Dos semanas después de que la juez de Lugo Estela San José pusiera en conocimiento del Tribunal Supremo la posible vinculación de José Blanco con una trama de subvenciones fraudulentas, la hipótesis que se baraja con más fuerza en el alto Tribunal es la de la incoación de un procedimiento penal contra el ministro de Fomento.

Los hechos que se le atribuyen podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. En cualquier caso, y aunque el dictamen de la Fiscalía no sea vinculante en este momento procesal al no regir el «principio acusatorio», la Sala Segunda no dará ningún paso hasta que no conozca la opinión del Ministerio Público.

Diversas fuentes del Supremo creen que, entre las distintas decisiones que puede adoptar la Sala Segunda, la más probable es que se quede con el asunto y abra un procedimiento para investigar a Blanco (también podría archivar la pieza por no ser los hechos constitutivos de delito alguno o devolver la exposición razonada a Lugo para que la juez profundice en la investigación antes de volverlo a enviar al Tribunal Supremo).

Hechos «verosímiles»

El análisis que hará el Tribunal —que estará integrado por Juan Saavedra, Francisco Monterde, Julián Sánchez Melgar y dos magistrados más aún por determinar— debe limitarse a «valorar si los indicios aportados por la instructora son suficientes» como para dar lugar a una causa penal; si los hechos «resultan verosímiles» y, sin prejuzgar ni entrar en el fondo, si «pueden ser constitutivos de un ilícito penal». Y la impresión más extendida entre las fuentes consultadas por ABC es que Estela San José ha construido bien la exposición razonada porque aporta elementos objetivos (las intervenciones telefónicas, entre otros documentos) que corroboran las declaraciones inculpatorias para el ministro Blanco efectuadas por el empresario Jorge Dorribo.

La Sala Segunda no tomará ninguna decisión antes de conocer la opinión de la Fiscalía, que no emitirá su informe hasta después del 20-N. Fuentes fiscales han explicado a este periódico que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, ya ha empezado a estudiar el escrito de la juez y la documentación que lo acompaña: ocho «anexos» que contienen, entre otros, las declaraciones de Jorge Dorribo y otros imputados en el «caso Campeón», las transcripciones de las intervenciones telefónicas y un «largo listado» con las fechas, horas y nombres de las visitas recibidas en la sede de los laboratorios Nupel, propiedad de Dorribo.

Entre otros, el primo político de José Blanco, Manuel Bran, que estuvo en las oficinas de esa empresa dos días antes de que el ministro recibiera a Dorribo en su coche oficial, en el área de servicio de la localidad de Guitiriz. En ese encuentro, que según las declaraciones de Dorribo tuvo lugar previa entrega de 200.000 euros a Bran (para Blanco), el empresario habría pedido al ministro que hiciera gestiones para acelerar la tramitación de un permiso en el Ministerio de Sanidad y para la concesión de una subvención de 467.000 euros por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Martín Casallo tiene la intención de remitir su dictamen al Tribunal Supremo a finales de la próxima semana, aunque está pendiente de que Javier Rey, fiscal jefe de Lugo, le envíe un informe para conocer más de cerca «cómo se ha llevado la instrucción y cómo se han ido construyendo» las imputaciones contra el ministro de Fomento, según las citadas fuentes. Martín Casallo encargó ayer mismo a Rey la elaboración de ese escrito.

Nuevo sistema de reparto

De abrirse finalmente el procedimiento penal contra José Blanco, el ministro sería uno de los aforados «beneficiados» con el nuevo sistema de reparto de asuntos aprobado la pasada semana por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, con el fin de que el control de la instrucción y el enjuiciamiento de una causa no recaigan en la misma Sala. Se intenta evitar así la posible contaminación de los magistrados.

La necesidad de cambiar el sistema de reparto en la tramitación de las llamadas causas especiales (las que afectan a aforados) se ha puesto de manifiesto con mayor énfasis desde que la «Sala del 61» decidiera el pasado 13 de junio aceptar la recusación presentada por Baltasar Garzón contra cinco de los siete magistrados que debían juzgarle por su investigación de los crímenes del franquismo. La «Sala del 61» ha entendido que los recusados pudieron formarse un juicio preconcebido sobre los hechos al resolver los recursos presentados por las partes durante la instrucción del procedimiento. Conocieron en profundidad la investigación y eso les «contaminó».

Para evitar esta «contaminación», la Sala de Gobierno ha aprobado una propuesta de Juan Saavedra, presidente de la Sala Penal, y ha decidido ponerla en práctica de forma inmediata para los nuevos procedimientos contra personas aforadas. Lo habitual es que las normas de reparto, que se aprueban siempre a finales de año, entren en vigor el 1 de enero siguiente.

A partir de ahora, la Sala de admisión, integrada por cinco magistrados, se limitará a admitir o inadmitir a trámite las denuncias y querellas y, en su caso, a nombrar al instructor, y no volverá a actuar en el procedimiento hasta la celebración del juicio. Durante la instrucción, será una sala diferente, integrada por otros magistrados, la que resolverá todas las incidencias que surjan, incluidas las peticiones de sobreseimiento apertura del juicio oral.