Cuando se cumple el primer mes sin becarios en el sistema de investigación público y concertado –norma que entró en vigor el pasado 2 de enero– ‘Investigación Digna’ ha señalado que se trata de una situación que todos esperaban desde hace tiempo pero que, al llegar de la mano de un recorte presupuestario no mejorará la situación de los científicos que investigan en el país.

Así, ha indicado que con los recortes “hay un colectivo de doctorados en riesgo a perder sus becas en medio de la realización de sus tesis”, un hecho que, según ha denunciado, ya está sucediendo en algunas comunidades autónomas. También implica que los que terminan sus tesis cada vez van a tener menos oportunidades para conseguir su primer contrato posdoctoral, ya que los proyectos de investigación cuentan con menos recursos.

Según ha explicado la portavoz de la plataforma, Amaya Moro, “es posible que la situación se agrave más por una reducción del número de contratos posdoctorales de excelencia”. “Todo esto afectaría tremendamente a un colectivo muy bien preparado que, al contrario de países cómo Alemania, no va a poder ser absorbido por el sector privado del país, con la consiguiente pérdida de un valioso capital humano y de los recursos invertidos en su formación”, ha señalado.

Del mismo modo, ha indicado que la situación será “crítica” para la siguiente generación de investigadores ya consolidados, como lo son aquellos que forman parte del programa Ramón y Cajal, o los investigadores con varios contratos posdoctorales en su currículum. “Para ellos, la oferta de empleo público cero que ya se ha anunciado supone un callejón sin salida”, ha apuntado Moro.

En este sentido, ha destacado que para los investigadores en el programa Ramón y Cajal supone también el incumplimiento de un compromiso de estabilización implícito en las convocatorias de ese programa, un compromiso que fue reafirmado en la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Ante esta situación, la portavoz de ‘Investigación Digna’ ha señalado que la oferta de empleo público cero en investigación supone “una muerte agónica del sistema” ya que “no se van a cubrir ninguna de las plazas que queden libres por jubilaciones”. A su juicio, muchos investigadores no van a tener otro remedio que dejar la investigación o refugiarse en otros países.

Además, ha indicado que también hay que contar con “la pérdida de credibilidad del sistema de investigación en España y cómo ésto puede afectar a la percepción que otros países, e inversores, tienen de un país como este, que no deja de prometer un cambio de su modelo productivo a uno basado en el conocimiento pero que toma medidas en la dirección opuesta”.

LA PRECARIEDAD “CONTINÚA”

También la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) ha mostrado su preocupación por las consecuencias que los recortes pueden suponer para los investigadores ahora que ya no existen las becas. Su portavoz, Ester Artells ha indicado que “la reducción de presupuesto puede provocar que no haya el mismo número de contratos que becas” una situación que genera “mucha preocupación”.

“Somos la FJI pero nos conocen con el nombre de ‘becarios-precarios’ y estamos encantados de que el término de becarios desaparezca, pero hay que estar atentos de que se aplique adecuadamente”, ha indicado Artells, quien ha matizado que, además “la precariedad continúa” debido a los “contratos poco estables, como los postdoctorales” que, a su juicio, “impiden a los investigadores a asentarse a una edad normal”.

Sin embargo, la federación aún mantiene “expectativas y esperanzas” de cara a que el nuevo Gobierno “cumplan las promesas que se han dicho”. En este sentido, ha apuntado que la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, “tiene que atender a muchas cosas que han quedado pendientes”. “Pero si hay una reducción drástica en el número de contratos no tardaremos en alzar la voz y criticarlo”, ha concluido.

Precisamente, este miércoles la Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal (Anirc) ha entregado en los ministerios de Economía y Competitividad y Educación, Cultura y Deporte, dos cartas firmadas por más de 200 investigadores en las cuentan al Ejecutivo la situación de desamparo en la que quedan los científicos que acaban el programa en 2012 y le piden que oferten plazas estables.

Para Anirc, es “indispensable y urgente” incluir en la próxima oferta de empleo público un número de contratos indefinidos o plazas de funcionario suficientes para que todos los investigadores Ramón y Cajal que han acabado recientemente su contrato o que acaben durante 2012, y que hayan superado la evaluaciones pertinentes de su trabajo, tengan la oportunidad de opositar.

Con la carta, la asociación quiere hacer llegar “el serio problema actual del futuro de los investigadores Ramón y Cajal y la posible pérdida de un capital humano altamente cualificado”. En este sentido, han señalado que es necesario “plantear una solución razonable y a la vez viable” para estos científicos.

EL FIN DE LOS BECARIOS

El pasado 2 de enero entró en vigo el texto de la Ley de la Ciencia por el que desaparecían los becarios del sistema público y concertado de la I D i en España. De esta manera, las modalidades de contrato específicas que se establecen en el nuevo Sistema son: un contrato predoctoral, con el que se suprimen los ‘becarios-precarios’ del sistema público y concertado de la I D i, que será prorrogable por periodos anuales; un segundo contrato de acceso, cuyo objetivo será la consolidación de los investigadores dentro del sistema de ciencia; además de un contrato de investigador distinguido, para que se pueda atraer talento de otras instituciones.

En relación a los contratos Ramón y Cajal, que actualmente tienen una duración de cinco años y con los que los investigadores se ‘quedaban en la calle’ una vez fuesen finalizados, se ha consensuado un mejor acceso al sistema de ciencia español para ellos, a través de las dobles evaluaciones que ya realizaban en sus programas y subprogramas.

Además, la norma pretende potenciar la movilidad y el intercambio de investigadores entre distintos agentes de ejecución públicos y privados, en el ámbito español, en el marco de la UE, y en el de los acuerdos de cooperación recíproca internacional y de los acuerdos de colaboración público-privada, es decir, se crean unas ‘pasarelas’ para que los investigadores tengan más facilidades para poder trabajar en otros centros.