A la ilustre María Eugenia, hija del general Yagüe, por su afectuosísima carta.- La putrefacción del sistema ha terminado por quitar la venda de los ojos al padre de Marta del Castillo. La absolución de tres de los imputados en el asesinato y violación de su hija, Francisco Javier Delgado, Samuel Benítez y María García, unido a la leve pena impuesta al principal encausado y ex novio de la joven, Miguel Carcaño, al que se exonera del delito de violación, le ha despertado de la amnesia en la que vivió durante todo el tiempo que estuvo convencido de que el papel de los políticos, de los policías, de los jueces…es ver el futuro y poner soluciones: “He dejado de creer en la Juticia española”, dijo al conocer el fallo judicial. Mucho ha tardado.

Sería conveniente que todos los padres españoles de clase media se empezaran a proteger de los permanentes golpes de quienes gobiernan, legislan y supuestamente protegen a nuestras hijas de individuos como Miguel Cardaño. No conozco mejor defensa para ellos que la de repudiar el sistema que provoca tales muertes. El día que los políticos y jueces comprendan que lo que se cuestiona no son las actitudes individualizadas ni a una de las facciones política de esta tanatocracia, sino a toda ella en su conjunto, les aseguro que estaríamos entonces en la antesala de muchas soluciones.

En medio de este barrizal, la Justicia española hace tiempo que dejó de buscar el bien común y la equidad en sus acciones. Los trazos socioeconómicos están tan definidos que un español nacido en el barrio malagueño de la Palmilla tiene diez veces más posibilidades de ir a prisión que cualquiera que haya nacido en el distrito madrileño de Aravaca.

Es muy revelador que el español que lleva más años en prisión, 35, no tenga delitos de sangre. Se llama Manuel Pinteño, frisa ya los 60 años de edad y acumula condenas por varios robos, sin que ninguno de ellos superara los seis años de pena. Ningún juez sería capaz de convencerme de que si los delitos y la extracción social de Manuel Pinteño hubiesen sido otras, a estas horas ya estaría libre. Aún sumando el valor total de todos los robos perpetrados por este pobre infeliz, no llegaría ni de lejos al valor de una sola de las comisiones ilegales que se perciben en España a la sombra del poder político. En España, ser político y ladrón al mismo tiempo tiene sus ventajas penitenciarias. Que se lo digan sino a Julián Muñoz o a cualquiera de los 24 cargos públicos que en 2011 salieron de prisión menos de tres meses después de ingresar en ella.

Por desgracia para Manuel Pinteño, el agravante a efectos jurisdiccionales es ser un pringado. Si la búsqueda de una Justicia imparcial y efectiva estuviera por encima de las conveniencias electorales de los políticos o del pedigrí económico de los acusados, a estas horas la situación sería otra bien distinta. Pero no carguemos las tintas sólo contra los representantes del estamento judicial. En la larga cadena de despropósitos que han transcurrido desde la muerte de Marta hasta la indignante sentencia, la Justicia no ha sido la única que nos ha fallado.

El asesinato de Marta empezó a dibujarse en el horizonte de las crónicas de sucesos en el momento que sus padres no percibieron nada anormal en el delincuente que salía con ella, pese a su largo historial de delitos. Los despropósitos se alimentaron también en los abrevaderos de la pérdida de vigor en las familias, las normas que son aprobadas por los padres putativos de la patria, la violencia engendrada por los jóvenes y la desvalorización del nexo de familia antes del drama. Después del asesinato de Marta, la policía ni siquiera fue capaz de arrancar una confesión a los autores del crimen, hecho éste insólito que invalida la efectividad y la competencia de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad.

¿Qué padre responsable podría seguir defendiendo un sistema político que da más derechos al asesino de su hija que a ellos a conservarla con vida o a la propia policía para descubrir, sin tantas limitaciones garantistas, qué se hizo con el cuerpo de Marta? La degradación del sistema afecta a muchos estamentos, sí, pero no debemos ignorar la responsabilidad mayor de los políticos, ajenos por lo que se ve a cualquier obligación ante hechos como los que desembocaron en la muerte de Marta y la posterior excarcelación de sus responsables.

Los políticos, la Corona, las Fuerzas Armadas, el CNI, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los jueces españoles… carecen hoy de la eficiencia necesaria para hacer frente al desafío de una sociedad en vertiginosa descomposición moral. Lo que entre todos han conseguido es que nuestra percepción sobre el bien y el mal coloque a la democracia liberal española cada día más cerca de lo segundo que de lo primero.