Imputar los costes de entrega de material a programas distintos a los autorizados; no respetar los límites presupuestarios de los programas subvencionados; incumplir el plazo previsto para el pago de los gastos subvencionados, una acreditación incorrecta de determinados gastos y no aportar la totalidad de la financiación propia o de otras subvenciones para la ejecución de las actividades subvencionadas pese a haber sido comprometida, según recoge elEconomista.

Este es el listado de infracciones que el Tribunal de Cuentas ha detectado en el informe de fiscalización de las subvenciones concedidas por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a Cruz Roja Española, para la integración de los emigrantes en 2007.

Kits para atención socio sanitaria

Un informe en el que el organismo fiscalizador del Estado cifra en 1,020 millones de euros el valor de las entregas de kits para atención socio sanitaria de urgencia en territorio no autorizado, es decir los centros territoriales de la península, cuando la subvención oficial se había concedido exclusivamente para Canarias. Una cantidad que supone el 88,7 por ciento de las adquisiciones realizadas.

Un desvío de fondos públicos, al que el Tribunal añade, como constitutivo de posible infracción ,la ausencia de estudios técnicos que permitieran determinar las necesidades a cubrir. Y como prueba de esta falta de previsión, el organismo que preside Manuel Núñez, destaca que, de las compras realizadas en el año 2007, a 31 de diciembre Cruz Roja Española tan sólo había solicitado y recibido el 9,4 por ciento de las mismas, “siendo suministrado el resto en ejercicios posteriores e, incluso, quedando pendiente de suministro, a 31 de diciembre de 2009, el 26 por ciento de las adquisiciones realizada en el año 2007 y, por tanto, financiadas con cargo a las subvenciones de ese año”.

Añade, el Tribunal de Cuentas, que el 97,10 por ciento de las compras de material en 2007 se realizaron en el mes de diciembre, por lo que, “dada la inexistencia de estudios previos de necesidades, la entidad podría haber realizado estas compras con el único objetivo de justificar al máximo la cuantía subvencionada”.

Además, en el año fiscalizado, Cruz Roja Española no disponía de “un instrumento jurídico suficiente” (un contrato) que regulara sus relaciones comerciales con su principal proveedor de kits , la sociedad C, S.L, pese a que la adquisición de material realizada con el mismo fue superior a 1,705 millones.

El importe total de las subvenciones concedidas por la Secretaría de Estado de Inmigración a Cruz Roja Española fue de 20.689.843,71 euros, y el importe de los rendimientos financieros obtenidos para estas subvenciones fue de 17.556 euros, resultado un total de recursos disponibles para la ejecución de las actividades subvencionadas de 20.707.398.71 euros.

Sin justificantes de entrega

El importe total de la justificaciones aportadas en la ejecución de los programas subvencionados fue de 20.572.533,59 euros, resultando unos fondos no aplicados de 134.866,10 euros. Sin embargo, la información facilitada por la Dirección General de Integración de los Emigrantes recoge unos reintegros de Cruz Roja por un total de 55.040, 52 euros, con lo que el importe total pendiente de reintegro asciende a 80.652,88 euros que, “a juicio de este Tribunal de Cuentas, debe ser requerido , más los intereses de demora”.

En relación con estas ayudas, el órgano fiscalizador del Estado denuncia también la “insuficiente justificación acreditativa de la efectiva entrega del material inventariable a los beneficiarios últimos, especialmente relevante a efectos de la justificación de la subvención e atención humanitaria”.

Así, el Tribunal de Cuentas hace constar que “no ha podido obtener evidencia suficiente de que las salidas de material de los almacenes de Cruz Roja Española tuvieran como destino a los beneficiarios últimos de los kits, dado que no siempre existió una relación detallada de destinatarios, o el recibí de estos beneficiarios, o la identificación o cuantificación exacta del material entregado”.

Por este motivo, advierte a la Dirección General de Integración de los Emigrantes que debe analizar si la conducta descrita “es susceptible de constituir una de las infracciones administrativas” previstas en la Ley General de Subvenciones.

Otra posible infracción detectada por el Tribunal de Cuentas radica en el incumplimiento por parte de Cruz Roja Española del compromiso de aportar 219.393 euros procedentes de otras subvenciones y 64. 409,18 euros de fondos propios para financiar los programas subvencionados. Resultado que las aportaciones realizadas fueron “significativamente inferiores”, siendo de 112.970 euros las de otras subvenciones y de únicamente 8.827,77 euros las de fondos propios.