A grandes males, grandes remedios. El pasado miércoles, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunciaba que el Gobierno va a liquidar notarialmente unas 400 empresas este año, con el propósito de recortar el abultado gasto y reducir el déficit. Gráfico: ¿Por qué es insostenible el modelo territorial?

Beteta avanzó, además, que el Gobierno central ha pedido a las comunidades que le hagan llegar unas “fichas normalizadas” con los datos sobre la deuda de sus empresas públicas -“que lógicamente habrá que pagar”- y del personal al que emplean, para analizar el coste que tendría esta poda de entes y organismos.

El secretario de Estado ponía así la lupa sobre lo que, a todas luces, supone una importante sangría de recursos públicos: el endeudamiento de las autonomías a cargo de sociedades, unidades institucionales que no se consideran públicas -el Estado no tiene la mayoría de capital y no tienen control por parte de la Administración- y de aquellas otras que, aun considerándose públicas, se supone que están “orientadas al mercado”, lo que ofrece unos márgenes muy flexibles de interpretación.

Los recientes casos de la Comunidad Valenciana, primera autonomía que ha necesitado el auxilio del Estado para hacer frente a sus créditos y deudas a proveedores; o el agujero en las cuentas que dice haberse encontrado Artur Mas en Cataluña, heredado del Tripartito, que ha obligado al Ejecutivo de CiU a medidas drásticas de ajuste, son bien elocuentes del pozo sin fondo en que parecen haberse convertido las cuentas públicas.

Y las diputaciones y corporaciones locales están igual. O peor. En los últimos meses, las noticias sobre ayuntamientos a los que les cortan la luz por impago; colegios sin calefacción por falta de recursos; y policías municipales y funcionarios sin cobrar sus nóminas, han dejado de ser la excepción.

Colgados de la periferia

¿Dónde está la raíz de este endeudamiento descomunal, que amenaza la propia viabilidad del modelo territorial? Según un informe de la consultora Freemarket, el modelo de financiación autonómica en España carece de los incentivos que permiten el control del gasto público y limitan la tendencia al endeudamiento excesivo que sí tiene, por ejemplo, el sistema federalista fiscal alemán.

Quizá por eso, en España se ha llegado a una situación en la que de la Administración periférica cuelgan alrededor de 5.200 entes autonómicos y locales que, juntos, acumulan deudas extraoficiales -fuera de libros- de 26.400 millones de euros, según cálculos de Freemarket . Esta cifra, ya de por sí considerable, “es una estimación a la baja”, advierte la consultora, que preside el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós.

Según el informe elaborado por esta firma, en esos casi 27.000 millones de desfase extra “sólo” se incluye la deuda de las empresas públicas, sin computar los otros compromisos fuera de balance -contratos de leasing, avales, préstamos alemanes, etc-, de los que no hay forma de conocer sus cifras. Una realidad preocupante es que las empresas adscritas a las Administraciones periféricas -que no se incluyen en sus presupuestos- tienen una tendencia creciente al endeudamiento, muy superior al endeudamiento oficial de dichas Administraciones, especialmente desde 2004.

De hecho, Freemarket asegura que la deuda de estos entes supone más de la sexta parte del endeudamiento total de las Administraciones de ámbito territorial. Ni que decir tiene que, si se incluyese este endeudamiento extraoficial en el Presupuesto de las Administraciones territoriales, “la deuda total de las mismas crecería un 17,5%. Si se tomaran sólo las comunidades autónomas, sería del 15% y, si se acotase únicamente a las corporaciones locales, ascendería al 25,6%”, según Freemarket.

Al borde de suspender pagos

Es un hecho que el endeudamiento de las empresas dependientes de las Administraciones territoriales se ha convertido en un problema en los últimos años, hasta el punto de que el mencionado informe lo cuantifica en puntos del Producto Interior Bruto (PIB). A tenor de las estimaciones de Freemarket, un 2,5% del PIB español es lo que deberían actualmente estos entes públicos territoriales.

Y, aún peor: la situación financiera de dichas empresas sería la de suspensión de pagos en un porcentaje cercano al 90 por ciento, motivo por el cual, la posibilidad de incremento del déficit en cada una de las autonomías cobra fuerza en los últimos meses. Así las cosas, no es de extrañar que el Ministerio de Hacienda, a cuyo frente se halla Cristóbal Montoro, haya amenazado con castigar el déficit a base de retrasar los pagos a las comunidades autónomas.

El ministro llegó incluso a amagar con que el Gobierno exigiría responsabilidades “penales” a las autonomías que se saltaran la regla de gasto, aunque no parece que vaya por ahí la solución al endeudamiento de las administraciones periféricas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el martes pasado adelantar a este mes o a principios de febrero el pago de 8.000 millones de euros -6.000 millones de las transferencias pendientes del ejercicio 2010 y otros 2.000 millones de anticipos no pagados- que, en principio, iban a abonarse a las autonomías en el mes de julio.

Abrir el grifo del crédito

Con esta medida, el Gobierno pretende evitar a toda costa el colapso financiero de las haciendas periféricas, y que éstas empiecen a pagar las deudas contraídas con proveedores, muchos de ellos, autónomos y pymes que sufren, además, la falta de crédito bancario para mantener a flote sus negocios.

Una realidad preocupante que atestigua también el informe de la consultora Freemarket, presidida por Lorenzo Bernaldo de Quirós: “En un escenario de cierre de los mercados financieros y con una economía en recesión, las administraciones periféricas tienen dificultades crecientes para obtener recursos para cubrir su endeudamiento, y aquellas con mayores niveles de deuda pueden llegar a la insolvencia. Esta es la realidad española”.

Pero, ¿por qué se han creado y mantenido tantos entes y organismos públicos territoriales, usados las más de las veces como sacos sin fondo donde acumular deuda? Porque un hecho es evidente: tanto la izquierda, como la derecha y los nacionalistas han mostrado idéntico espíritu fundacional en las autonomías, diputaciones y municipios que gobiernan.

“La creación de empresas públicas por parte de las CCAA se ha utilizado de forma sistemática para escapar a los límites de endeudamiento que tienen impuesto las autonomías por ley”, afirma Freemarket, que llega a asegurar que esto “constituye un claro ejercicio de fraude de ley”.

Pero es que, además, estas empresas públicas se han usado para crear empleo, en muchos casos, unos puestos de trabajo superfluos más allá del evento deportivo, conmemoración o actividad lúdico-cultural que los justificó en primera instancia. Ya sea por clientelismo político o por aliviar la tasa de desempleo, lo cierto es que el personal de las Administraciones Públicas no ha dejado de crecer.

Así, de los 904.041 empleados al servicio de las autonomías en 1999, se pasó a 1.346.826 en 2010; y los 456.368 empleados en municipios en 1999 eran 556.568 en 2010.

El recurso a los impagos

La crisis ha llevado a la mayoría de las regiones, así como a las empresas que giran en su órbita, a institucionalizar de facto un mecanismo de financiación sui géneris: el de los impagos. Y es que, tradicionalmente, para todas las empresas, contratar con la Administración Pública en cualquiera de sus niveles -estatal, autonómico y local- era un valor seguro.

La Administración pagaba, a veces un poco más tarde, pero siempre abonaba sus deudas. Pues bien, desde hace al menos dos años, la Administración, sobre todo la periférica, ha venido echando mano de dejar las facturas sin pagar.

“La táctica del impago a proveedores es una tónica general tras las elecciones del 22 de mayo. Desgraciadamente, no existen estadísticas sobre estos impagos por parte de la Administración, pero casi a diario hay noticias sueltas que permiten hacerse una idea de la situación por la que se está pasando en estas Administraciones y, sobre todo, en las empresas a las que perjudica directamente esta nueva fuente de financiación”, constata la consultora Freemarket en su informe.

Quizá las cosas cambien si se cumple lo anunciado por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que parece decidido a reducir la cifra de gasto. “Si es preciso, se dictarán leyes de carácter básico para que no puedan irse a métodos de elusión de lo que son los controles administrativos y de reducción del déficit a través de la fórmula de las empresas públicas”, subrayó Beteta, apuntando directamente al atajo de los entes públicos.

el Economista