El Juzgado de Ubrique ha decidido continuar la tramitación de las diligencias previas abiertas contra José Rafael Reyes Pérez y Elisa Sánchez Girón, exalcaldes socialistas de Benaocaz (Cádiz), que están imputados por un presunto delito de prevaricación. En un auto fechado el pasado 24 de enero, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Ubrique, Raquel López-Vizcaíno Castro, entiende que hay indicios de que ambos exregidores pudieron cometer un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, en su modalidad de prevaricación, al conceder nueve licencias de obra en esta población serrana “a sabiendas de que eran contrarias a las normas de ordenación territorial y urbanística vigentes en el momento de la concesión”, según refleja el auto de procedimiento abreviado suscrito por la jueza y al que ha tenido acceso este periódico.

La titular del Juzgado de Ubrique ha remitido ya la causa a la Fiscalía de Cádiz para que se pronuncie a favor de la apertura de juicio oral contra ambos regidores o, en el caso de que no aprecie delito, por el sobreseimiento de la causa. Igualmente se pronuncia a favor remitir el caso a los Juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento.

La denuncia contra José Rafael Reyes Pérez y Elisa Sánchez Girón fue presentada el 1 de febrero de 2008 por Juan María Mangana, que tanto en esa fecha como en la actualidad es el regidor de la localidad benaocaceña y líder del PP en esta población.

A la vista de esta denuncia y de la instrucción llevada a cabo en el Juzgado ubriqueño, la jueza aprecia indicios de delito en la concesión, en los años 2005 y 2006, de nueve licencias de obra contraviniendo las normas legales. En lo referente a Reyes Pérez, que fue alcalde de Benaocaz entre junio de 1991 y enero de 2007, el auto de procedimiento abreviado matiza que “ha resultado acreditado que concedió licencia urbanística en nueve expedientes mediante silencio positivo, sabiendo que eran contrarios a las normas de planeamiento vigentes”.

Siempre según este auto judicial, Reyes solicitaba previamente, y como es preceptivo, informes sobre estas licencias urbanísticas al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) dependiente de la Diputación de Cádiz. En los casos en los que el informe tardaba más de tres meses en elaborarse, el Ayuntamiento concedía la licencia mediante silencio positivo. Pero incluso en los casos en los que los informes del SAM eran negativos, Reyes Pérez autorizaba igualmente las licencias aún en contra del organismo asesor.

Y añade el auto que si bien los informes del SAM no son vinculantes, “sí lo es que en ellos se ponen de manifiesto numerosas irregularidades en los expedientes de concesión de licencias y que pese a ello la Alcaldía no tenía reparos en concederlas”.

En lo referente a Elisa Sánchez Girón, que fue alcaldesa de Benaocaz entre enero y junio de 2007, el auto refleja que rechazó una moción al pleno planteada por la oposición en la que se le instaba a revisar estas licencias de obra. Bien al contrario, Sánchez Girón permitió la continuación de las obras pese a ser contrarias a las normas de ordenación del territorio y urbanismo.

El auto de la titular del Juzgado Único de Ubrique, tras tomar declaración a los implicados y analizar la documentación aportada -en concreto los expedientes del Ayuntamiento de Benaocaz- concluye que existen elementos de juicio “para afirmar provisionalmente la existencia de un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación”, previsto en el artículo 320 del Código Penal.