La deuda pública pesa como una losa en las cuentas de las endeudadas administraciones españolas. Cada día de este año 2011 el Estado tiene que destinar 75 millones de euros a hacer frente al pago de los intereses y la amortización de una deuda acumulada que supera el medio billón de euros. En el total del año, los Presupuestos del Estado prevén destinar 27.420 millones de euros a esta partida. Y la factura seguirá creciendo, y a pasos agigantados, en 2012.

.El agujero autonómico es menor, 133.172 millones de euros a mitad de ejercicio, pero avanza a un ritmo más acelerado. En total las autonomías destinarán en 2011 cerca de 5.000 millones a gastos financieros, trece cada día. Y las entidades locales, que acumulan una deuda superior a los 37.000 millones de euros, pagarán en torno a cinco millones de intereses.

Por tanto, el conjunto de administraciones públicas españolas destina cada día cerca de cien millones de euros a hacer frente a la deuda que tienen acumulada, más de 700.000 millones a 30 de junio.

No obstante, las diferencias entre unas autonomías y otras es abismal. La más endeudada, Cataluña, destina cada día cuatro millones de euros a hacer frente a su deuda, 1.478 millones en el conjunto de 2011. Y según el proyecto de Presupuestos, en 2012 la cuenta ascenderá a 2.000 millones, lo que supone un incremento del 35% respecto a la factura de este año.

El incremento de gastos financieros será superior, incluso, en Baleares, donde se prevé duplicar de uno a dos millones diarios la partida destinada al pago de intereses y amortización de la deuda. Castilla-La Mancha, por su parte, es la autonomía que más ha incrementado sus números rojos y, por tanto, su deuda, en los dos últimos ejercicios, por lo que, aunque todavía no ha elaborado los Presupuestos para 2012, es de esperar que sea esta región la que más vea incrementada la factura financiera, que en 2011 es de 74,44 millones.

Tampoco el Estado tiene Presupuestos para 2012, pero las expectativas apuntan que la factura de la deuda superará con creces los 30.000 millones de euros, la misma cantidad que se destina a hacer frente al pago del desempleo y tres veces más que toda la cuantía que el Estado utiliza para obra pública o para investigación civil y militar.

Los 27.420 millones que el Estado destinará este año a cubrir esos gastos financieros es un 71,95% más que lo que abonaba en 2007, justo al inicio de la crisis: 15.946 millones. El incremento a lo largo de estos últimos cuatro años ha sido progresivo. Pagó 16.631 millones en 2008, 17.423 en 2009 y 23.224 millones el ejercicio pasado, cuando estalló la crisis de la deuda soberana europea.

Y es que en ese periodo la rentabilidad ofrecida por el Tesoro público a los inversores para colocar su deuda no ha dejado de subir. A septiembre de 2011, el Estado pagaba un tipo de interés medio del 3,96% por emitir sus títulos. Es ciertamente un precio inferior al registrado justo antes de la crisis —España logró reducirlo del 9,56% que pagaba en 1995 al 4,32% de 2008—, pero en ese periodo ese rendimiento a los inversores se ha elevado ya un 12,18%, según los último datos del órgano emisor.

Ese encarecimiento del coste de financiación se explica por las sospechas sobre la solvencia que afectan a los países periféricos de la eurozona. Las dudas de los mercados sobre el estado de las cuentas públicas españolas dispararon la prima de riesgo del país, que mide el diferencial entre el bono español a diez años y el alemán, referente de solvencia, de los diez puntos básicos que registraba a principios de 2008 a los 400 puntos en torno a los que se mueve ahora. La semana pasada ha rozado su récord desde la entrada del euro, en 1999, al situarse en los 424 puntos y, al igual que el pasado mes de julio, los bonos españoles a diez años llegaron a comprarse en el mercado secundario a un 6%, nivel desconocido desde 1997.