El Gobierno catalán anunció hace una semana que los empleados públicos tendrán que apretarse el cinturón en 2012. No dio más pistas, más allá de decir que habría rebaja de sueldos y que perderían algunos privilegios.

Se enteraron hoy cuando la Generalitat anunció la segunda gran oleada de recortes, la que afectará al bolsillo de los ciudadanos y a las condiciones laborales de los funcionarios. El ‘Govern’ de Artur Mas quiere congelar las convocatorias de oposiciones, despedir a trabajadores interinos y eliminar un buen puñado de complementos salariales que cobran los 230.000 funcionarios, empleados públicos y contratados de la administración catalana.

De momento sólo es una propuesta, que Generalitat y sindicatos de funcionarios tendrán que negociar, pero la posición de inicio del Ejecutivo catalán y la respuesta de los representantes sindicales ya hace presagiar un invierno de conflicto social y de fuerte respuesta en la calle. Hasta el punto que los sindicatos, indignados por el goteo continuo de ajustes desde el pasado 20-N, llegaron a calificar el planteamiento de la Generalitat de «declaración de guerra» porque supone el «peor ataque a la función pública en 30 años de democracia».

Las cifras concretas del número de personas que perderán su empleo aún no se conocen. Aunque el ‘Govern’ sí dejó claro que será «en servicios no finalistas ni esenciales» y que el objetivo es mantener el «máximo número de puestos de trabajo posibles». Los sindicatos hablaron de cientos de despidos y alertaron que el recorte de las plantillas afectará a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. Con su plan de ahorro, el Govern pretende además rebajar a los trabajadores públicos una parte de las dos pagas dobles de 2012, suspender temporalmente la aportación al plan de pensiones, el complemento de productividad y algunos días por asuntos propios, que en algunos casos alcanza las 11 jornadas. Según los sindicatos, con estas medidas los empleados de la función pública perderán un 20% de poder adquisitivo en dos años.

Problemas de tesorería

Y ya de paso, la Generalitat quiere acabar con los tiquets restaurante que cobran algunos funcionarios que trabajan por las tardes, propone eliminar los beneficios para cuidar a los hijos, suprimir el sueldo compleentario para los que están de baja y las subvenciones a los sindicatos.

Todo ello para tratar de cuadrar unas cuentas que, según la Generalitat, no acaban de encajar y que con toda probabilidad generarán serios problemas de tesorería a corto plazo.

De ahí que los miembros del ‘Govern’ no pierdan oportunidad para señalar que la situación es muy delicada y que el conjunto de la ciudadanía tendrá que hacer esfuerzos. Así, este año la Generalitat ha reducido su presupuesto en un 10%, lo que ha provocado cierres de quirófanos y ambulatorios y despidos en el sector educativo, entre otras medidas.

Para el año que viene, el Govern ha anunciado que subirá las tasas del agua, la gasolina, el transporte metropolitano y las matrículas universitaias, pretende aplicar un tiquet moderador, para cobrar un peaje por cada receta farmacéutica dispensada en la sanidad pública, y quiere suprimir dos canales de los seis con que cuenta la televisión pública catalana, que reducirá sus cuentas un 15%.

Lo que de momento no hará la Generalitat será obligar a los catalanes con rentas más altas a contratar una póliza médica privada, como sugirió el martes el consejero de Salud. Boi Ruiz, cuyo primer año en el Gobierno se ha caracterizado por los recortes en sanidad y los planes para abrir al capital privado hospitales y ambulatorios públicos, fue desautorizado este miércoles por el president Artur Mas, que subrayó que el Govern está por encima de las reflexiones personales de Ruiz.