿Por qué no convence esta fórmula accionarial al Gobierno Kirchner?

Los actuales asesores de la presidenta -su hijo Máximo, o el muy influyente Axel Kicillof- le han sugerido que habría otros propietarios argentinos más adecuados, y acusan a Repsol de beneficiarse de YPF sin promover su desarrollo. La prensa sugiere que el poder ve con mejores ojos a los hermanos Bulgheroni, propietarios de la petrolera Bridas y asociados con la china CNOOC. También se está haciendo uso de un discurso populista y nacionalista para ocultar otros problemas.

¿Qué tipo de presión se está ejerciendo sobre Repsol?

Seis provincias argentinas le han retirado o puesto en vigilancia las concesiones de licencias de explotación y exploración en una quincena de áreas y otras han anunciado que seguirán ese camino. De poco sirve la réplica de la petrolera y su recurso a los tribunales. Los discursos oficiales contra «quienes se comportan como virreyes» y en vez de utilizar los beneficios ‘in situ’ se dedican a repatriarlos se prodigaron durante el pasado marzo. Las conversaciones telefónicas del rey Juan Carlos con la presidenta, o el viaje relámpago del ministro de Industria a Buenos Aires aliviaron la tensión, pero la interposición de obstáculos ha proseguido. YPF ha sido la principal perjudicada: su valor en Bolsa se ha reducido prácticamente a la mitad en lo que va de año.

¿Se puede permitir la petrolera española una salida poco airosa de Argentina?

Los inversores en YPF ya han descontado la existencia de problemas, pero las notas que le otorgan las agencias de calificación descienden y la financiación le sale más cara. Repsol obtiene de su filial argentina el 50% de su producción y tiene localizadas en aquel país el 40% de sus reservas. No obstante, aunque destina a ese negocio el 35% de sus inversiones, tan solo procede de este origen el 25% de su resultado de explotación. En 2011, desembolsos de 2.473 millones generaron 1.044 millones de beneficio. Pero hay que contar con la ubicación en Argentina de la gran esperanza de futuro del grupo petrolero: el yacimiento de Vaca Muerta, una formación rocosa de la que extraer gas y petróleo mediante la técnica de la fractura por inyección de agua. Se calcula que podrían abrirse hasta 2.000 pozos productivos de petróleo y otros 1.000 de gas. De partida, parece necesario contar con cien equipos de exploración.

¿Tiene capacidad Argentina para abordar por sí sola un proyecto de esa envergadura?

Ni el país ni tampoco Repsol. La inversión inicial de 10.000 millones de dólares se elevaría a 25.000 millones en una década. El grupo petrolero español está tanteando la posibilidad de aliarse con otras empresas del sector. Ya cuenta con la experiencia de Brasil, donde tiene como socio a la china Sinopec, que le aportó más de 7.000 millones de dólares a cambio del 40% de los activos.

¿Puede buscar el Gobierno de Kirchner sus propias alianzas?

Necesita hacer frente a la situación económica compleja, y a un escenario energético desconocido. En 2011 sus importaciones de energía se elevaron a 9.000 millones de euros, y las exportaciones solo aportaron 5.640 millones, lo que se tradujo en un abultado e insólito déficit. Y aunque podría apostar por otros socios, primero tendría que intervenir la actual propiedad, lo que supone un importante riesgo. Dispone de un sistema parecido a la española ‘acción de oro’, que le abre camino a actuar cuando declara que considera estratégica una actividad. Pero la pérdida de seguridad jurídica alejaría a potenciales candidatos, y en particular a los que exigen trabajar con las garantías que hacen posible el libre funcionamiento de los mercados. Estados Unidos acaba de sacar a las exportaciones de Argentina de su sistema de preferencias generalizadas.

¿Se pueden trasladar a otras empresas españolas los problemas de Repsol en Argentina?

Las grandes multinacionales de origen español tienen negocios en el país. Los dos grandes bancos -Santander y BBVA- se resienten de las alzas de costes y el recorte de márgenes. Más complicado lo han tenido siempre los negocios regulados de Abertis (autopistas), Gas Natural Fenosa y Endesa (energía) o Telefónica, con muchas dificultades para que se les autoricen variaciones de precios.