El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal encausado en el caso de los ERE fraudulentos, Francisco Javier Guerrero, tendrá que entrar en prisión tras la orden dictada esta madrugada por la jueza instructora del caso. La magistrada le acusa de tres delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho y y otros tres delitos de falsedad documental y mercantil.

Después de tres intensas sesiones de declaraciones, tanto la Fiscalía como la representación de la Junta de Andalucía y las acusaciones del PP, el sindicato Manos Limpias y UGT habían solicitado a última hora de la noche del viernes que se le impusiera como medida cautelar la prisión incondicional, además de una fianza de 933 millones en concepto de responsabilidad civil, aunque la jueza finalmente no se ha pronunciado sobre este extremo. La petición del ministerio público se argumenta en la gravedad de las irregularidades cometidas a lo largo de casi una década, así como el riesgo de fuga o el “entorpecimiento” de la investigación derivado de la influencia que Guerrero pueda ejercer sobre los otros implicados en la causa, que ascienden a medio centenar.

Mientras esperaba a conocer la decisión judicial, el principal implicado en la trama ha comentado con sus abogados que estaba “muy tranquilo”, ya que decía haber contado “todo lo que he vivido”.

Las acusaciones del chófer, una ‘vendetta’

Durante su comparecencia, Guerrero ha vuelto a apuntar a la cúpula del Gobierno andaluz, ya que asegura que conocían la fórmula empleada para conceder las ayudas sociolaborales y las prejubilaciones en empresas en crisis, que la jueza Alaya considera ilegal. Así, el mismo viernes por la tarde aseguraba que “estas personas sabían y tenían que saber cómo se trabajaba en la Dirección General de Trabajo”, según relataron fuentes judiciales. No obstante, en ningún momento les achacó haber conocido las supuestas irregularidades en la tramitación, ya fueran los intrusos en los expedientes de prejubilación o en las ayudas directas a empresas afines a dirigentes locales del PSOE.

Guerrero ha reconocido que dio ayudas al que fuera su chófer porque hacía asesoramiento a empresas, aunque desconocía que el dinero fuera a parar a sociedades a nombre de éste. También ha negado que el conductor le diera luego en mano parte de esas ayudas o ambos las compartieran en forma de drogas y juergas. Así, ha atribuido las acusaciones del conductor, Juan Francisco Trujillo, a una ‘vendetta’ porque fue el directivo de la Junta quien promovió su cese o a que alguien le haya pagado para aumentar las acusaciones en su contra.