La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta “trama” de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, considera que las ayudas concedidas por la Junta podrían formar parte de “un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios”, lo que “podría generar responsabilidad para España como Estado miembro”.

En un auto notificado este martes a las partes, la juez plantea como “conclusión apriorística” que las ayudas dadas por la Junta “podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad” de las ayudas por parte de la Intervención General de la Junta.

A ello se suma que “podría haber sido un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios, primero concediendo en su mayoría ayudas por encima del umbral de mínimos y, en segundo lugar, incumpliendo las condiciones de publicidad e información para aquellas ayudas que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación y autorización previa, incumplimiento que podría generar responsabilidad para España como Estado miembro”.

En otro auto, la magistrada reclama las operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones de euros realizadas por IFA/IDEA desde 2007 hasta la actualidad, “con mención expresa a si existe o no autorización previa -a la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno- del titular de la Consejería de Economía y Hacienda”, cargo que ocupó entre 2004 y 2009 el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.