Cuando se supo que un militante socialista de la ciudad sevillana de Camas donó un local al PSOE tras su prejubilación en un ERE fraudulento, el PP ya anticipó que podríamos estar ante un gran caso de financiación ilegal del PSOE tras el escándalo de los ERE. Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla ha anulado la aprobación del expediente de regulación de empleo (ERE), aprobado por la Junta a finales de 2010 para la plantilla de la base de Morón de la Frontera, por vulnerar derechos fundamentales de dos trabajadoras demandantes. Entre los motivos de la denuncia se apunta a la posible financiación ilegal del PSOE.

En este ERE, del que ya dio cuenta a principios de este año Libertad Digital, se incluyeron hasta 31 «intrusos» sobre 151 trabajadores, nada menos que un 20 por ciento. Los intrusos eran ajenos a la empresa norteamericana que se encarga del mantenimiento de las instalaciones militares. Serán ahora los Juzgados de lo Social quienes decidan si la anulación es o no efectiva si no hay recurso. Tras este primer fallo, personal de la base afectado por el ERE ha presentado una denuncia para exigir responsabilidades por la vía penal.

Una médico, Elisa Ostos, una ETS, Celia Olías, disconformes en su momento por su inclusión en el ERE, lo recurrieron alegando vulneración de sus derechos fundamentales. En su recurso, hicieron constar la presencia de 31 intrusos y apuntaban la posibilidad de que los responsables de la Consejería de Empleo podrían haber incurrido en un delito de prevaricación. Aunque las 31 personas intrusas en el ERE fueron retiradas una vez «descubiertas», hubo voluntad consciente de llevar a cabo el presunto fraude.

Por si fuera poco cuando la Inspección de Trabajo alertó de las irregularidades y advirtió a la Consejería de la necesidad de remitir el expediente a los órganos judiciales (Juzgado de lo Social) para que procediera a su anulación, la Consejería no se hizo. Ahora, informa ABC, el juez de lo Contencioso ordena a la Junta que todo quede en manos de la mencionada instancia de lo Social «para recabar su nulidad en el procedimiento de oficio».

Otros seis trabajadores de la base aérea, piden “el establecimiento de las posibles responsabilidades penales». Estas personas fueron despedidas a consecuencia del ERE, y si en su momento optaron por no recurrir, ahora están dispuestas a llegar «hasta el final». A esta demanda se sumó el sindicato USO.

En el proceso, según la denuncia, tuvo un importante papel de mediador en el ERE el alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador del PSOE, Juan Antonio Gutiérrez Limones, acusado en su propia localidad de irregularidades varias por el sindicato CC.OO. Por ello cobró relevancia el caso del exteniente de alcalde de Alcalá de Guadaíra y delegado de Deportes, Francisco García Jiménez, que abandonó sus cargos cuando cobraba 50.000 euros anuales el 13 de septiembre de 2010, y se incluyó en la lista de los ERE una semana después de que la relación de afectados se elaborara, cobrando finalmente una indemnización de 180.000 euros.

También se destaca que nueve trabajadores vinculados a UGT y/o al PSOE, cobraron entre 91.000 y 171.000 euros. Incluso se menciona un «anexo fantasma» con otra relación de nombres, mayores de 55 años y afectados por el ERE. Éste no aparece en el acuerdo definitivo ni en el escrito que la empresa remite a la Delegación de Empleo para el expediente. En la denuncia se desvelan los nombres , así como su filiación política, del PSOE, y sindical, de UGT.

Las preguntas de los denunciantes

—¿Por qué la Delegación de Empleo permitió un acuerdo en el que estaban 31 intrusos sabiendo de la existencia de los mismos? ¿Por qué no ejerció la labor de control?

—¿Cuál era la finalidad de la empresa de incluir, con el apoyo de los firmantes del acuerdo, a las 31 personas, a sabiendas de que no se encontraban trabajando en la empresa?

—¿Qué hubiera pasado si esos 31 «intrusos» no se hubiesen detectado por la Inspección de Trabajo? ¿Se hubiera abonado la correspondiente indemnización?

La denuncia concluye que el Juzgado debería investigar «sobre la existencia de posibles indicios de fraude entre las partes firmantes del acuerdo (UGT, CC.OO y la empresa), la existencia de indicios de prevaricación por parte de la delegada de Empleo de la Junta, Aurora Cosano, e igualmente la existencia de indicios de posible financiación ilegal del PSOE y de tráfico de influencias de Juan Antonio Gutiérrez Limones y la Ejecutiva del PSOE de Alcalá de Guadaíra».