Musulmanes rezando junto al Ayuntamiento de Badalona.

El último pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet aprobó una moratoria de un año de duración que impide la apertura de centros religiosos. La medida sale adelante gracias al apoyo de los tres grupos políticos al frente de la corporación local: PSC, ICV y CiU, los mismos colores que hace pocas semanas tumbaron en la vecina Badalona una propuesta similar de Xavier García Albiol, el alcalde del PP cuyo nombre viene siempre asociado a la polémica.

La alcaldesa colomense, la socialista Núria Parlon, veta durante un año la inauguración de todo tipo templos sin provocar revuelo mediático. “No –corrige el teniente de alcalde colomense, el también socialista Esteve Serrano–, nuestra medida no tiene nada que ver con la de Badalona. En Santa Coloma hemos esperado a no tener ninguna solicitud de apertura pendiente para sacar adelante esta moratoria”. Pocas veces los socialistas colomenses han contado con el apoyo del Partido Popular y muchas menos con el de Plataforma per Catalunya.

La historia de ambas moratorias, la de Badalona y la de Santa Coloma de Gramenet, viene a ilustrar una vez más cómo el área metropolitana de Barcelona es una realidad social única, pero despedazada en unidades administrativas inconexas, en gobiernos que, salvo para organizar el servicio de recogida de basuras y poco más, suelen darse la espalda los unos a los otros. Si los gobiernos de Badalona y Santa Coloma ya tenían problemas para entenderse cuando, hasta el anterior mandato, ambos estaban en manos socialistas, ahora, con una ciudad gobernada por el PP y la otra por el PSC, la incomunicación es total.

Xavier García Albiol quería decretar una moratoria para impedir in extremis la inminente inauguración de una mezquita en la acera badalonesa de la calle Liszt, en la frontera de ambas ciudades. Muy cerca, el gobierno progresista de Santa Coloma puede obviar, un año más, una de sus cuestiones pendientes: la principal mezquita de la ciudad se encuentra instalada en unos barracones provisionales desde el año 2004. En aquel entonces la oposición un grupo de vecinos de toda la vida del barrio del Singuerlín impidió la apertura de un oratorio. El Ayuntamiento de Santa Coloma, ante la presión vecinal, decidió trasladar los rezos al parque de Can Zam. Y allí permanecen los módulos prefabricados.

De hecho, la moratoria colomense se fundamenta en otras cuestiones. El teniente de alcalde Esteve Serrano agrega que Santa Coloma es una ciudad especialmente densa, que muchos centros de culto se hallan en bajos comerciales de edificios de viviendas y que urbe carece de una normativa específica al respecto. De este modo, los problemas de convivencia son habituales. “Se trata de unos problemas –señala Serrano– más derivados de los ruidos y el tránsito de personas que de las diferencias culturales. La moratoria de un año nos servirá para analizar la situación de la ciudad y, después, elaborar una normativa que garantice la conciliación de los derechos al culto y a la tranquilidad”.