LA falta de control en el uso del dinero público es una de las claves tanto del excesivo gasto como del despilfarro y también de la corrupción. En Andalucía, la Mercasevilla que destapa por azar la cadena de fraudes en la Consejería de Empleo da lugar a un convencimiento sobre la necesidad de cambiar los métodos de gestión en el reparto de ayudas, y sobre la obligación de tomarse en serio el papel de los interventores antes y después de la distribución de millones de euros.

Sin embargo, pese a que arrecia la polémica por el escándalo de los ERE, y pese a la proximidad de las elecciones, en las que Griñán admite que dicho tema pasará factura en las urnas al PSOE, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Empleo, continúa transfiriendo millones a espuertas sin exigir una detallada explicación de su uso. E insiste en favorecer el modelo del reparto de subvenciones sin pormenorizarse a priori por qué son adecuadas esas cuantías.

Si ven el Boletín Oficial de la Junta del 23 de diciembre, y el del 12 de enero, constatarán que la Consejería de Empleo dirigida por Manuel Recio autoriza el abono de 99 millones de euros a la CEA, UGT y CCOO para “programas de formación y empleo”. Y los reciben sin “justificación previa” de cómo van a materializar el uso del dinero. Además, Recio firmó el 29 de noviembre una resolución por la que exime a 149 entidades (ayuntamientos, sindicatos, empresas) de justificar los fondos que se les entregan para fomentar el empleo.

No pongamos tan a prueba ni la honradez ni la sapiencia por generación espontánea a la hora de saber rentabilizar el uso de cada euro para fomentar empleo. El balance de la concertación entre Junta, CEA, UGT y CCOO es una paz de intereses creados para aprovecharse de su estatus, y fuera de sus organigramas lo que hay es una economía desastrosa, ayuntamientos arruinados tras engolfarse con suelos y ladrillos, y una sociedad de escasa ética y animada a contemporizar. Insistir en el dinero sin control y en la viña sin vallado es lo opuesto a la competitividad que nos exige Europa. Y al futuro que le estamos dilapidando a nuestros hijos.