José Antonio Griñán sabe que el fraude de los ERE es el mayor escándalo de corrupción de la historia política de Andalucía. Y por eso, ayer en una entrevista radiofónica en plena campaña para el 25-M, sólo pudo argumentar para defenderse que Francisco Javier Guerrero no trabajó en la Junta en la actual legislatura, que comenzó justamente en 2008.

Guerrero, exdirector general de Empleo entre 2001 y 2008, ha sido la persona en la que la Junta ha tratado de limitar el máximo nivel de responsabilidad política de este caso desde su inicio, pese a haber ya un exconsejero de Empleo imputado. Griñán, por su parte, es presidente desde abril de 2009. Pero es que esa línea de responsabilidad se había roto ya tras ser imputado el actual director general de Empleo, Daniel Rivera, por la juez de Sevilla que investiga el caso.

A ello se han sumado las nuevas filtraciones del sumario que instruye Mercedes Alaya, que desvelan el resultado del interrogatorio a una asesora de la consejería de Empleo que, entre julio de 2008 -cuando ya se comenzaba a vislumbrar públicamente la magnitud del caso, nacido por la investigación del ERE de Mercasevilla de 2007- y marzo de 2011, trabajó en la Consejería de Empleo para ocultar el fraude y las arbitrariedades cometidas.

La declarante también apunta que el desorden y caos de los expedientes de los ERE y las ayudas a empresas le hizo pensar en que los actos que ordenaban debían quedar anulados.

La Guardia Civil, que se ocupa de los interrogatorios del caso en lugar de la Policía por decisión de Alaya, ya apuntó en un informe de febrero, tras tomar varios días declaración a Guerrero, que la responsabilidad del caso se elevaba al menos hasta el consejillo que los lunes precede al consejo de Gobierno.

Ese consejillo estaba presidido hasta 2009 por Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia, actual diputado en el Congreso y miembro de la Ejecutiva federal del PSOE.

Del interrogatorio realizado por la Benemérita a la asesora se desprende la voluntad tanto del exconsejero imputado Antonio Fernández como de su sucesor y actual consejero, Manuel Recio, de tratar de ordenar toda la etapa de Guerrero. Esto indica claramente que tanto Fernández como Recio, así como los dos directores generales sucesores de Guerrero también imputados y el exviceconsejero que también está en esta situación, conocían las irregularidades y trataron de taparlas a toda costa.

Es justo la denuncia que hizo ayer el PP andaluz, aunque elevando el tiro directamente a Griñán, al haberse producido esta labor de rehacer los expedientes de subvención para ERE y de ayudas directas a empresas entre 2008 y 2011.

En la declaración de la asesora se cita claramente la colaboración en esta labor de ocultación de otros altos cargos de la Junta, como Antonio Valverde, actual director general de la agencia Idea -el ente a través del cual se abonaban las ayudas tras recibirse transferencias desde la Consejería de Empleo-; o el también asesor de la consejería y aún diputado andaluz Ramón Díaz.