Rubén Kaplan.- En una demostración palmaria que la aplicación de la Sharia, la ley coránica, retrotrae a los islámicos que se rigen rigurosa y literalmente por ella a los más siniestros y oscuros períodos del Medioevo, una mujer de 60 años, Amina bint Abdul Halim bin Salem Nasser, acusada de brujería y hechicería, fue atrozmente decapitada en Arabia Saudí. Según la BBC, la infortunada Amina, había sido detenida en abril de 2009 y su horrenda ejecución llevada a cabo el lunes 12 de diciembre en la provincia Al Jawf, al norte del país saudí, fue ordenada por los más altos tribunales del país.

Cabe señalar que Arabia Saudí, el Reino que alberga los dos principales lugares santos del Islam, La Meca y Medina, a la sazón, absolutamente prohibidos visitar por los que no sean musulmanes, carece de un Código Penal escrito. Por ello, la Sharia se constituye en su derecho vigente, prevaleciendo el Wahabismo, una secta religiosa fundamentalista musulmana de la corriente mayoritaria sunita y en especial de la escuela Hambali, la más literal y ortodoxa de las cuatro grandes escuelas jurídicas del Islam, que emite sus decretos basada en el Corán y la Sunna por encima de todas las formas de consenso o inferencia. Los tribunales son colegiados, con derecho a recurrir a una Corte superior -como la que ordenó la decapitación de Amina- y las ejecuciones que se realizan son con asistencia de público.

El periódico árabe “Al Hayat” que se edita en Londres, citando fuentes de la temible “Mutawa”, también conocida como Policía para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, confirmó que la mujer cuya cabeza fue segada con una cimitarra de manera horripilante, era sexagenaria y supuestamente vendía remedios curativos para distintas enfermedades. Al respecto, el director interino del programa de Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Philip Luther denunció que “los cargos de ‘brujería y hechicería’ no están calificados como crímenes en Arabia Saudí y utilizarlos para someter a alguien a la pena extrema y cruel de la ejecución es verdaderamente horroroso. Luther añadió que “a falta de que conozcamos los detalles sobre los actos por los que las autoridades habían acusado a Amina, los cargos de brujería han sido frecuentemente utilizados en Arabia Saudí para castigar a las personas, por lo general después de juicios injustos, por el ejercicio de la libertad de expresión o religión”.

La decapitación por hechicería de Amina bint Abdul Halim bin Salem Nasser no es la única y registra antecedentes. El mes de septiembre pasado, también fue ejecutado de la misma manera en el país de la península arábiga, en la ciudad de Medina, por el cargo de brujería, un ciudadano sudanés. Amnistía Internacional reportó haber recibido denuncias que afirmaban que el condenado había sido juzgado sin un abogado que lo representase y confesado mediante torturas. La organización dice que en Arabia Saudí no se define taxativamente a la brujería como una ofensa capital. Sin embargo, algunos de sus clérigos conservadores han instado a aplicar los castigos más duros posibles contra los adivinos y curanderos, a los que consideran como una amenaza para el Islam.

En lo que constituye otro indicio insoslayable del primitivismo islámico, la BBC difundió que en 2007 fue ejecutado en Arabia Saudí, un egipcio que supuestamente realizaba hechizos para separar matrimonios. En cambio, en un poco frecuente gesto magnánimo, las autoridades saudíes dejaron en libertad a un libanés que había sido condenado a muerte por presentar un programa de videncia en televisión. El Tribunal Supremo saudí determinó que sus acciones no habían causado perjuicio alguno.

Amnistía Internacional ha denunciado que el número de ejecuciones se ha triplicado este año en Arabia Saudí. Al menos 79 personas, incluidas cinco mujeres, han sido ejecutadas, frente a las 27 de 2010. Cientos de hombres y mujeres, de destino incierto, pueden ser susceptibles a ser decapitados, muchos de ellos por delitos relacionados con drogas. La mayoría de los arrestados no cuentan con abogados defensores y están encarcelados sin estar mínimamente informados de la evolución del proceso legal que amenaza acabar con sus vidas.