Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que ejercen la acusación particular en la causa abierta a Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por su gestión presuntamente irregular de unos cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York, tiene previsto recurrir el auto por el que el juez suspendido ha sido imputado de un delito de cohecho impropio para solicitar que también sea encausado por prevaricación y un delito continuado de extorsión, que conllevaría pena de cárcel.

Así lo señalan ambos letrados en un comunicado emitido este lunes en respuesta a la nota de prensa en la que Garzón volvió a defender su inocencia expresó el pasado sábado su más “absoluto y contundente rechazo” a las conclusiones a las que ha llegado el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena para imputarle en esta causa.

A juicio de esta parte, las conductas que Marchena describe en su auto de imputación, esto es, que el juez suspendido de la Audiencia Nacional se habría valido del cargo para obtener fondos de grandes empresas que podrían ser posteriormente objetivo de investigación penal a su vuelta a la Audiencia Nacional, podrían encajar en el tipo penal de extorsión de carácter continuado (artículo 243 del Código Penal), que conlleva prisión de 1 a cinco años.

Según la nota de prensa redactada en respuesta de la del propio Garzón, la acusación particular considera que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se coloca en “una postura insostenible al negar la evidencia de sus solicitudes de patricinios” a empresas como Telefónica, Cepsa, Santander, Endesa y BBVA, que eran ‘exclientes’ o ‘clientes’ de la Audiencia Nacional, y que han quedado “acreditadas en el proceso”. Continúa esta parte insistiendo en las conclusiones adoptadas por Marchena, como que de los fondos aportados por las empresas se pagó el salario de su asistente personal durante su estancia en Nueva York en 2005 y 2006, cuando Garzón disfrutaba de un permiso de estudios concedido por el Consejo General del Poder Judicial.

Favoritismos

Según los cálculos realizados por esta parte, Garzón pidió valiéndose de su cargo 2.595.375 dólares de empresas españolas y obtuvo gracias a sus gestiones 1.237.000, lo que “no hubiera tenido lugar de no ser el juez Garzón quien lo solicitaba”. “Garzón tuvo una conducta incompatible con la deontología y obligaciones de un juez y hasta de un ciudadano, por picaresca ocultación de su segundo sueldo”, recuerda esta parte, ya que según el instructor no informó al CGPJ de lo que obtuvo de la Universidad mientras, en excedencia, seguía cobrando su salario íntegro como juez. Esta parte calcula en 10.000 dólares mensuales durante 15 meses lo cobrado por Garzón “que salió de la misma cuenta de la Universidad de Nueva York donde las empresas solicitadas ingresaban los patrocinios”.

La Fiscalía no ha venido acusando en este procedimiento, por lo que es probable que insista en su archivo, mientras que la acusación popular, ejercida por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, solicitarán su procesamiento. El juez aprecia indicios de comisión de un delito de cohecho impropio del articulo 426 del Código Penal por tres motivos: que Garzón era autoridad o funcionario público en el momento de los hechos, que las dádivas o regalos fueron entregadas a su condición de juez y que ello implico obtención de una ventaja o aprovechamiento personal o de un tercero.