Un grupo de sudamericanos sigue un partido de la Copa América de fútbol desde un locutorio de Valencia.

Un país con 5 millones de parados no puede permitirse el lujo de mantener sus fronteras abiertas a una inmigración descontrolada que ya nos ha desbordado. Ni seguir ‘deslocalizando’ empresas para importar unos productos que antes se fabricaban en España. Eso genera desempleo. Y si los escasos puestos de trabajo que van quedando, debemos compartirlos con inmigrantes, podemos tener la certeza de que nuestra ruina está asegurada.

La campaña a alas elecciones del 20-N se ha caracterizado por la zafiedad, el mal gusto y la chabacanería. Pero también por el discurso maniqueo de una izquierda que dice tener ahora, las soluciones que fue incapaz de aplicar durante una desastrosa legislatura presidida por el presidente más absurdo y arbitrario de nuestra historia. No contentos con fomentar el enfrentamiento entre españoles, ahora se pretende, desde la izquierda más sectaria, provocar el enfrentamiento entre españoles e inmigrantes. Aquí no hay trabajo. Huelgan más explicaciones. Los extranjeros deben regresar a sus países de origen.

El concepto de “solidaridad” no puede imponerse por la fuerza a unos ciudadanos españoles sangrados por los impuestos, los recortes salariales y sociales, y a unos desempleados al borde de la desesperación a los que cada día les quedan menos esperanzas de encontrar un trabajo. No se puede, en aras de la demagogia buenista, arrebatar a los españoles el acceso a unos escasísimos beneficios sociales, para regalárselos a unos extranjeros que no han cotizado para disfrutarlos y que, por tanto, no tienen derecho a ellos. Donde comen dos, no comen tres. Porque pasar de dos a tres significa aumentar en un 50% el número de comensales a un festín cada vez más magro.

Es cierto que España fue un país de emigrantes en fechas aún recientes; pero no es menos cierto que al primer atisbo de recesión, allá por 1973, al desencadenarse la crisis del petróleo, Alemania, Francia y Suiza, principales receptores de emigrantes españoles, no dudaron ni un instante a la hora de ordenar su inmediata repatriación, sin dar más explicaciones que un escueto “se acabó lo que se daba”. No le debemos nada a nadie. La tolerada inmigración ilegal de ciudadanos extracomunitarios es una compensación, otra más, con la que los sucesivos gobiernos de PP y PSOE vienen prevaricando y “premiando” a diversos países magrebíes y sudamericanos para que unas cuantas empresas españolas hagan allí sus particulares negocios.

Paradójicamente, son los gobiernos de países como Ecuador y Marruecos, cuyas colonias de inmigrantes en nuestro país son las más numerosas, los que vienen demostrando una actitud más hostil hacia España. Rafael Correa, presidente de Ecuador, amenazó recientemente a las empresas españolas con “renegociar” las condiciones pactadas por su Gobierno con ellas. La táctica que se viene empleando contra las empresas españolas en los países sudamericanos es tan burda como eficaz, y consiste en aguardar pacientemente a que éstas pongan en marcha unos negocios que requieren de grades inversiones, debido a las infraestructuras requeridas, y, una vez están estos negocios en disposición de generar beneficios, al menos para lograr un retorno de capital sobre lo invertido, extorsionarlas exigiendo una mayor ‘tajada’ o, sencillamente, expropiarlas mediante nacionalizaciones irregulares y fraudulentas. A esto se reduce la presencia de las empresas españolas en América Latina. Una región que, por alguna razón, los avispados inversores norteamericanos abandonaron hace tiempo.

Nunca hemos entendido qué objeto tiene que una empresa como Telefónica, pongo por ejemplo, abandone una sustanciosa parte de su mercado nacional para cedérselo a una empresa extranjera, como Vodafone, para después tener que hacer las maletas e ir a buscarse la vida allende los mares. Máxime teniendo en cuenta que los xenófobos británicos no quieren ver allí a Telefónica ni en pintura, como tampoco quisieron ver en su día a Repsol, tras el canje de estaciones de servicio con BP (British Petroleum). La presencia de Repsol en Reino Unido fue tan breve como desastrosa, y para librarse de un naufragio aun peor que el de la Invencible, tuvieron que revender sus estaciones de servicio a BP y poner pies en polvorosa. Entretanto, aquí BP sigue haciendo un excelente negocio, y CEPSA (Compañía Española de Petróleos Sociedad Anónima) está ya prácticamente en manos francesas. De ahí que no acudiese a la convocatoria de Zapatero en La Moncloa: porque CEPSA, lamentablemente, ya no es española. Así son de ventajosos y provechosos todos los negocios que las empresas españolas hacen fuera de España.

¿No sería mejor que cada cual se quedase en su casa? Lo decimos porque para generar negocio para Telefónica, primero es necesario llenar España de sudamericanos que llamen a través de este operador a sus familias y amigos en sus países de origen. Luego hay que ponerles económicos locutorios para que esas llamadas les resulten baratas. El resultado de todo esto es un servicio deficiente y carísimo que, además, es abusivo y discriminatorio para los consumidores españoles que pagamos nuestras conexiones ADSL y de telefonía móvil carísimas.

Y para que los bancos españoles puedan cobrar su correspondiente comisión por las transferencias de divisas, es imprescindible que haya aquí unos “ordenantes” sudamericanos. Pero además, esa inmigración nos obliga a importar unos productos de allí, que sus ciudadanos quieren consumir aquí, y que generan más salidas innecesarias de divisas. Y cuando los bancos embargan a los ecuatorianos sus casas, éstos se quejan a su Gobierno para que el bravucón Correa presione a los melifluos gobernantes españoles, y los bancos españoles apliquen a los ecuatorianos unas moratorias en los embargos y desahucios que, desde luego, no aplican a los arruinados españoles.

Los mismos farsantes que nos dijeron que los inmigrantes iban a contribuir a pagar nuestras pensiones, siguen negando descaradamente que lo cierto es que generan un oneroso gasto en la Seguridad Social que la ha llevado al borde de la quiebra, y que ya ha supuesto, de momento, el recorte de prestaciones, la congelación de las pensiones, y, un retraso en la edad de jubilación de los españoles que pasa de los 65 a los 67 años. Esperemos, como mal menor, que todo se quede ahí. Pero me temo que no será así. Mientras a los españoles, según proponía Trinidad Jiménez en las postrimerías de su irrelevante gestión en Sanidad, se nos quiere hacer partícipes de lo que cuesta una intervención quirúrgica a través de una factura proforma, de momento solo simbólica, se sigue prestando asistencia gratuita a tutiplén a los marroquíes en los hospitales de Ceuta y Melilla. Especialmente a las embarazadas que van a parir allí para que sus hijos gocen de la nacionalidad española.

También se presta asistencia sanitaria programada a ciudadanos que viven en otros países, y que se desplazan al nuestro expresamente para someterse a determinadas operaciones quirúrgicas que en sus países de origen no contemplan sus servicios médicos públicos. Alemanes, belgas y británicos se niegan a reembolsar a nuestro servicio público de salud los gastos generados por la asistencia médica prestada a sus residentes en España, aduciendo que “ya que viven aquí, y generan ingresos aquí, tenemos la obligación de atenderles”. Los nimios ingresos que nos aportan muchos de estos ancianos no cubren, ni de lejos, los elevados costes de determinadas intervenciones quirúrgicas, especialmente las de cirugía cardiovascular, que suelen ser frecuentes.

Los españoles somos tan rumbosos con los extranjeros, como cicateros con nosotros mismos. Pero hay que ser tolerantes. No podemos abrir la boca para quejarnos por lo injusto de esta situación, so pena de ser acusados de promover el racismo y la xenofobia. Pero podemos despotricar hasta hartarnos, siempre y cuando sólo fomentemos el odio entre españoles. Para dar cumplimiento a tan ‘loable’ propósito, es lícito que un iracundo Joan Puigcercós diga que “en Andalucía no paga impuestos ni Dios”. O que doña Esperanza Aguirre, en un arrebato de incontinencia verbal, proclamase hace unos años, a propósito de la, finalmente frustrada, fusión de Endesa y Gas Natural, aquello tan patriótico de “¡Antes alemana, que catalana!”

En fin, visto lo visto, sólo podemos decir que así nos luce el pelo.